Las autoridades recién estrenadas aún no definen estrategias de contingencia para cubrir las áreas que están en mayor riesgo ya que los Programas de Extensión de Cobertura del Ministerio de Salud, fueron eliminados en 2015 y lo único que quedó fueron las buenas intenciones de salvar vidas.
El riesgo es latente y más de 370 mil niños, de entre 0 a 5 años, a quienes no se les ha puesto una vacuna o el refuerzo, están expuestos a padecer de enfermedades que en Guatemala ya fueron erradicadas en un 95 por ciento, desde hace 20 años.
Según el informe de la Situación Actual de la Problemática del Sector Salud en Guatemala, realizada por el citado Ministerio, la cobertura de vacunación para las vacunas OPV3, Pentavalente 3 y SPR, en los últimos 10 años bajó un 30 por ciento y empeoró en 2012.
Dentro de los planes del Ministerio es que para los próximos cuatro años se recupere en un 20 por ciento esta cobertura, es decir, pasar de un 65 a 85 por ciento de inmunizaciones en el país.
En conferencia de prensa, el ministro del ramo, Alfonso Cabrera, comentó que se ha intensificado la vacunación en regiones de Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz, Sololá, San Marcos y Quiché. El funcionario agregó que este programa es para la atención primaria, pero se extenderá a todas las áreas.
Demandan datos
Lejos del susto inicial, ésa no es la mayor de las “tragedias”, afirma Pablo Jiménez coordinador técnico de Alianza por la Nutrición (APN). El mal se dibuja solo. El colapso del sistema del salud continúa y las autoridades actuales que salen al paso con declaraciones como: ” ‘Sí hay vacunas, sí estamos vacunando’, pero no dan reportes, ¿cuánto hay en el inventario?”, comenta Jiménez.
Alianza para la Nutrición está en 460 comunidades y está integrada por 25 organizaciones del sector privado entre ellas Cacif, Fundesa, Funcafé, Fundazúcar, Asopuente y Fundación Castillo Córdova, entre otras. Esta alianza, que integra organizaciones privadas y sociedad civil de Guatemala, están comprometidos a combatir la desnutrición crónica.
“Queremos incidir en la opinión y políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricionales, para que por medio del Gobierno, cooperación internacional, sector privado y movilización social, se implemente la Ventana de los Mil Días de manera integral en todo el país”, comenta Jiménez.
Origen de la debacle
La crisis inició con la eliminación paulatina de los Programas de Extensión de Cobertura en 2012 hasta su cancelación definitiva dos años después. El Ministerio de Salud Pública, durante la gestión del Partido Patriota, entregó los servicios a ONGs y distintas organizaciones locales para llevar a cabo los programas de vacunación en comunidades rurales.
En los últimos 20 años, las ONG han desempeñado un papel importante en la ampliación y mejora de los servicios de salud en todo el país. Frente a los muchos retos para expandir sus servicios, se decidió contratar a una organización para ampliar la cobertura del Programa de Extensión de Cobertura (PEC), según el informe Guatemala Diagnóstico del Sector Privado, editado por Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos.
Agrega el estudio: “El PEC contrató proveedores privados y administradores para proporcionar servicios de salud itinerantes a las poblaciones que no tienen acceso a un puesto de salud. Los implementadores del PEC incluyeron diferentes tipos de organizaciones, desde organizaciones no gubernamentales que prestan servicios de salud, hasta cooperativas de ahorro y préstamo y otras empresas”.
Para 2003 se agregaron servicios y productos de planificación familiar (condones, anticonceptivos orales e inyectables) a otros beneficios del PEC, y en 2012, Salud expandió los servicios de los 4 mil 400 centros de salud comunitarios, 380 equipos básicos de salud y 23 mil facilitadores comunitarios en sitios de difícil acceso en todo el país. explica el estudio.
