Y los aprendizajes institucionales.

“En el CIV todo era comisión”. Una de las frases más reveladoras del testimonio de la asistente de Alejandro Sinibaldi, desnuda la realidad sobre uno de los secretos más conocidos de la administración pública: la obra gris ha sido durante años, una de las grandes joyas de la corona.

Del caso “Corrupción y Cons-trucción” se ha desprendido una serie de aprendizajes institucionales sobre el sistema de contrataciones públicas. Para ganar una licitación pública, había que pagar comisión. Para que se prorrogara un contrato, había que pagar comisión. Para que el Ministerio (específicamente la unidad ejecutora) hiciera efectivo el pago, había que pagar comisión. Grandes, medianos, pequeños: nadie estaba exento de pasar su “tajada” a las autoridades. La coima también se pagaba de diferente manera: en efectivo, con facturaciones falsas por servicios no prestados, mediante transferencias a ‘offshores’ en Panamá, mediante inmuebles y propiedades.

Pero esto no se queda aquí. Para nadie es secreto que el caso de Sinibaldi tan solo refleja la realidad de la macrocorrupción a nivel nacional. Los mismos patrones ilícitos encontramos con el desarrollo de obra gris por parte de las municipalidades, consejos de desarrollo, instituciones autónomas, etcétera. El botín de la obra gris no se circunscribe al gobierno central.

Como todo proceso de combate a la corrupción, la fase punitiva es tan solo el inicio del proceso de transformación. Combatir el mal de ver en las contrataciones públicas un botín, y en particular, en el caso de la obra gris, requiere de un proceso de transformación institucional más profundo. La persecución penal de estructuras tipo la de Sinibaldi, la red de corrupción en cinco municipios de Totonicapán y Huehuetenango, o la estructura de cobro de sobornos e intermediación del exdiputado Mario Rivera en Quiché son puntos de partida para generar certeza de castigo.

Sin embargo, la transformación institucional requiere de un esfuerzo más profundo de modernización normativa. Por ejemplo, para nadie es un secreto que la Ley de Contrataciones del Estado resulta obsoleta a la luz de los procedimientos administrativos actuales. Desarrollar un sistema de contrataciones independientes para compra de bienes e insumos, de un sistema separado para la contratación de infraestructura resulta de urgencia.  Es importante también vincular la información sobre los eventos de compra, con los avances financieros y avances físicos de las obras, que facilite mayor transparencia al proceso de fiscalización y control. Asimismo, las unidades ejecutoras de obras de infraestructura deberán desarrollar sus propios manuales de adquisiciones, definir los criterios para elaboración de las bases y para calificar las propuestas. Finalmente, también debe incorporarse un sistema de “primero en tiempo, primero en derecho” para reducir la discrecionalidad en el pago a los contratistas.

He ahí el meollo del asunto.  Sin una reforma normativa y operacional, las causales de la corrupción o las zonas grises del sistema de contrataciones, que hicieron posible que “todo en el CIV es comisión” requiere de reformas legislativas del Congreso o modificaciones normativas y operativas en el Ejecutivo. Y en ambas, los organismos de Estado han brillado por su silencio. Brilla también el silencio de la crítica. Mientras al MP y CICIG (los actores centrales de la fase punitiva) se les reprocha por sus actuaciones, o por no haber perseguido al actor A o al partido B, hay una ausencia de cuestionamientos a los órganos del Estado por no atender las reformas normativas y políticas pendientes para atender el problema de fondo. Claro está, sin una interiorización sobre la necesidad de cambiar patrones de comportamiento, ni la fase punitiva ni las reformas normativas tendrán efecto. Quizá lo más difícil de este proceso es reconocer que el viejo modelo de “pagar comisiones para todo”, que por lo visto fue muy rentable en su momento, debe llegar a su final.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo