En toda sociedad existe una minoría que por su talento, riqueza, formación o liderazgo gobierna al resto de la sociedad. A este grupo se le denomina élite. Vilfredo Pareto, sociólogo italiano, profundiza la discusión al segregar a las élites en dos: una élite gobernante, compuesta por individuos que participan del gobierno; y la no-gobernante, integrada por aquellos liderazgos que desde fuera del poder ejercen influencia en las decisiones públicas.
Pareto también expone que la conformación de dicha minoría no es estática. El reclutamiento de nuevos miembros desde estratos inferiores, el surgimiento de nuevos grupos con incidencia en el sistema político, o el reemplazo completo de una élite por un proceso revolucionario produce un fenómeno al que el autor denomina como “circulación de élites”.
Guatemala vive un proceso de circulación de élites, y la aprobación del Presupuesto 2015 constituye un paradigma de este fenómeno.
El plan de gastos fue aprobado en una negociación entre las dos expresiones de élite política actual: los oficialistas del Patriota y los opositores de Líder. Dicho pacto refleja en su esencia el balance de poder nacional. Por un lado, reparte recursos patrimoniales a sindicatos de salud y educación, y a clientelas territoriales (alcaldes, gobernadores y diputados). Ambos grupos, actores relevantes en el proceso de movilización electoral y financiamiento de campaña. En cambio, traslada el costo a las clases medias contribuyentes, y a tres industrias pujantes: una tradicional (el cemento) y dos emergentes (la telefonía y la extracción minera).
Y a pesar de la esperada oleada de críticas que genera la distribución de gasto y las nuevas fuentes de financiamiento, las élites gobernantes adoptan una posición pragmática: reconocen el limitado margen de maniobra de los opositores al paquete, cierran filas y mantienen una posición de cinismo frente a las críticas sociales y de los medios.
Esta autonomía de lo político respecto a lo social, económico y de opinión pública es reflejo de una circulación, generada por la corrupción de Estado. Los negocios públicos, la piñatización del presupuesto y la constitución de clientelas locales que lucran vía obra gris y ONG’s, ha permitido erigir una élite política que goza de fuentes directas de financiamiento para su campaña. En un contexto donde más del 50% de los gastos de campaña provienen de jineteo del patrimonio público o del capital clientelar (dígase contratistas), y con una creciente participación del capital ilícito, las decisiones públicas cada vez reflejan más los intereses clientelares, corruptos y criminales, y no las demandas de las élites no-gobernantes.
En pocas palabras, el Estado corrupto ha creado su nueva élite gobernante: un conjunto de actores cuya riqueza deviene de la acción pública y que subordina la política al interés de perpetuar su fuente patrimonial. El paquete presupuestario 2015 es un reflejo de ello.
En toda sociedad existe una minoría que por su talento, riqueza, formación o liderazgo gobierna al resto de la sociedad. A este grupo se le denomina élite. Vilfredo Pareto, sociólogo italiano, profundiza la discusión al segregar a las élites en dos: una élite gobernante, compuesta por individuos que participan del gobierno; y la no-gobernante, integrada por aquellos liderazgos que desde fuera del poder ejercen influencia en las decisiones públicas.
Pareto también expone que la conformación de dicha minoría no es estática. El reclutamiento de nuevos miembros desde estratos inferiores, el surgimiento de nuevos grupos con incidencia en el sistema político, o el reemplazo completo de una élite por un proceso revolucionario produce un fenómeno al que el autor denomina como “circulación de élites”.
Guatemala vive un proceso de circulación de élites, y la aprobación del Presupuesto 2015 constituye un paradigma de este fenómeno.
El plan de gastos fue aprobado en una negociación entre las dos expresiones de élite política actual: los oficialistas del Patriota y los opositores de Líder. Dicho pacto refleja en su esencia el balance de poder nacional. Por un lado, reparte recursos patrimoniales a sindicatos de salud y educación, y a clientelas territoriales (alcaldes, gobernadores y diputados). Ambos grupos, actores relevantes en el proceso de movilización electoral y financiamiento de campaña. En cambio, traslada el costo a las clases medias contribuyentes, y a tres industrias pujantes: una tradicional (el cemento) y dos emergentes (la telefonía y la extracción minera).
Y a pesar de la esperada oleada de críticas que genera la distribución de gasto y las nuevas fuentes de financiamiento, las élites gobernantes adoptan una posición pragmática: reconocen el limitado margen de maniobra de los opositores al paquete, cierran filas y mantienen una posición de cinismo frente a las críticas sociales y de los medios.
Esta autonomía de lo político respecto a lo social, económico y de opinión pública es reflejo de una circulación, generada por la corrupción de Estado. Los negocios públicos, la piñatización del presupuesto y la constitución de clientelas locales que lucran vía obra gris y ONG’s, ha permitido erigir una élite política que goza de fuentes directas de financiamiento para su campaña. En un contexto donde más del 50% de los gastos de campaña provienen de jineteo del patrimonio público o del capital clientelar (dígase contratistas), y con una creciente participación del capital ilícito, las decisiones públicas cada vez reflejan más los intereses clientelares, corruptos y criminales, y no las demandas de las élites no-gobernantes.
En pocas palabras, el Estado corrupto ha creado su nueva élite gobernante: un conjunto de actores cuya riqueza deviene de la acción pública y que subordina la política al interés de perpetuar su fuente patrimonial. El paquete presupuestario 2015 es un reflejo de ello.