“El programa tuvo una implementación deficiente que incluía objetivos de desempeño y servicios débiles, supervisión y seguimiento limitados, y un financiamiento limitado (que hizo que el PEC experimentara atrasos en los pagos) para la implementación de las ONGs. En 2013, en medio de críticas y acusaciones de ineficiencia y falta de responsabilidad en los contratos del PEC, el Congreso de Guatemala aprobó el Decreto 13-2013, que buscaba mejorar la eficiencia y transparencia de los recursos en el sector salud y prohibió a las organizaciones no gubernamentales la gestión de los recursos del gobierno”, añadeel informe.
La ley estableció un período de tres años para que Salud eliminara gradualmente el programa PEC, sin embargo, a finales de 2014 el Ministerio lo canceló sin tener una estrategia alternativa en su lugar. La abrupta cancelación se atribuyó a irregularidades en la ejecución y gestión de los recursos por parte de algunas ONG, así como la falta de recursos para continuar financiando el PEC.
Las autoridades pidieron calma y aseguraron que todo iba a estar bien, incluso dijeron que se iba a reforzar el primer nivel de atención, es decir, puestos de salud y algunos centros.
“Dimos un compás de cinco meses de espera para comprobar. Las organizaciones aliadas a la Alianza por la Nutrición a nivel de proyectos de las comunidades nos empezaron a decir que los programas que se quedaron, al final se fueron a los cascos urbanos y los dejaron desatendidos. Algunas ONG que se quedaron, comentaron que después del anuncio de calma del Ministerio de Salud, las cosas siguieron igual y en algunos casos para peor”, explica Jiménez.
APN hizo un sondeo rápido en los 26 municipios que tienen en común APN y Pacto Hambre Cero y le preguntó a mujeres embarazadas y mujeres con niños y niñas menores de 2 y 4 años si los habían vacunado y les pidieron los reportes de vacunas.
“Los resultados fueron muy malos en cuanto a reportes de vitaminas, micronutrientes, etc, pero lo que nos dejó con la boca abierta fue que de 416 niños menores de dos años, 342 tenían el esquema de vacunación incompleto, es decir un 80 por ciento”, cuenta Jiménez.
Competencias de pulsos
El gobierno le debía a la Organización Panamericana de la Salud, US$10 millones por vacunas y no le estaba entregando más por lo que los insumos bajaron. El cabildeo para pagar la deuda y la compra de nuevas vacunas inició, y para agosto de 2015 el Ministerio de Finanzas había pagado la deuda y autorizado la compra por US$10 millones más.
La Superintendencia de Administración Tributaria también jugó un papel determinante porque hubo algunas complicaciones para retirar las vacunas. Los embarques biológicos llegaron en septiembre al país y era necesario incidir en el ente recaudador para agilizar los trámites.
“Se nombró un comité técnico y en cinco días tenían que ir liberando los embarques de vacuna para que el Ministerio desarrollara su logística para trasladar las vacunas por todo el país. El 1 de octubre inicia la jornada intensificada de vacunación, pero el 15 de octubre llegó el nuevo gobierno. Hablamos con el exvicepresidente Alfonso Fuentes Soria para que declara este tema de urgencia nacional, pero dijo que no había recursos. La verdad es que faltó voluntad política”, subraya Jiménez.
Para noviembre se volvió a hacer otro sondeo y otra vez los resultados fueron poco alentadores. “Ellos (el Ministerio de Salud) informaron que tenían vacunas hasta diciembre, pero el paso de la distribución no fue tan ágil. Es importante que les digan a los equipos de transición cómo están los inventarios. Las organizaciones de campo afiliadas a APN, luego del banderazo de que ya habían vacunas, verificaron, pero resulta que ahora no hay algodón, jeringas, no hay refri, no hay combustible, ambulancias, etc.”, se lamenta el entrevistado.
Serias consecuencias
“El Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud nos hizo una proyección y si no hubiéramos vacunado de sarampión, de julio a diciembre de 2015, el riesgo hubiera sido de 387 mil niños”, comenta el representante de APN, Adonay Cajas.
