23 de mayo, 2014
Un total de 11 pobladores de la comunidad La Puya, ubicada entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, y 9 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), resultaron heridos, después que éstos últimos desalojaron a los comunitarios quienes bloquearon el paso en dicho lugar como protesta por el ingreso de maquinaria para la mina Progreso VII Derivada, conocida como El Tambor.
Alrededor de 250 pobladores fueron desalojados por la fuerza, ya que los agentes lanzaron gas lacrimógeno para que los inconformes dejaran libre el paso, debido a que no aceptaron entablar un diálogo con las autoridades.
Más de 100 elementos de la PNC se encontraban en el lugar para prevenir desordenes, mientras representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos intentaron dialogar con los pobladores.
El rechazo de los pobladores al proyecto minero se registra desde el 2 de marzo de 2012, desde esa fecha bloquean la entrada en la comunidad La Puya para impedir los trabajos de la mina.
La empresa minera registra pérdidas por casi US$3 millones (unos Q24 millones) por la falta de la operación en la mina.
Piden declarar lesivo contrato de hidroeléctrica
La comisión de Probidad del Congreso demandó al Legislativo declarar lesivo el contrato de adjudicación del estudio de prefactibilidad de la hidroeléctrica Xalalá por US$ 3.5 millones, suscrito entre el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y la empresa brasileña Intertechne Consultores, S.A., por suspuestas irregularidades en la adjudicación.
El argumento de los congresistas es que cuando la empresa brasileña firmó el contrato y recibió el primer pago del estudio no tenía representación legal en el país. La opinión de la comisión se suma a la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas contra el consejo directivo del INDE de autorizar el estudio.
El instituto de electrificación también enfrenta la oposición de las comunidades alrededor del proyecto, que se ubica entre Alta Verapaz y Quiché.
23 de mayo, 2014
Un total de 11 pobladores de la comunidad La Puya, ubicada entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, y 9 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), resultaron heridos, después que éstos últimos desalojaron a los comunitarios quienes bloquearon el paso en dicho lugar como protesta por el ingreso de maquinaria para la mina Progreso VII Derivada, conocida como El Tambor.
Alrededor de 250 pobladores fueron desalojados por la fuerza, ya que los agentes lanzaron gas lacrimógeno para que los inconformes dejaran libre el paso, debido a que no aceptaron entablar un diálogo con las autoridades.
Más de 100 elementos de la PNC se encontraban en el lugar para prevenir desordenes, mientras representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos intentaron dialogar con los pobladores.
El rechazo de los pobladores al proyecto minero se registra desde el 2 de marzo de 2012, desde esa fecha bloquean la entrada en la comunidad La Puya para impedir los trabajos de la mina.
La empresa minera registra pérdidas por casi US$3 millones (unos Q24 millones) por la falta de la operación en la mina.
Piden declarar lesivo contrato de hidroeléctrica
La comisión de Probidad del Congreso demandó al Legislativo declarar lesivo el contrato de adjudicación del estudio de prefactibilidad de la hidroeléctrica Xalalá por US$ 3.5 millones, suscrito entre el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y la empresa brasileña Intertechne Consultores, S.A., por suspuestas irregularidades en la adjudicación.
El argumento de los congresistas es que cuando la empresa brasileña firmó el contrato y recibió el primer pago del estudio no tenía representación legal en el país. La opinión de la comisión se suma a la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas contra el consejo directivo del INDE de autorizar el estudio.
El instituto de electrificación también enfrenta la oposición de las comunidades alrededor del proyecto, que se ubica entre Alta Verapaz y Quiché.