El impacto que ha causado la publicación de los sueldos pagados con nuestros impuestos en el “honorable” congreso de la República, ha generado una avalancha de críticas acerca de un saqueo, una especie de “línea”, similar a la descubierta en la SAT, pero de mayores proporciones.
Primero, los exorbitantes sueldos pagados a “conserjes y secretarias, asistentes, encargadas de jardines infantiles, y al patojo de fotocopiadora,” sueldos que van desde 15 mil hasta 30 mil quetzales mensuales, con todo tipo de bonos –de antigüedad, de carnaval, de inicio de clases, y de cuanta mierda se le ocurrió al “sindicato—además de un aumento de 10% anual sobre el sueldo del año anterior, está sentando las bases para la obligada depuración del Congreso sí o sí.
Depurar ese ente del mal, esa maldición, ese recinto de los delincuentes electos más podrido que jamás imagináramos, se convierte entonces en un objetivo estratégico del movimiento social que derribó a Baldetti, Pérez Molina, y a una serie de corruptos que guardan prisión preventiva, y muchos otros que están por ser aprehendidos.
Segundo, si bien desde el punto de vista del Mercado Libre el salario es una relación entre un contratante y un contratado, en libre decisión de ambos, en el caso del Congreso esa premisa no aplica por varias razones. Uno, es dinero de los impuestos de los guatemaltecos; dos, es una forma de lavado de esos impuestos; tres, es una traición a los electores; cuatro, no es un Mercado Libre, sujeto a una oferta capacitada y una demanda que buscará la maximización de los recursos; cinco, es un contubernio, un acuerdo corrupto, entre los diputados y los sindicatos; y seis, los sueldos están fuera de órbita del mercado mismo.
Tercero, el incremento del 10% en el salario de los trabajadores del Congreso hace que el presupuesto siempre sea insuficiente. Si a eso sumamos la corrupción entonces la enfermedad financiera de ese Organismo está garantizada.
Cuarto, en realidad esos abultados y elevados salarios son parte de un sistema de corrupción por el cual el dinero llega a los trabajadores, pero “una parte”, un porcentaje, regresa a los diputados a quienes se “asignaron” esas plazas. En el caso Muadi, por ejemplo, el dinero presuntamente llegaba a los guardaespaldas, pero ellos supuestamente regresaban una buena parte al diputado en mención.
En sentido estricto ese es un sistema de “lavado de dinero proveniente de impuestos” que usa la necesidad de los trabajadores, quienes en contubernio con los diputados están dispuestos a aceptar grandes cantidades de dinero, pero para “lavarlo” –meterlo al sistema bancario—para luego regresarlo al diputado que obtuvo la plaza.
Las recientes elecciones de la Junta Directiva 2016 del Congreso, y las acusaciones de otros diputados que el ex presidente Rabbé ofrecía presuntamente “5 plazas y 100 mil quetzales en efectivo” a cambio del voto para permanecer a la cabeza de la JD, es sólo muestra del poder que tienen “las plazas” en el Congreso.
Esos puestos de trabajo son en realidad otra forma de ingreso para los diputados a quienes esas plazas son asignadas y las cuales pueden “ordeñar” a su antojo haciendo del “conserje, secretaria, asistente, etc.” un o una esclava legislativa. Debe señalarse que la persona contratada acepta esas condiciones.
Una de las posibles soluciones es la continuación de los cambios a la Ley de Servicio Civil. Pero es a los mismos diputados, a los sindicalistas, y a quienes roban los impuestos de los guatemaltecos, a quienes NO les interesa cambios en esa Ley.
Ojo, que sólo hemos los contratos 011, falta todavía conocer los montos de los 022 y los 029. Tampoco hemos discutido, como lo reportaba el diario Prensa Libre, el intercambio de sexo por puestos de trabajo.
El impacto que ha causado la publicación de los sueldos pagados con nuestros impuestos en el “honorable” congreso de la República, ha generado una avalancha de críticas acerca de un saqueo, una especie de “línea”, similar a la descubierta en la SAT, pero de mayores proporciones.
Primero, los exorbitantes sueldos pagados a “conserjes y secretarias, asistentes, encargadas de jardines infantiles, y al patojo de fotocopiadora,” sueldos que van desde 15 mil hasta 30 mil quetzales mensuales, con todo tipo de bonos –de antigüedad, de carnaval, de inicio de clases, y de cuanta mierda se le ocurrió al “sindicato—además de un aumento de 10% anual sobre el sueldo del año anterior, está sentando las bases para la obligada depuración del Congreso sí o sí.
Depurar ese ente del mal, esa maldición, ese recinto de los delincuentes electos más podrido que jamás imagináramos, se convierte entonces en un objetivo estratégico del movimiento social que derribó a Baldetti, Pérez Molina, y a una serie de corruptos que guardan prisión preventiva, y muchos otros que están por ser aprehendidos.
Segundo, si bien desde el punto de vista del Mercado Libre el salario es una relación entre un contratante y un contratado, en libre decisión de ambos, en el caso del Congreso esa premisa no aplica por varias razones. Uno, es dinero de los impuestos de los guatemaltecos; dos, es una forma de lavado de esos impuestos; tres, es una traición a los electores; cuatro, no es un Mercado Libre, sujeto a una oferta capacitada y una demanda que buscará la maximización de los recursos; cinco, es un contubernio, un acuerdo corrupto, entre los diputados y los sindicatos; y seis, los sueldos están fuera de órbita del mercado mismo.
Tercero, el incremento del 10% en el salario de los trabajadores del Congreso hace que el presupuesto siempre sea insuficiente. Si a eso sumamos la corrupción entonces la enfermedad financiera de ese Organismo está garantizada.
Cuarto, en realidad esos abultados y elevados salarios son parte de un sistema de corrupción por el cual el dinero llega a los trabajadores, pero “una parte”, un porcentaje, regresa a los diputados a quienes se “asignaron” esas plazas. En el caso Muadi, por ejemplo, el dinero presuntamente llegaba a los guardaespaldas, pero ellos supuestamente regresaban una buena parte al diputado en mención.
En sentido estricto ese es un sistema de “lavado de dinero proveniente de impuestos” que usa la necesidad de los trabajadores, quienes en contubernio con los diputados están dispuestos a aceptar grandes cantidades de dinero, pero para “lavarlo” –meterlo al sistema bancario—para luego regresarlo al diputado que obtuvo la plaza.
Las recientes elecciones de la Junta Directiva 2016 del Congreso, y las acusaciones de otros diputados que el ex presidente Rabbé ofrecía presuntamente “5 plazas y 100 mil quetzales en efectivo” a cambio del voto para permanecer a la cabeza de la JD, es sólo muestra del poder que tienen “las plazas” en el Congreso.
Esos puestos de trabajo son en realidad otra forma de ingreso para los diputados a quienes esas plazas son asignadas y las cuales pueden “ordeñar” a su antojo haciendo del “conserje, secretaria, asistente, etc.” un o una esclava legislativa. Debe señalarse que la persona contratada acepta esas condiciones.
Una de las posibles soluciones es la continuación de los cambios a la Ley de Servicio Civil. Pero es a los mismos diputados, a los sindicalistas, y a quienes roban los impuestos de los guatemaltecos, a quienes NO les interesa cambios en esa Ley.
Ojo, que sólo hemos los contratos 011, falta todavía conocer los montos de los 022 y los 029. Tampoco hemos discutido, como lo reportaba el diario Prensa Libre, el intercambio de sexo por puestos de trabajo.