“Los epidemiólogos, acerca del contagio de sarampión, afirman que un niño puede contagiar a 18 menores cada 15 días. Esta es la primera vez que pasaba esto. Hace 20 años que no se estaba en una situación de riesgo. Los gastos del ministerio se destinan a la administración; es decir, solo se ocupan en salarios. Se les disminuyó el presupuesto y no hay programas de prevención”, agrega.
Según Jiménez, las autoridades no han medido la situación y el riesgo que representa un brote de Sarampión, por ejemplo, puede orginar un Travel Warning, “Cientos de empleos se pueden perder en el área de turismo, niños que se contagien pueden ser portadores y transmitir los virus a otros países; y así el dominó trágico de fichas que caerían”, enfatiza.
Jiménez considera necesario y urgente contar con una estrategia y saber con cuántas vacunas se cuenta, conocer cuál es la brecha, cuánto queda en inventarios de aquel stock, y hay que saberlo pronto para tomar medidas urgentes de prevención porque las vacunas se pueden perder.
“Si se llega a romper la cadena de frío de las vacunas lo biológico ya no se puede usar, o que se venzan si nos tardamos mucho en aplicarlas y que se pierdan entendiendo que el costo de las vacunas es alto”, remarca Jiménez.
Liderazgo para enfrentar esta situación
El representante de la APN explica que es vital que se declare de urgencia prioritaria este tema.
“Declarar como prioridad la vacunación porque instituciones públicas se pueden unir a la estrategia del Ministerio y luego las privadas. Y se puede movilizar a la población para ayudar en una campaña. El Presidente debe hacer el llamado con el fin de salvar vidas. El interés es prevenir un brote y no estamos preparados para detenerlo”.
También les manda un mensaje a las autoridades de Salud: “Que las nuevas autoridades tengan el mapa actualizado de donde están los bolsones, las vacunas y las comunidades que faltan. Y definir estrategias y la brecha presupuestaria. No comprar a lo loco y a lo ciego. No vamos a solucionar todo con decir lo mal que estamos y no vamos a llegar a las metas del milenio. En cuanto a temas de salud vamos para atrás”, dice resignado.
Las autoridades recién estrenadas aún no definen estrategias de contingencia para cubrir las áreas que están en mayor riesgo ya que los Programas de Extensión de Cobertura del Ministerio de Salud, fueron eliminados en 2015 y lo único que quedó fueron las buenas intenciones de salvar vidas.
El riesgo es latente y más de 370 mil niños, de entre 0 a 5 años, a quienes no se les ha puesto una vacuna o el refuerzo, están expuestos a padecer de enfermedades que en Guatemala ya fueron erradicadas en un 95 por ciento, desde hace 20 años.
Según el informe de la Situación Actual de la Problemática del Sector Salud en Guatemala, realizada por el citado Ministerio, la cobertura de vacunación para las vacunas OPV3, Pentavalente 3 y SPR, en los últimos 10 años bajó un 30 por ciento y empeoró en 2012.
Dentro de los planes del Ministerio es que para los próximos cuatro años se recupere en un 20 por ciento esta cobertura, es decir, pasar de un 65 a 85 por ciento de inmunizaciones en el país.
En conferencia de prensa, el ministro del ramo, Alfonso Cabrera, comentó que se ha intensificado la vacunación en regiones de Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz, Sololá, San Marcos y Quiché. El funcionario agregó que este programa es para la atención primaria, pero se extenderá a todas las áreas.
Demandan datos
Lejos del susto inicial, ésa no es la mayor de las “tragedias”, afirma Pablo Jiménez coordinador técnico de Alianza por la Nutrición (APN). El mal se dibuja solo. El colapso del sistema del salud continúa y las autoridades actuales que salen al paso con declaraciones como: ” ‘Sí hay vacunas, sí estamos vacunando’, pero no dan reportes, ¿cuánto hay en el inventario?”, comenta Jiménez.
Alianza para la Nutrición está en 460 comunidades y está integrada por 25 organizaciones del sector privado entre ellas Cacif, Fundesa, Funcafé, Fundazúcar, Asopuente y Fundación Castillo Córdova, entre otras. Esta alianza, que integra organizaciones privadas y sociedad civil de Guatemala, están comprometidos a combatir la desnutrición crónica.
