Últimamente, esto de la intromisión ha sido el tema en el tapete. No es solo de la “cooperación” extranjera sino de una dependencia del gobierno con otra. Pareciera empujada, o motivada, por tantos fracasos en la política nacional e internacional. La mentalidad de pobre no se nos quita.

A lo largo de los años Guatemala ha recurrido a financiamiento internacional para poder ejecutar planes de gobierno. Los cooperantes acuden rápidos y gustosos a darnos lo que pedimos. Por supuesto, nada es gratis por lo que cada dólar y euro viene con un instructivo. Debemos cumplir con las condiciones establecidas y rendir cuentas periódicamente. Los “amables” donantes se atribuyen funciones de supervisión e injerencia más allá de lo que el acuerdo de cooperación establece.

Esto no tendría nada de malo pues, si usted adquiere un préstamo en un banco, éste le pondrá las condiciones. Usted es libre de aceptarlas y firmar, o de rechazarlas y buscar financiamiento en otro lado. Sin embargo, con la cooperación no debería haber cláusulas que cumplir más allá del uso de los recursos para lo que fueron entregados.

El problema ha estado en la letra pequeña, o en aquella que no está escrita pero que ejerce su influencia. Al final, “uno que hace y el otro que se deja”. Pedimos como limosneros, aceptamos lo que sea y después Guatemala pone en juego su soberanía pues los países dueños del dinero empiezan a interferir con el qué hacer nacional.

Un ejemplo claro es la implantación de la agenda “progre”. La defensa de los derechos de algunos humanos sobrepasa la igualdad ante la ley. De esa cuenta, se privilegia a grupos de presión, como la comunidad LGBTIQ, indígenas, sindicatos, oenegeros  y hasta bochincheros. Se ha vuelto casi una obligación darles un lugar especial, hasta con el uso del idioma “inclusivo”, en detrimento del lenguaje y, peor aún, de la igualdad ante la ley.

Los “shutes” con derechos también incluyen a los diferentes organismos del Estado. El Congreso emite una ley totalmente inconstitucional imponiendo la vacunación obligatoria. Como suele suceder, hay contradicciones en la ley misma y contiene violaciones a la libertad individual. Decimos en buen chapín: wishi-washi. Los diputados creen tener la autoridad para meterse en los asuntos privados y hasta en la propia Carta Magna.

¿Qué podemos esperar de un aparato estatal tan enorme? Casi cualquier cosa, incluyendo traslape de funciones, a pesar que éstas están definidas en las leyes y reglamentos que dan vida a cada dependencia. Pero, el poder embriaga y hace creer al funcionario que tiene derecho a meterse donde quiera. El Congreso se “pinta” para esto. Vemos a los diputados mostrando su identificación que lo representa, donde quiera, cuando quiera. Si fueran contribuciones positivas al desarrollo del país, no estaríamos quejándonos de las intromisiones.

Sigo creyendo en la libertad individual de decidir sobre nuestras propias vidas. El exigir carnets con información de cada estudiante es querer meterse en lo que no le compete al gobierno. ¡Son unos intrometidos con el ánimo de “controlar”! Los que tributamos y con ese dinero les pagamos sus salarios, estaríamos mejor servidos si dejan de meterse en lo que no les compete.

La semana pasada estuvimos enardecidos por la intromisión del ilegal grupo llamado G-13 pues quiso reunirse con los miembros de la comisión de postulación para nombrar al nuevo Fiscal General. La presión de todos nosotros logró que se detuviera tal atrevimiento. Esta semana nos ha tocado decirles a los diputados que no se metan en lo que no les compete. ¿A quién le tocará el turno ahora? ¿Hasta cuándo tendremos que seguir peleando contra esto?

Mi respuesta es simple: ¡indefinidamente! Ya lo dijo Thomas Jefferson: “el precio de la libertad es su eterna vigilancia”.