Hasta ayer miércoles, los integrantes de la Comisión Permanente entregaron a los jefes de bloque el informe de la Comisión Pesquisidora que analiza las sindicaciones hechas al presidente Otto Pérez Molina para determinar si proceden o no a retirarle el derecho de antejuicio.
Justo ayer la Corte de Constitucionalidad (CC) denegó una solicitud de amparo planteada por el presidente Otto Pérez Molina que buscaba frenar el proceso en su contra y todo apunta a que el Congreso convocará próximamente a sesión extraordinaria para conocer dicho tema.
Pérez recientemente afirmó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no es “un gestionador o tramitador de documentos” y aseveró que debió hacer un estudio y darse cuenta de que había errores en los procesos que se siguen en su contra.
Mientras tanto, siguen apareciendo denuncias en contra de funcionarios y diputados a escasos días para las elecciones generales. Esta semana se conoció que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) denunció por tráfico de influenciasy abuso de autoridad a los diputados Luis Chávez, Mirza Arreaga y Mario Yanes de Libertad Democrática Renovada (Lider).
Las autoridades en mención también accionaron contra el diputado Mario Rivera de esa misma agrupación política quien es acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Las pesquisas también apuntan a Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, a quien acusan de fraude, concusión, asociación ilícita y lavado de dinero.
Se suma a la solicitud de antejuicio contra los diputados, Pedro Muadi, expresidente del Legislativo, acusado de favorecerse con plazas en contratos de personal de seguridad en el Congreso y el representante de Chiquimula, Baudilio Hichos, sindicado de favorecerse con un contrato de Q2 millones con el Instituto de Seguridad Social (IGSS) en su departamento. Ambos solicitaron permiso de un mes en el Congreso
De momento, el proceso de antejuicio que reporta más avance es el que se sigue contra el presidente Otto Pérez Molina acusado de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio, señalamientos del diputado Amilcar Pop (Winaq) quien considera que el funcionario tiene responsabilidad directa en los hechos de corrupción que atañen a funcionarios de su gobierno.
La Ley en Materia de Antejuicio (Decreto 85-2002) crea los procedimientos para el trámite de las diligencias de antejuicio que, “de conformidad con el ordenamiento jurídico, se promuevan en contra de los dignatarios y funcionarios a quienes la Constitución Política y las leyes conceden ese derecho”.
El antejuicio, según esta ley, es la garantía que se concede a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimientos penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. Lo anterior es sin que previamente exista declatoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa.
“El antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable”, especifica directamente dicha normativa. Un dignatario o funcionario público solo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez competente le dicte auto de prisión preventiva.
Los órganos con competencia para conocer un proceso de este tipo son el Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de la Corte de Apelaciones. La segunda instancia, se encarga de conocer los antejuicios contra los diputados al Congreso, Parlacen, funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), viceministros de Estado y Contralor General de Cuentas, entre otros.
Las salas de las Cortes de Apelaciones conocen los antejuicios promovidos contra alcaldes, candidatos a alcaldes, candidatos a diputados, gobernadores y agentes fiscales del Ministerio Público (MP), junto a otros mandos similares.
En el caso del Congreso, tiene competencia para conocer las acciones de este tipo promovidas contra los presidentes del Ejecutivo y Judicial, así como los procuradores de Derechos Humanos y de la Nación, entre otros más.
“Son un precedente”
El constitucionalista Mario Fuentes Destarac explicó que este procedimiento busca establecer si da lugar o no a causa penal en contra de los funcionarios. “En el caso de los candidatos, en mi opinión, si se declara con lugar un antejuicio queda en suspenso la candidatura”.
Agregó que hay una petición para que se convoque a una sesión extraordinaria en el parlamento y eso crea una conmoción en ese organismo. “Hay bombazos que están cayendo y por lo que se ve, la CICIG, seguirá denunciando a diputados”, especificó. Destarac afirmó sentirse satisfecho con los procesos que se iniciaron “porque se está sentando un gran precedente en el país”.
