En enero del 2018, medios de comunicación publicaban los resultados de las investigaciones de la CICIG y Ministerio Público sobre el caso Odebretch, al que denominaron “Construcción y Corrupción”, en el que señalaban al exministro de Comunicaciones, Alejandro Jorge Sinibaldi, como el actor principal que gestionara y concertara el pago de sobornos con directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht, a cambio de la adjudicación de contratos para la edificación de carreteras. Estos beneficios supuestamente alcanzaron a otras figuras de la vida política; las investigaciones de ese entonces, dieron como resultado, la realización de varios allanamientos y como era costumbre, el entonces Comisionado Iván Velásquez y la ex fiscal General, Thelma Aldana, en conferencia de prensa hacían alarde de las capturas efectuadas y al mismo tiempo daban a conocer al público sobre los acuerdos de colaboración y reparación que habían logrado con la  Constructora Odebrecht para el Estado de Guatemala.

Sobre estos convenios se manejaba poca información, derivado de que la Juez Aifán, a petición del Ministerio Público declarara el caso en reserva, consideración que lleva más de 4 años sin tener una justificación del por qué continua bajo esa figura, sin embargo, en la página de la extinta CICIG, todavía se pueden leer publicaciones de lo que este convenio pretendía; resumiendo el contenido las notas en el sitio oficial de la CICIG, Odebrecht se comprometía a tres cosas principales: 1). Reparar el daño causado, 2). Liberar el contrato y 3). Devolver el material de construcción no utilizado; dicho lo anterior, explicaré brevemente de que tratan estos numerales:

1. Reparar el daño; La entidad se comprometió  a pagar US18 millones al Estado de Guatemala en concepto de reparación de actos ilegales. LO CUAL NUNCA CUMPLIÓ.

2. Liberar el contrato; la empresa renunciaba a iniciar acciones legales por cobro de daños y perjuicios así como todo lo relacionado a este contrato, de igual forma, se comprometió a liberar el mismo con el fin de que se pudieran licitar y concluir las obras. ES DE CONOCIMIENTO QUE ACTUALMENTE EXISTE YA UNA DEMANDA PARA QUE EL ESTADO DE GUATEMALA PAGUE A LA EMPRESA LOS SALDOS DEL CONTRATO NO PERCIBIDOS, POR LO QUE NUEVAMENTE INCUMPLEN EL ACUERDO.

3. Devolver el material no utilizado; la constructora acreditaría el valor equivalente a los materiales de acero adquiridos y no incorporados en las obras o alternativamente realizar la entrega de tales materiales, las cuales tenían un valor estimado de más de 18 millones de dólares. HASTA EL MOMENTO NO SE SABE SI ESTOS MATERIALES FUERON ENTREGADOS O QUE ENTIDAD LOS RECIBIÓ, OTRA VIOLACIÓN AL CONVENIO.

Como podrá observar amigo lector, el susodicho acuerdo de colaboración pareciera que sólo fue un documento que pretendía dar el aspecto legal de algo que no lo era, pero por si esto fuera poco, días atrás, surge nueva información de estos arreglos y las anomalías contenidas en el mismo. Pareciera ser que el famoso pacto de colaboración, que dicho sea de paso, no tiene ningún valor legal en Guatemala por la forma y país en el que se firmara, estaba previamente negociado con los representantes del Ministerio Público, personal de la extinta CICIG, y el abogado guatemalteco Francisco Javier Gallardo Samayoa quien fuera el mandatario de los representantes de la constructora brasileña.

Todo indica que antes de llegar al país de Brasil, donde sería firmado el mal llamado convenio de colaboración, los representantes de las instancias de CICIG, FECI, MP y el abogado defensor se habían coludido y negociado previamente aceptar las condiciones de este famoso acuerdo, resulta que los “testigos” Luiz Antonio Mameri, Eduardo Oliveira Gedeon y Marcos de Cerqueira Lima. Todos ellos trabajadores de Odebretch, junto al abogado guatemalteco Gallardo, cometieron graves errores a la hora de redactar los documentos y dieron testimonios falsos, según los oficios  que se pueden encontrar ya en redes sociales y en este periódico.

Al leer los escritos presentados por el Ministerio Público, se puede observar que las horas, testimonios y lugares en los que se dieron estos convenios no concuerdan y aún peor, uno de los abogados dice comparecer ante testigos en sitios diferentes en los mismos días y horas en los que se estaban dando estas supuestas declaraciones, es imperante hacer notar que estos no son simples errores, debemos analizar que estos acuerdos pasaron por la revisión de la CICIG, el MP, abogados de ambas partes y dos juzgadora. Es imposible que no se dieran cuenta de estas faltas, lo cual, nos lleva a dos conjeturas básicas, o los Fiscales y abogados mintieron y por ende los acuerdos son nulos, o se falsificaron pruebas con tal de encarcelar personas, lo que demostraría las acusaciones que se les han imputado en múltiples ocasiones a la FECI, CICIG y juzgadoras, en dónde se les señala que para ganar casos, mentían, falsificaban pruebas, dirigían testigos y violaban todos los derechos de los acusados.

Es imposible negar que algunos de los sindicados en este caso tengan responsabilidad directa en los actos de corrupción cometidos, pero de igual forma, es justo decir que muchos de los señalados y encarcelados podrían ser inocentes, así mismo, no es posible seguir defendiendo el actuar de los acusadores y juzgadoras, las pruebas son contundentes y se denota el dolo en la forma de proceder de estas instancias, cómo explicar que todo lo pactado por la empresa Odebrecht fuera incumplido y no se tomaran acciones, sólo pensemos que todo este caso se puede caer al confirmarse que los famosos acuerdos son simulados o contienen falsedades, ¿sería esta la razón por la que no avanzara el proceso judicial y se mantuviera todo en reserva?,  para finalizar esta columna dejo unas preguntas al aire, y considero que las respuestas se darán con el tiempo, ¿por qué, figuras como Aifán, Aldana, Sandoval, Porras, se atrevían a realizar estos actos fuera de la Ley, por quién se sentían respaldados, qué les prometieron, quienes financian actualmente su estadía en Estados Unidos? Ya lo veremos.