Un tribunal de Chiquimula condenó al pago de una multa de Q400 a 44 personas procesadas por el delito de falsedad ideológica.
Los procesados realizaron una actualización “anómala” y “sospechosa” de su lugar de residencia para votar en un municipio que no residían, de acuerdo con el Ministerio Público (MP).
La investigación fue encabezada por la Fiscalía contra Delitos Electorales luego de una denuncia presentada en 2013 por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El caso implicó a 59 personas, pero solo en 44 casos se comprobó que se trataba de una práctica conocida como “acarreados”.
Las sentenciados deberán pagar Q300 en efectivo y Q100 en víveres a la Asociación Casa Abel, luego de establecer que cometieron el delito de falsedad ideológica, según el MP.
“La Fiscalía determinó que 44 personas de 59 que se encontraban en el expediente, no residían en el municipio de Concepción Las Minas, y con ello confirmó que el cambio de domicilio correspondía para que el día de las elecciones fueran ‘acarreadas’ para votar por determinado candidato”, señala el MP.
Resolución evitar la acción penal
La disposición del sistema de justicia fue aplicar la reparación a la sociedad y ordenar el cierre del expediente.
“El Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de Chiquimula resolvió con una medida desjudicializadora de criterio de oportunidad y ordenó abstenerse de ejercitar la acción penal y archivó la carpeta judicial por el plazo de un año”, agrega la información oficial.
En esta resolución también se dejó constancia que 15 personas más señaladas por el MP, sí comprobaron que residían en el municipio indicado
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“La Fiscalía determinó que 44 personas de 59 que se encontraban en el expediente, no residían en el municipio de Concepción Las Minas, y con ello confirmó que el cambio de domicilio correspondía para que el día de las elecciones fueran ‘acarreadas’ para votar por determinado candidato”, señala el MP.
Resolución evitar la acción penal
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“El Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de Chiquimula resolvió con una medida desjudicializadora de criterio de oportunidad y ordenó abstenerse de ejercitar la acción penal y archivó la carpeta judicial por el plazo de un año”, agrega la información oficial.
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