De igual manera opina el politólogo Jorge Wong de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), quien considera que los casos de antejuicio que se siguen en este momento contra algunos funcionarios, dan certeza jurídica sobre la intención que existe para hacer un buen trabajo en las instituciones.
“En alguna forma se demuestra que a través de la detección de la corrupción en el sistema, se vislumbra un cambio positivo para el país. Si bien estamos tocando fondo, esto servirá para sanear las instituciones”, añadió Wong.
“Me preocupa la lentitud de los procesos en el Congreso porque se han vuelto largos y perdidizos en estas cuestiones y esto entrampa más la agenda en el parlamento”, finalizó el experto.
Acerca de la celeridad de los antejuicios, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, opina que el sistema judicial no está preparado para atender tanta demanda. “Si normalmente es lento, ahora en esta época que está siendo tan exigido para resolver está peor. Es parte de su inefectividad”, señaló y agregó que también hay falta de voluntad política, pues al ser parte de una crisis de país deberían darle prioridad.
“Creemos que el antejuicio debería existir solo para aquellos casos donde se procesa a los funcionarios por una razón política. Si es por delincuencia como robo o corrupción, no debería aplicarse esa figura”, señaló. El analista considera que al abusar de esa opción, se acumulan procesos y el sistema se vuelve más lento todavía.
Un ejemplo es que en el caso del presidente Pérez, sí procede aplicar el antejuicio según Marroquín, quien considera que “de no hacerlo el sistema va a colapsar porque entra en cuestionamiento de los tres poderes del Estado. Esto podría llevar a una crisis más fuerte que supuestamente se quiere evitar”.
Sin embago, el “pacto” que hay entre el partido oficial y Lider no ha permitido que esto avance. “Están haciendo una mala lectura del país, sino renuncia o lo enjuician la sensación que queda es que se burlaron del pueblo. Si en caso todavía estuviera de Presidente en enero próximo, no creo que se asome en la toma de posesión del próximo mandatario”, considera.
Por su parte, Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, señala que la ciudadanía debe enterarse mejor sobre cómo funciona la ley y el sistema jurídico del país. “Es un tema complicado porque esto se suma a que el sistema político ha sido muy opaco. No es raro que entre sí los políticos se acusen de manera maliciosa aprovechándose del escándalo que un antejuicio provoca”, opinó.
La “llamarada” inicial es fuerte cuando se inicia un antejuicio, luego los guatemaltecos nos quedamos esperando y hay molestia. “Debemos entender que estos procesos llevan investigación con tiempos que es imposible hacer más cortos. Lo más importante es la independencia de nuestro sistema de justicia”, destacó.
Aunque haya decepción, para Fuentes es importante mantener el clamor por justicia de parte de la ciudadanía. “Así las autoridades y políticos comprenderán que a partir de abril pasado los guatemaltecos ya no somos ápaticos ni tenemos una venda en los ojos”, sostuvo.
Otro aspecto es que además se pide que se devuelva el dinero robado y defraudado, que vuelva a las arcas del país. “Son los pasos complicados a seguir, pero afortunadamente ahora contamos con la Ley de extinción de dominio. Incluso se puede aplicar aunque todavía no sean juzgados y condenados comp se hizo con Roxana Baldetti”, expuso Fuentes.
La analista concluyó en que “los guatemaltecos no deben desmayar en el intento de exigir justicia. Debemos demostrarles a los políticos en general que rechazan la corrupción, primero castigando a los corruptos al no darles su voto y luego ejerciendo una fiscalización desde el primer día del nuevo gobierno”.
Los analistas coinciden en que el sistema debe ser más ágil para dar respuestas a la población en estos casos donde se acusa a políticos, para que sirva de precedente y recatar la credibilidad de las instituciones y que los políticos asuman realmente su papel.
