Redacción
17 de julio, 2014
La ley nos hace libres. ¿Cómo? Primero, con una Constitución escrita, la ley suprema de un país que limita los poderes más peligrosos que tiene todo Estado. Al Ejecutivo le impide ir a la guerra sin autorización del Congreso, le prohíbe crear impuestos a su antojo y le ordena que todos sus actos estén basados en ley. Sólo al Congreso le permite decretar leyes porque es el cuerpo más representativo del pueblo y las leyes necesitan tener el consentimiento de los ciudadanos. Pero no puede crear cualquier ley, si viola derechos fundamentales como la vida, la libertad, la propiedad, la libertad de pensamiento, religión o de manifestación, la ley puede ser eliminada. Al poder Judicial le da la tarea más importante de toda sociedad que se diga civilizada: resolver los conflictos entre personas y entre éstas y el Estado. Los tribunales castigan al asesino, al violador y al político corrupto, obligan al padre irresponsable a cumplir sus obligaciones frente a sus hijos, deciden quién tiene la razón en un contrato incumplido y pone a la administración pública en su lugar si ha tratado de manera abusiva y arbitraria al administrado. El día que los tribunales cumplan a cabalidad sus obligaciones, habrá paz y orden en Guatemala porque los potenciales antisociales sabrán que corren más riesgos de ser castigados si violan la ley.
Segundo, con una Corte de Constitucionalidad. Este tribunal tiene dos funciones: proteger los derechos fundamentales de las personas y velar porque las leyes del Congreso no violen las normas de la Constitución. Para lo primero existe el amparo, un mecanismo para atacar actos arbitrarios de funcionarios públicos. Por ejemplo, si un juez dicta una sentencia sin haber escuchado y aceptado las pruebas del demandado, éste puede interponer un amparo porque se le ha violado su derecho constitucional de defensa y debido proceso. Si el amparo prospera, se hará un nuevo juicio. Para garantizar la supremacía de la Constitución frente a las leyes existe la inconstitucionalidad. Supongamos que los diputados crean la Ley del Impuesto Absoluto a la Renta que grava el 100% de los ingresos que obtienen todas las personas. Cualquier ciudadano puede atacar esa ley de inconstitucionalidad porque viola las normas de la Constitución que protegen la propiedad privada y que prohíben los tributos confiscatorios. Si la inconstitucionalidad prospera, la ley deja de existir porque la Constitución debe prevalecer sobre las leyes.
Tercero, con un derecho penal liberal. El crear delitos e imponer penas es uno de los poderes más severos del Estado, pues pone en juego la vida (pena de muerte) y la libertad (prisión), los dos derechos más importantes de toda persona. Un buen derecho penal exige un equilibrio civilizado entre el respeto al acusado durante el proceso y durante el cumplimiento de la condena y una policía, Ministerio Público y jueces dotados de suficientes herramientas y fuerza para lograr castigar al criminal.
Si en Guatemala queremos una economía próspera, que saque de la pobreza a la mayoría, el debate político primero debe tratar sobre la reforma a las instituciones públicas que arriba enumero. Guatemala cuenta formalmente con todas esas instituciones, pero están mal diseñadas y en consecuencia el Estado no puede hacer cumplir la ley y la violencia reina. Arreglemos el Estado primero, ese es nuestro deber moral como ciudadanos y es un tema que, creo, no generaría mayor desacuerdo entre la derecha y la izquierda. Una vez refundado el Estado, hablemos sobre la política económica y la política social, aquellos aspectos en los que nuestras ideologías tienden a separarnos pero que la democracia nos permite debatir en paz y no con violencia.
Redacción
17 de julio, 2014
La ley nos hace libres. ¿Cómo? Primero, con una Constitución escrita, la ley suprema de un país que limita los poderes más peligrosos que tiene todo Estado. Al Ejecutivo le impide ir a la guerra sin autorización del Congreso, le prohíbe crear impuestos a su antojo y le ordena que todos sus actos estén basados en ley. Sólo al Congreso le permite decretar leyes porque es el cuerpo más representativo del pueblo y las leyes necesitan tener el consentimiento de los ciudadanos. Pero no puede crear cualquier ley, si viola derechos fundamentales como la vida, la libertad, la propiedad, la libertad de pensamiento, religión o de manifestación, la ley puede ser eliminada. Al poder Judicial le da la tarea más importante de toda sociedad que se diga civilizada: resolver los conflictos entre personas y entre éstas y el Estado. Los tribunales castigan al asesino, al violador y al político corrupto, obligan al padre irresponsable a cumplir sus obligaciones frente a sus hijos, deciden quién tiene la razón en un contrato incumplido y pone a la administración pública en su lugar si ha tratado de manera abusiva y arbitraria al administrado. El día que los tribunales cumplan a cabalidad sus obligaciones, habrá paz y orden en Guatemala porque los potenciales antisociales sabrán que corren más riesgos de ser castigados si violan la ley.
Segundo, con una Corte de Constitucionalidad. Este tribunal tiene dos funciones: proteger los derechos fundamentales de las personas y velar porque las leyes del Congreso no violen las normas de la Constitución. Para lo primero existe el amparo, un mecanismo para atacar actos arbitrarios de funcionarios públicos. Por ejemplo, si un juez dicta una sentencia sin haber escuchado y aceptado las pruebas del demandado, éste puede interponer un amparo porque se le ha violado su derecho constitucional de defensa y debido proceso. Si el amparo prospera, se hará un nuevo juicio. Para garantizar la supremacía de la Constitución frente a las leyes existe la inconstitucionalidad. Supongamos que los diputados crean la Ley del Impuesto Absoluto a la Renta que grava el 100% de los ingresos que obtienen todas las personas. Cualquier ciudadano puede atacar esa ley de inconstitucionalidad porque viola las normas de la Constitución que protegen la propiedad privada y que prohíben los tributos confiscatorios. Si la inconstitucionalidad prospera, la ley deja de existir porque la Constitución debe prevalecer sobre las leyes.
Tercero, con un derecho penal liberal. El crear delitos e imponer penas es uno de los poderes más severos del Estado, pues pone en juego la vida (pena de muerte) y la libertad (prisión), los dos derechos más importantes de toda persona. Un buen derecho penal exige un equilibrio civilizado entre el respeto al acusado durante el proceso y durante el cumplimiento de la condena y una policía, Ministerio Público y jueces dotados de suficientes herramientas y fuerza para lograr castigar al criminal.
Si en Guatemala queremos una economía próspera, que saque de la pobreza a la mayoría, el debate político primero debe tratar sobre la reforma a las instituciones públicas que arriba enumero. Guatemala cuenta formalmente con todas esas instituciones, pero están mal diseñadas y en consecuencia el Estado no puede hacer cumplir la ley y la violencia reina. Arreglemos el Estado primero, ese es nuestro deber moral como ciudadanos y es un tema que, creo, no generaría mayor desacuerdo entre la derecha y la izquierda. Una vez refundado el Estado, hablemos sobre la política económica y la política social, aquellos aspectos en los que nuestras ideologías tienden a separarnos pero que la democracia nos permite debatir en paz y no con violencia.