Durante una conferencia de prensa el ministro de Desarrollo Social (MIDES), Abelardo Pinto, y el director de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo, anunciaron que presentaron dos denuncias por actos de supuesta corrupción dentro de la institución. 

Es noticia. Las acciones legales planteadas en el Ministerio Público (MP), se refieren a dos posibles ilegalidades en el desarrollo de proyectos sociales. La primera denuncia se relaciona con la entrega de kits de limpieza, alimentos y tubos PVC, valorados en Q1.3M, a la aldea Maraxcó, Chiquimula. 

• Existen actas que presuntamente confirman la entrega de los insumos al Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), pero las auditorías internas señalan que los pobladores únicamente recibieron tubos con un valor de Q50 mil. Asimismo, se identificó que se programó una nueva entrega, pero no se concretó. Por estas anomalías, el presidente del COCODE manifestó que el acta de entrega era ilegal, y que la firma y sello que aparecen en esta son falsos. 
• La segunda denuncia corresponde al proyecto de Mejoramiento de Calles del Casco Urbano de Palencia, cuya construcción fue adjudicada a la empresa Coordinadora de Logística, S.A. por Q12 M, en 2020. 
• Sobre este proyecto, las autoridades indicaron que existe una irregularidad entre el avance financiero del proyecto que es de 96.02 % y el físico que solo alcanza el 52.29 %. 

Qué destacar. Pero los datos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), no cuadran con la evaluación realizada por las autoridades del MIDES. 

• Según indica el resumen de ajuste de movimientos financieros, al 2022 ya se había ejecutado el 100 % de los recursos asignados. Por ello, en 2023 se solicitó una ampliación por Q500 mil 614 la cual no se ha otorgado. 
• A su vez, este esquema muestra que para 2023 el avance físico de la obra era del 97%. El trabajo restante para 2024 serían las medidas de mitigación ambiental. Por lo tanto, el único desfase que existe entre el avance físico y el financiero sería de un 3%, no el porcentaje que citan las autoridades. 

Visto y no visto. Cabe destacar que la empresa a la que fue adjudicada la obra tiene como representante legal a Esaú Rutillo Barrios, quien fue señalado de irregularidades en el caso Escuelas Bicentenario. 

• Esta empresa ha recibido contratos estatales desde 2016. Durante la administración de Alejandro Giammattei percibió Q141M. 
• Además, en este proyecto figuran los nombres de otras personas señaladas por supuestos actos de corrupción, vinculadas con la anterior gestión en el MIDES. 

El Balance. Es evidente que existen datos que no concuerdan con lo denunciado por el MIDES y los registros de la obra pública.  

• Ahora bien, es importante señalar que la última evaluación que se hizo de los datos en el SNIP fue el 9 de enero de 2024, días antes del cambio de administración. Existe la posibilidad que estos sean registros manipulados y que los citados por el ministro Pinto sean los correctos. 
• Sin embargo, cuando se solicitó mayores detalles sobre las denuncias para aclarar estos puntos, se indicó que esta información no se podía compartir. Por ello no existe claridad en cuanto a la información del avance de los proyectos.