Esto opinan en redes sociales al respecto de la tardanza en los procesos:
Hasta ayer miércoles, los integrantes de la Comisión Permanente entregaron a los jefes de bloque el informe de la Comisión Pesquisidora que analiza las sindicaciones hechas al presidente Otto Pérez Molina para determinar si proceden o no a retirarle el derecho de antejuicio.
Justo ayer la Corte de Constitucionalidad (CC) denegó una solicitud de amparo planteada por el presidente Otto Pérez Molina que buscaba frenar el proceso en su contra y todo apunta a que el Congreso convocará próximamente a sesión extraordinaria para conocer dicho tema.
Pérez recientemente afirmó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no es “un gestionador o tramitador de documentos” y aseveró que debió hacer un estudio y darse cuenta de que había errores en los procesos que se siguen en su contra.
Mientras tanto, siguen apareciendo denuncias en contra de funcionarios y diputados a escasos días para las elecciones generales. Esta semana se conoció que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) denunció por tráfico de influenciasy abuso de autoridad a los diputados Luis Chávez, Mirza Arreaga y Mario Yanes de Libertad Democrática Renovada (Lider).
Las autoridades en mención también accionaron contra el diputado Mario Rivera de esa misma agrupación política quien es acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Las pesquisas también apuntan a Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, a quien acusan de fraude, concusión, asociación ilícita y lavado de dinero.
Se suma a la solicitud de antejuicio contra los diputados, Pedro Muadi, expresidente del Legislativo, acusado de favorecerse con plazas en contratos de personal de seguridad en el Congreso y el representante de Chiquimula, Baudilio Hichos, sindicado de favorecerse con un contrato de Q2 millones con el Instituto de Seguridad Social (IGSS) en su departamento. Ambos solicitaron permiso de un mes en el Congreso
De momento, el proceso de antejuicio que reporta más avance es el que se sigue contra el presidente Otto Pérez Molina acusado de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio, señalamientos del diputado Amilcar Pop (Winaq) quien considera que el funcionario tiene responsabilidad directa en los hechos de corrupción que atañen a funcionarios de su gobierno.
La Ley en Materia de Antejuicio (Decreto 85-2002) crea los procedimientos para el trámite de las diligencias de antejuicio que, “de conformidad con el ordenamiento jurídico, se promuevan en contra de los dignatarios y funcionarios a quienes la Constitución Política y las leyes conceden ese derecho”.
El antejuicio, según esta ley, es la garantía que se concede a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimientos penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. Lo anterior es sin que previamente exista declatoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa.
“El antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable”, especifica directamente dicha normativa. Un dignatario o funcionario público solo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez competente le dicte auto de prisión preventiva.
Los órganos con competencia para conocer un proceso de este tipo son el Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de la Corte de Apelaciones. La segunda instancia, se encarga de conocer los antejuicios contra los diputados al Congreso, Parlacen, funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), viceministros de Estado y Contralor General de Cuentas, entre otros.
Las salas de las Cortes de Apelaciones conocen los antejuicios promovidos contra alcaldes, candidatos a alcaldes, candidatos a diputados, gobernadores y agentes fiscales del Ministerio Público (MP), junto a otros mandos similares.
En el caso del Congreso, tiene competencia para conocer las acciones de este tipo promovidas contra los presidentes del Ejecutivo y Judicial, así como los procuradores de Derechos Humanos y de la Nación, entre otros más.
“Son un precedente”
El constitucionalista Mario Fuentes Destarac explicó que este procedimiento busca establecer si da lugar o no a causa penal en contra de los funcionarios. “En el caso de los candidatos, en mi opinión, si se declara con lugar un antejuicio queda en suspenso la candidatura”.
Agregó que hay una petición para que se convoque a una sesión extraordinaria en el parlamento y eso crea una conmoción en ese organismo. “Hay bombazos que están cayendo y por lo que se ve, la CICIG, seguirá denunciando a diputados”, especificó. Destarac afirmó sentirse satisfecho con los procesos que se iniciaron “porque se está sentando un gran precedente en el país”.
