La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), ha presentado una serie de denuncias acerca del desabastecimiento de insumos y medicamentos en la red hospitalaria del país e incluso, con el el planteamiento de un amparo ante la Corte de Constitucionalidad que obligó al Organismo Ejecutivo a abastecer los Hospitales Roosevelt y San Juan de Dios; sin embargo, el sistema de salud sigue siendo la piedra en el zapato del Gobierno.
Jorge de León Duque, titular de la PDH, dice que el sistema de salud guatemalteco es una de sus mayores preocupaciones, pues es una situación heredadada, aunque reconoce que en los últimos meses ha existido una mejora en cuanto a medicamentos y a las necesidades de atención prioritaria.
“Un hospital puede tener el 90 % de abastecimiento de medicamentos, pero ese 10 % que hace falta o que está en cero, puede cobrarle la vida a una persona, eso es suficiente para afirmar que el Estado viola el derecho humano a la vida y a la salud”, señala De León Duque.
Según la PDH, la preocupación se basa en el deterioro histórico de la infraestructura del sistema de salud, en distintas visitas de campo realizadas a los centros de atención de Quetzaltenango y Cobán, donde se han observado instalaciones que datan a partir de 1970, la gran mayoría, y sin quirófano.
“No basta con decir, aquí tenemos el 100% de abastecimiento cuando solo se tiene un quirófano… todos los días se atiende un promedio de 30 a 35 partos, este debe ser el tema para el Gobierno, plantear una programación clara, una recuperación de infraestructura, porque las condiciones son espantosas, denigrantes e indignantes y basta con ir a los hospitales para preguntarle a las personas”, señala De León Duque.
“Por donde se vea el sistema de salud es un sistema que hay que reinventarlo y tomar acciones drásticas, aunque hay que reconocer que en los últimos meses ha habido mayor abastecimiento e insumos, es una mejora, pero no es suficiente”, reiteró el magistrado de conciencia.
El Estado un violador recurrente
Adrián Chávez del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC), dice que en términos objetivos el hecho de que exista abastecimiento es un avance importante, pero no suficiente. “Desafortunadamente muchos de los servicios aún no cuentan con el equipo, los insumos y el personal suficiente para brindar a la población una respuesta una respuesta efectiva”, señaló.
De acuerdo con el experto en salud, el Estado guatemalteco es un violador recurrente del derecho a la salud, y los esfuerzos por reducir las barreras de acceso son insuficientes porque “continúa imponiendo una barrera cultural, económica y geográfica que impide el acceso a servicios de calidad o la atención necesaria”.
El analista considera que para que esta realidad cambie se debe garantizar lo siguiente:
-Una coordinación efectiva entre el Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
-Establecer un modelo de atención incluyente
-Hacer un plan de ordenamiento territorial
-Recategorizar la red de servicios actual
-Establecer un plan maestro de desarrollo de la red pública de salud, que tenga bien identificado los recursos necesarios para garantizar el acceso de una atención oportuna y de calidad a toda la población
-Orientar progresivamente los recursos necesarios para la ejecución del plan.
Se llamó al ministro de Salud, Alfonso Cabrera, para conocer sus impresiones al caso, pero contestó una colaboradora quien aseguró que el funcionario se encontraba ocupado atendiendo un asunto de la Presidencia; sin embargo, tres minutos antes el funcionario había contestado su celular.
La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), ha presentado una serie de denuncias acerca del desabastecimiento de insumos y medicamentos en la red hospitalaria del país e incluso, con el el planteamiento de un amparo ante la Corte de Constitucionalidad que obligó al Organismo Ejecutivo a abastecer los Hospitales Roosevelt y San Juan de Dios; sin embargo, el sistema de salud sigue siendo la piedra en el zapato del Gobierno.
Jorge de León Duque, titular de la PDH, dice que el sistema de salud guatemalteco es una de sus mayores preocupaciones, pues es una situación heredadada, aunque reconoce que en los últimos meses ha existido una mejora en cuanto a medicamentos y a las necesidades de atención prioritaria.
“Un hospital puede tener el 90 % de abastecimiento de medicamentos, pero ese 10 % que hace falta o que está en cero, puede cobrarle la vida a una persona, eso es suficiente para afirmar que el Estado viola el derecho humano a la vida y a la salud”, señala De León Duque.
Según la PDH, la preocupación se basa en el deterioro histórico de la infraestructura del sistema de salud, en distintas visitas de campo realizadas a los centros de atención de Quetzaltenango y Cobán, donde se han observado instalaciones que datan a partir de 1970, la gran mayoría, y sin quirófano.
“No basta con decir, aquí tenemos el 100% de abastecimiento cuando solo se tiene un quirófano… todos los días se atiende un promedio de 30 a 35 partos, este debe ser el tema para el Gobierno, plantear una programación clara, una recuperación de infraestructura, porque las condiciones son espantosas, denigrantes e indignantes y basta con ir a los hospitales para preguntarle a las personas”, señala De León Duque.
“Por donde se vea el sistema de salud es un sistema que hay que reinventarlo y tomar acciones drásticas, aunque hay que reconocer que en los últimos meses ha habido mayor abastecimiento e insumos, es una mejora, pero no es suficiente”, reiteró el magistrado de conciencia.
El Estado un violador recurrente
Adrián Chávez del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC), dice que en términos objetivos el hecho de que exista abastecimiento es un avance importante, pero no suficiente. “Desafortunadamente muchos de los servicios aún no cuentan con el equipo, los insumos y el personal suficiente para brindar a la población una respuesta una respuesta efectiva”, señaló.
De acuerdo con el experto en salud, el Estado guatemalteco es un violador recurrente del derecho a la salud, y los esfuerzos por reducir las barreras de acceso son insuficientes porque “continúa imponiendo una barrera cultural, económica y geográfica que impide el acceso a servicios de calidad o la atención necesaria”.
El analista considera que para que esta realidad cambie se debe garantizar lo siguiente:
-Una coordinación efectiva entre el Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
-Establecer un modelo de atención incluyente
-Hacer un plan de ordenamiento territorial
-Recategorizar la red de servicios actual
-Establecer un plan maestro de desarrollo de la red pública de salud, que tenga bien identificado los recursos necesarios para garantizar el acceso de una atención oportuna y de calidad a toda la población
-Orientar progresivamente los recursos necesarios para la ejecución del plan.
Se llamó al ministro de Salud, Alfonso Cabrera, para conocer sus impresiones al caso, pero contestó una colaboradora quien aseguró que el funcionario se encontraba ocupado atendiendo un asunto de la Presidencia; sin embargo, tres minutos antes el funcionario había contestado su celular.