“Queremos incidir en la opinión y políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricionales, para que por medio del Gobierno, cooperación internacional, sector privado y movilización social, se implemente la Ventana de los Mil Días de manera integral en todo el país”, comenta Jiménez.
Origen de la debacle
La crisis inició con la eliminación paulatina de los Programas de Extensión de Cobertura en 2012 hasta su cancelación definitiva dos años después. El Ministerio de Salud Pública, durante la gestión del Partido Patriota, entregó los servicios a ONGs y distintas organizaciones locales para llevar a cabo los programas de vacunación en comunidades rurales.
En los últimos 20 años, las ONG han desempeñado un papel importante en la ampliación y mejora de los servicios de salud en todo el país. Frente a los muchos retos para expandir sus servicios, se decidió contratar a una organización para ampliar la cobertura del Programa de Extensión de Cobertura (PEC), según el informe Guatemala Diagnóstico del Sector Privado, editado por Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos.
Agrega el estudio: “El PEC contrató proveedores privados y administradores para proporcionar servicios de salud itinerantes a las poblaciones que no tienen acceso a un puesto de salud. Los implementadores del PEC incluyeron diferentes tipos de organizaciones, desde organizaciones no gubernamentales que prestan servicios de salud, hasta cooperativas de ahorro y préstamo y otras empresas”.
Para 2003 se agregaron servicios y productos de planificación familiar (condones, anticonceptivos orales e inyectables) a otros beneficios del PEC, y en 2012, Salud expandió los servicios de los 4 mil 400 centros de salud comunitarios, 380 equipos básicos de salud y 23 mil facilitadores comunitarios en sitios de difícil acceso en todo el país. explica el estudio.
“El programa tuvo una implementación deficiente que incluía objetivos de desempeño y servicios débiles, supervisión y seguimiento limitados, y un financiamiento limitado (que hizo que el PEC experimentara atrasos en los pagos) para la implementación de las ONGs. En 2013, en medio de críticas y acusaciones de ineficiencia y falta de responsabilidad en los contratos del PEC, el Congreso de Guatemala aprobó el Decreto 13-2013, que buscaba mejorar la eficiencia y transparencia de los recursos en el sector salud y prohibió a las organizaciones no gubernamentales la gestión de los recursos del gobierno”, añadeel informe.
La ley estableció un período de tres años para que Salud eliminara gradualmente el programa PEC, sin embargo, a finales de 2014 el Ministerio lo canceló sin tener una estrategia alternativa en su lugar. La abrupta cancelación se atribuyó a irregularidades en la ejecución y gestión de los recursos por parte de algunas ONG, así como la falta de recursos para continuar financiando el PEC.
Las autoridades pidieron calma y aseguraron que todo iba a estar bien, incluso dijeron que se iba a reforzar el primer nivel de atención, es decir, puestos de salud y algunos centros.
“Dimos un compás de cinco meses de espera para comprobar. Las organizaciones aliadas a la Alianza por la Nutrición a nivel de proyectos de las comunidades nos empezaron a decir que los programas que se quedaron, al final se fueron a los cascos urbanos y los dejaron desatendidos. Algunas ONG que se quedaron, comentaron que después del anuncio de calma del Ministerio de Salud, las cosas siguieron igual y en algunos casos para peor”, explica Jiménez.
APN hizo un sondeo rápido en los 26 municipios que tienen en común APN y Pacto Hambre Cero y le preguntó a mujeres embarazadas y mujeres con niños y niñas menores de 2 y 4 años si los habían vacunado y les pidieron los reportes de vacunas.
“Los resultados fueron muy malos en cuanto a reportes de vitaminas, micronutrientes, etc, pero lo que nos dejó con la boca abierta fue que de 416 niños menores de dos años, 342 tenían el esquema de vacunación incompleto, es decir un 80 por ciento”, cuenta Jiménez.
Competencias de pulsos
El gobierno le debía a la Organización Panamericana de la Salud, US$10 millones por vacunas y no le estaba entregando más por lo que los insumos bajaron. El cabildeo para pagar la deuda y la compra de nuevas vacunas inició, y para agosto de 2015 el Ministerio de Finanzas había pagado la deuda y autorizado la compra por US$10 millones más.
La Superintendencia de Administración Tributaria también jugó un papel determinante porque hubo algunas complicaciones para retirar las vacunas. Los embarques biológicos llegaron en septiembre al país y era necesario incidir en el ente recaudador para agilizar los trámites.
“Se nombró un comité técnico y en cinco días tenían que ir liberando los embarques de vacuna para que el Ministerio desarrollara su logística para trasladar las vacunas por todo el país. El 1 de octubre inicia la jornada intensificada de vacunación, pero el 15 de octubre llegó el nuevo gobierno. Hablamos con el exvicepresidente Alfonso Fuentes Soria para que declara este tema de urgencia nacional, pero dijo que no había recursos. La verdad es que faltó voluntad política”, subraya Jiménez.
Para noviembre se volvió a hacer otro sondeo y otra vez los resultados fueron poco alentadores. “Ellos (el Ministerio de Salud) informaron que tenían vacunas hasta diciembre, pero el paso de la distribución no fue tan ágil. Es importante que les digan a los equipos de transición cómo están los inventarios. Las organizaciones de campo afiliadas a APN, luego del banderazo de que ya habían vacunas, verificaron, pero resulta que ahora no hay algodón, jeringas, no hay refri, no hay combustible, ambulancias, etc.”, se lamenta el entrevistado.
Serias consecuencias
“El Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud nos hizo una proyección y si no hubiéramos vacunado de sarampión, de julio a diciembre de 2015, el riesgo hubiera sido de 387 mil niños”, comenta el representante de APN, Adonay Cajas.
“Los epidemiólogos, acerca del contagio de sarampión, afirman que un niño puede contagiar a 18 menores cada 15 días. Esta es la primera vez que pasaba esto. Hace 20 años que no se estaba en una situación de riesgo. Los gastos del ministerio se destinan a la administración; es decir, solo se ocupan en salarios. Se les disminuyó el presupuesto y no hay programas de prevención”, agrega.
Según Jiménez, las autoridades no han medido la situación y el riesgo que representa un brote de Sarampión, por ejemplo, puede orginar un Travel Warning, “Cientos de empleos se pueden perder en el área de turismo, niños que se contagien pueden ser portadores y transmitir los virus a otros países; y así el dominó trágico de fichas que caerían”, enfatiza.
Jiménez considera necesario y urgente contar con una estrategia y saber con cuántas vacunas se cuenta, conocer cuál es la brecha, cuánto queda en inventarios de aquel stock, y hay que saberlo pronto para tomar medidas urgentes de prevención porque las vacunas se pueden perder.
“Si se llega a romper la cadena de frío de las vacunas lo biológico ya no se puede usar, o que se venzan si nos tardamos mucho en aplicarlas y que se pierdan entendiendo que el costo de las vacunas es alto”, remarca Jiménez.
Liderazgo para enfrentar esta situación
El representante de la APN explica que es vital que se declare de urgencia prioritaria este tema.
“Declarar como prioridad la vacunación porque instituciones públicas se pueden unir a la estrategia del Ministerio y luego las privadas. Y se puede movilizar a la población para ayudar en una campaña. El Presidente debe hacer el llamado con el fin de salvar vidas. El interés es prevenir un brote y no estamos preparados para detenerlo”.
También les manda un mensaje a las autoridades de Salud: “Que las nuevas autoridades tengan el mapa actualizado de donde están los bolsones, las vacunas y las comunidades que faltan. Y definir estrategias y la brecha presupuestaria. No comprar a lo loco y a lo ciego. No vamos a solucionar todo con decir lo mal que estamos y no vamos a llegar a las metas del milenio. En cuanto a temas de salud vamos para atrás”, dice resignado.