De igual manera opina el politólogo Jorge Wong de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), quien considera que los casos de antejuicio que se siguen en este momento contra algunos funcionarios, dan certeza jurídica sobre la intención que existe para hacer un buen trabajo en las instituciones.
“En alguna forma se demuestra que a través de la detección de la corrupción en el sistema, se vislumbra un cambio positivo para el país. Si bien estamos tocando fondo, esto servirá para sanear las instituciones”, añadió Wong.
“Me preocupa la lentitud de los procesos en el Congreso porque se han vuelto largos y perdidizos en estas cuestiones y esto entrampa más la agenda en el parlamento”, finalizó el experto.
Acerca de la celeridad de los antejuicios, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, opina que el sistema judicial no está preparado para atender tanta demanda. “Si normalmente es lento, ahora en esta época que está siendo tan exigido para resolver está peor. Es parte de su inefectividad”, señaló y agregó que también hay falta de voluntad política, pues al ser parte de una crisis de país deberían darle prioridad.
“Creemos que el antejuicio debería existir solo para aquellos casos donde se procesa a los funcionarios por una razón política. Si es por delincuencia como robo o corrupción, no debería aplicarse esa figura”, señaló. El analista considera que al abusar de esa opción, se acumulan procesos y el sistema se vuelve más lento todavía.
Un ejemplo es que en el caso del presidente Pérez, sí procede aplicar el antejuicio según Marroquín, quien considera que “de no hacerlo el sistema va a colapsar porque entra en cuestionamiento de los tres poderes del Estado. Esto podría llevar a una crisis más fuerte que supuestamente se quiere evitar”.
Sin embago, el “pacto” que hay entre el partido oficial y Lider no ha permitido que esto avance. “Están haciendo una mala lectura del país, sino renuncia o lo enjuician la sensación que queda es que se burlaron del pueblo. Si en caso todavía estuviera de Presidente en enero próximo, no creo que se asome en la toma de posesión del próximo mandatario”, considera.
Por su parte, Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, señala que la ciudadanía debe enterarse mejor sobre cómo funciona la ley y el sistema jurídico del país. “Es un tema complicado porque esto se suma a que el sistema político ha sido muy opaco. No es raro que entre sí los políticos se acusen de manera maliciosa aprovechándose del escándalo que un antejuicio provoca”, opinó.
La “llamarada” inicial es fuerte cuando se inicia un antejuicio, luego los guatemaltecos nos quedamos esperando y hay molestia. “Debemos entender que estos procesos llevan investigación con tiempos que es imposible hacer más cortos. Lo más importante es la independencia de nuestro sistema de justicia”, destacó.
Aunque haya decepción, para Fuentes es importante mantener el clamor por justicia de parte de la ciudadanía. “Así las autoridades y políticos comprenderán que a partir de abril pasado los guatemaltecos ya no somos ápaticos ni tenemos una venda en los ojos”, sostuvo.
Otro aspecto es que además se pide que se devuelva el dinero robado y defraudado, que vuelva a las arcas del país. “Son los pasos complicados a seguir, pero afortunadamente ahora contamos con la Ley de extinción de dominio. Incluso se puede aplicar aunque todavía no sean juzgados y condenados comp se hizo con Roxana Baldetti”, expuso Fuentes.
La analista concluyó en que “los guatemaltecos no deben desmayar en el intento de exigir justicia. Debemos demostrarles a los políticos en general que rechazan la corrupción, primero castigando a los corruptos al no darles su voto y luego ejerciendo una fiscalización desde el primer día del nuevo gobierno”.
Los analistas coinciden en que el sistema debe ser más ágil para dar respuestas a la población en estos casos donde se acusa a políticos, para que sirva de precedente y recatar la credibilidad de las instituciones y que los políticos asuman realmente su papel.
Esto opinan en redes sociales al respecto de la tardanza en los procesos: