El Comité de Unidad Campesina (CUC), está estrechamente ligado a uno de los capítulos más complejos y siniestros de la historia de nuestro país. La quema de la Embajada de España, ocurrida el 31 de enero de 1980, cuando en un confuso incidente perdieron la vida 37 personas, es uno de los casos más sonados.

El origen de este macabro incidente es motivo de fuertes discusiones: por un lado, los representantes de la izquierda guatemalteca indican que fue causado por lanzallamas y por el uso de fósforo blanco, mientras que el Gobierno de entonces, enfatizó que los ocupantes de la embajada se inmolaron con las bombas molotov que llevaban.

El nombre de Daniel Pascual está vinculado a esta organización a partir del año 2000, y desde entonces ha tenido una fuerte relación con las protestas, las manifestaciones y bloqueos que distintos grupos han catalogado como actos terroristas.

Su historia

Sus orígenes no son del todo claro, pero según varias fuentes consultadas, la familia Pascual está estrechamente ligada al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Se cree que tanto su padre como su madre, formaron parte de esta organización en los años 80, justo cuando se recrudeció el conflicto.

Información oficial obtenida de la página del CUC, da cuenta que Pascual nació en 1971, y que se involucró desde los 10 años en la institución, que se describe como una “Organización Social de Acción”, es decir, que funcionan generando conflicto para que sean escuchados.

Personas allegadas al dirigente, señalan que a la hora de dirigir una actividad o protesta, tiene puño de hierro y llega hasta las últimas consecuencias.  “A veces es muy complicado trabajar con él, pues siempre está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias”, afirma un exmilitante del CUC.

Pascual mantiene un estrecho vínculo con organizaciones sociales europeas, lo que facilita el financiamiento de la organización, asegura Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, quien en el año 2013, presentó una querella contra él, la cual no prosperó, pues en 2016 la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional al dirigente campesino.

Uno de los temas al margen de la ley, en donde se ha involucrado Pascual y al CUC, es la invasión de fincas, con el pretexto de buscar tierras para los campesinos.

Otro caso en el cual el nombre de Pascual resonó, fue el conflicto con la construcción de la una cementera en San Juan Sacatepéquez, donde el CUC también fue origen de conflictos entre los propios habitantes del área.

Según declaraciones de Pascual a los medios de comunicación, las comunidades “solo reaccionan” ante la presencia de proyectos en sus territorios y asegura que los conflictos se mantendrán mientras las autoridades estén del lado de las empresas.