Alfonso Carrillo, los Bitkov y la caída de la CICIG
El caso contra la familia Bitkov fue a parar a manos de CICIG, sin ser de su competencia, por gestión de Alfonso Carrillo y decisión del exjefe de la Comisión, Iván Velásquez, quien pagó caro ceder a los intereses del abogado guatemalteco.
La persecución penal contra la familia Bitkov también tiene la huella del cuestionado abogado Alfonso Carrillo Marroquín.
El caso contra los rusos fue a parar a manos de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), sin ser de su competencia, por gestión de Carrillo y decisión del exjefe de la Comisión, Iván Velásquez, quien pagó caro ceder a los intereses del abogado guatemalteco. Los motivos y la persecución contra esta familia, fue una de las causas que significaron el fin de la entidad respaldada por la ONU y financiada por diferentes países, incluido Estados Unidos.
Los dos bancos más importantes de Rusia, bajo control del régimen de Putin la emprendieron contra Igor, Irina y Anastasia Bitkov, quienes obtuvieron una nueva identidad en Guatemala en 2009. Los señalaron de delitos contra el sistema financiero. Los aludidos sostienen que se trata de una persecución política por negarse a “colaborar” con el gobierno.
En Guatemala los bancos VTB y Gazprombank contrataron a dos bufetes de abogados. VTB lo hizo en 2013, pero la denuncia presentada por sus abogados en la Fiscalía Metropolitana no prosperó.
Sin embargo, el proceso dio un giro de 180 grados en poco tiempo tras la contratación de Alfonso Carrillo Marroquín para representar a Gazprombank. El abogado guatemalteco tenía la puerta abierta en la CICIG porque funcionaba como su abogado “sin paga” y tenía una relación estrecha con Velásquez.
Carrillo Marroquín obtuvo la representación legal del banco ruso el 26 febrero de 2014 y el 3 de noviembre de ese año el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, pidió a la entonces fiscal, Thelma Aldana, trasladar el expediente MP001-2014-1433, de los Bitkov, de la Fiscalía Metropolitana a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
A partir de ahí inició el calvario para Igor, Irina y su hija Anastasia, así como para su hijo más pequeño, Vladimir, quien fue apartado de sus padres sin ninguna consideración. Ellos obtuvieron nueva identidad en 2009 tras pagar a la entidad Cutino Internacional y recibir sus documentos en las oficinas del Registro Nacional de las Personas (Renap) y en la entonces Dirección General de Migración.
La persecución penal contra esta familia también marcó el principio del final de la CICIG de Iván Velásquez, pues el caso llegó hasta el Senado de Estados Unidos que congeló un millonario aporte de ese país.
Congresistas de renombre, como Marco Rubio, cuestionaron el proceder de la Comisión contra los rusos y consideraron que hubo influencia del régimen de Putin en este caso. Es decir que observaron motivos políticos y supuestos acuerdos entre el Kremlin, la CICIG, la Fiscalía a cargo de Thelma Aldana y algunos jueces que resolvían de la mano de Iván Velásquez.
Los abogados de los Bitkov presentaron lo sucedido en la llamada Comisión Helsinki en 2018. En esa audiencia participó el empresario Bill Browder, promotor de la Ley Magnitsky, regulación creada inicialmente en Estados Unidos para sancionar a funcionarios rusos señalados de abusos y a violadores de derechos humanos.
Alfonso Carrillo se esconde
Un abogado cercano al proceso comentó que cuando Alfonso Carrillo Marroquín logró la representación de Gazprombank, el caso caminó “a cien por hora”, pero el abogado no figuró en las audiencias.
La familia rusa obtuvo los documentos en 2009 y durante seis años no tuvo problemas para movilizarse dentro y fuera de Guatemala. Pero cuando Carrillo Marroquín convenció a Velásquez de tomar este caso fuera de su mandato de combatir grupos criminales paralelos al Estado, en menos de tres meses “investigó” y capturó a los rusos.
Los extranjeros que no eran parte de la estructura que operaba en Migración y en el Renap, desarticulada un año antes, obtuvieron documentos de Cutino Internacional, una entidad a la que la CICIG y la Fiscalía no investigaron, pero que con el paso del tiempo se corroboró que siguió operando y estafando a otras personas.
La Fiscalía y la CICIG acusó a la familia rusa de los delitos de supresión y alteración del estado civil y quedó en prisión provisional. El juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo B, escuchó que la hija de Igor Bitkov, Anastasia, padecía de trastorno bipolar y otras secuelas por agresión sexual, pero no hubo consideración, igual que su madre, pasaron varias noches en las bartolinas, durmiendo en el suelo.
La peor parte fue para el pequeño Vladimir Bitkov. La CICIG también lo “investigó” y lo separó de la persona que lo cuidaba. Fue enviado a un orfanato a sus apenas 3 años. La jueza de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia, María Reyna Salazar, quien adoptó esta resolución en 2015, perdió su inmunidad y en la actualidad está separada del cargo por una investigación en su contra debido a esta resolución.
La jueza fue denunciada por los padres de Vladimir porque el niño fue maltratado durante 42 días. El pequeño registró, según la documentación, conjuntivitis, diarrea, parásitos, amebas, cicatriz sobre el ojo derecho, un diente roto y otras lesiones, aparte del daño emocional.
Salazar no respaldó la decisión de una jueza anterior que otorgó la custodia a la niñera del menor y al abogado de la familia.
Los siguientes tres años los Bitkov enfrentaron el proceso encarcelados. En enero de 2018 el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yasmín Barrios, los condenó con las penas máximas. Igor Bitkov fue sentenciado a 19 años, mientras que su esposa y su hija a 14 años de cárcel.
Pero tres meses más tarde la Corte de Constitucionalidad (CC), presidida por Gloria Porras, anuló la condena y ordenó volver el proceso a la fase intermedia. Los rusos fueron enviados a juicio por Erika Aifán, del Juzgado de Mayor Riesgo D y el fallo del máximo órgano constitucional fue revisar el estatus de los Bitkov, debido a que los migrantes no pueden ser juzgados en casos penales, según la Convención de Palermo, suscrita por Guatemala.
La CC razonó que su fallo fue por “advertir agravio que ameritó el otorgamiento de la protección constitucional, ya que la autoridad cuestionada, al dictar auto de apertura a juicio, no realizó la debida motivación y fundamentación, pues no dio una respuesta razonable y acorde al planteamiento realizado por el postulante sobre la eximente de responsabilidad penal derivado de lo regulado en la normativa ordinaria y el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire” (Convención de Palermo)”.
Pero Aifán consideró que los rusos no eran migrantes sino refugiados y por tanto no les aplicó la Convención de Palermo y de nuevo los envió a juicio. Esta vez la CC, presidida por Gloria Porras, emitió una resolución favorable a Aifán, aunque con el voto desfavorable y razonado de los magistrados Neftaly Aldana y Dina Ochoa.
En el nuevo juicio la familia Bitkov fue condenada por el Tribunal de Mayor Riesgo D, presidido por Sara Yoc.
En todo este proceso el abogado Alfonso Carrillo Marroquín, como acostumbra, trató de no figurar de manera pública y dejó que fueran los abogados del VTB los que intentaran alguna participación como querellantes en el proceso contra los rusos, pero al final no fueron admitidos.
El final de la CICIG
Pero todo lo sucedido con los Bitkov fue del conocimiento del Senado de Estados Unidos y marcó el final de la CICIG.
Primero el senador Marco Rubio, del subcomité de relaciones exteriores de asuntos del hemisferio occidental, crimen transnacional, seguridad civil, democracia, derechos humanos y de la mujer, promovió congelar US$6 millones de EE. UU. hacia la CICIG.
"Me preocupa que la CICIG, una comisión financiada principalmente por Estados Unidos, haya sido manipulada es utilizada por elementos radicales y por la campaña de Rusia en contra de la familia Bitkov en Guatemala. La CICIG fue establecida por las Naciones Unidas y por Guatemala para enjuiciar la corrupción y los abusos contra los derechos humanos, no para participar en ella”, señaló el senador Rubio en un comunicado.
"Apoyo la idea detrás de esta Comisión, pero suspenderé la liberación de US$6 millones en fondos de contribuyentes estadounidenses hasta que tengamos respuestas claras sobre su papel en el maltrato a la familia Bitkov", añadió Rubio.
Unos días antes el Senado de Estados Unidos revisó el caso y sugirió suspender los fondos para la CICIG por los hechos denunciados por los abogados de la familia Bitkov. El copresidente de la Comisión sobre Seguridad y Cooperación en Europa, Cris Smith, promovió esta decisión que abrió el camino para no renovar el mandato de una Comisión, para ese entonces, señalada de diversos abusos e irregularidades.
Pero si el caso contra los Bitkov marcó el final de la CICIG, el proceso todavía no está cerrado en Guatemala. La familia rusa espera que se resuelvan acciones legales y se retomen las pesquisas contra exfuncionarios de la entonces Dirección General de Migración, como Mayra Véliz, exsecretaria del Ministerio Público de Thelma Aldana, quien se libró, en su momento, de las investigaciones que le salieron caras a Iván Velásquez.
Alfonso Carrillo, los Bitkov y la caída de la CICIG
El caso contra la familia Bitkov fue a parar a manos de CICIG, sin ser de su competencia, por gestión de Alfonso Carrillo y decisión del exjefe de la Comisión, Iván Velásquez, quien pagó caro ceder a los intereses del abogado guatemalteco.
La persecución penal contra la familia Bitkov también tiene la huella del cuestionado abogado Alfonso Carrillo Marroquín.
El caso contra los rusos fue a parar a manos de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), sin ser de su competencia, por gestión de Carrillo y decisión del exjefe de la Comisión, Iván Velásquez, quien pagó caro ceder a los intereses del abogado guatemalteco. Los motivos y la persecución contra esta familia, fue una de las causas que significaron el fin de la entidad respaldada por la ONU y financiada por diferentes países, incluido Estados Unidos.
Los dos bancos más importantes de Rusia, bajo control del régimen de Putin la emprendieron contra Igor, Irina y Anastasia Bitkov, quienes obtuvieron una nueva identidad en Guatemala en 2009. Los señalaron de delitos contra el sistema financiero. Los aludidos sostienen que se trata de una persecución política por negarse a “colaborar” con el gobierno.
En Guatemala los bancos VTB y Gazprombank contrataron a dos bufetes de abogados. VTB lo hizo en 2013, pero la denuncia presentada por sus abogados en la Fiscalía Metropolitana no prosperó.
Sin embargo, el proceso dio un giro de 180 grados en poco tiempo tras la contratación de Alfonso Carrillo Marroquín para representar a Gazprombank. El abogado guatemalteco tenía la puerta abierta en la CICIG porque funcionaba como su abogado “sin paga” y tenía una relación estrecha con Velásquez.
Carrillo Marroquín obtuvo la representación legal del banco ruso el 26 febrero de 2014 y el 3 de noviembre de ese año el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, pidió a la entonces fiscal, Thelma Aldana, trasladar el expediente MP001-2014-1433, de los Bitkov, de la Fiscalía Metropolitana a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
A partir de ahí inició el calvario para Igor, Irina y su hija Anastasia, así como para su hijo más pequeño, Vladimir, quien fue apartado de sus padres sin ninguna consideración. Ellos obtuvieron nueva identidad en 2009 tras pagar a la entidad Cutino Internacional y recibir sus documentos en las oficinas del Registro Nacional de las Personas (Renap) y en la entonces Dirección General de Migración.
La persecución penal contra esta familia también marcó el principio del final de la CICIG de Iván Velásquez, pues el caso llegó hasta el Senado de Estados Unidos que congeló un millonario aporte de ese país.
Congresistas de renombre, como Marco Rubio, cuestionaron el proceder de la Comisión contra los rusos y consideraron que hubo influencia del régimen de Putin en este caso. Es decir que observaron motivos políticos y supuestos acuerdos entre el Kremlin, la CICIG, la Fiscalía a cargo de Thelma Aldana y algunos jueces que resolvían de la mano de Iván Velásquez.
Los abogados de los Bitkov presentaron lo sucedido en la llamada Comisión Helsinki en 2018. En esa audiencia participó el empresario Bill Browder, promotor de la Ley Magnitsky, regulación creada inicialmente en Estados Unidos para sancionar a funcionarios rusos señalados de abusos y a violadores de derechos humanos.
Alfonso Carrillo se esconde
Un abogado cercano al proceso comentó que cuando Alfonso Carrillo Marroquín logró la representación de Gazprombank, el caso caminó “a cien por hora”, pero el abogado no figuró en las audiencias.
La familia rusa obtuvo los documentos en 2009 y durante seis años no tuvo problemas para movilizarse dentro y fuera de Guatemala. Pero cuando Carrillo Marroquín convenció a Velásquez de tomar este caso fuera de su mandato de combatir grupos criminales paralelos al Estado, en menos de tres meses “investigó” y capturó a los rusos.
Los extranjeros que no eran parte de la estructura que operaba en Migración y en el Renap, desarticulada un año antes, obtuvieron documentos de Cutino Internacional, una entidad a la que la CICIG y la Fiscalía no investigaron, pero que con el paso del tiempo se corroboró que siguió operando y estafando a otras personas.
La Fiscalía y la CICIG acusó a la familia rusa de los delitos de supresión y alteración del estado civil y quedó en prisión provisional. El juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo B, escuchó que la hija de Igor Bitkov, Anastasia, padecía de trastorno bipolar y otras secuelas por agresión sexual, pero no hubo consideración, igual que su madre, pasaron varias noches en las bartolinas, durmiendo en el suelo.
La peor parte fue para el pequeño Vladimir Bitkov. La CICIG también lo “investigó” y lo separó de la persona que lo cuidaba. Fue enviado a un orfanato a sus apenas 3 años. La jueza de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia, María Reyna Salazar, quien adoptó esta resolución en 2015, perdió su inmunidad y en la actualidad está separada del cargo por una investigación en su contra debido a esta resolución.
La jueza fue denunciada por los padres de Vladimir porque el niño fue maltratado durante 42 días. El pequeño registró, según la documentación, conjuntivitis, diarrea, parásitos, amebas, cicatriz sobre el ojo derecho, un diente roto y otras lesiones, aparte del daño emocional.
Salazar no respaldó la decisión de una jueza anterior que otorgó la custodia a la niñera del menor y al abogado de la familia.
Los siguientes tres años los Bitkov enfrentaron el proceso encarcelados. En enero de 2018 el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yasmín Barrios, los condenó con las penas máximas. Igor Bitkov fue sentenciado a 19 años, mientras que su esposa y su hija a 14 años de cárcel.
Pero tres meses más tarde la Corte de Constitucionalidad (CC), presidida por Gloria Porras, anuló la condena y ordenó volver el proceso a la fase intermedia. Los rusos fueron enviados a juicio por Erika Aifán, del Juzgado de Mayor Riesgo D y el fallo del máximo órgano constitucional fue revisar el estatus de los Bitkov, debido a que los migrantes no pueden ser juzgados en casos penales, según la Convención de Palermo, suscrita por Guatemala.
La CC razonó que su fallo fue por “advertir agravio que ameritó el otorgamiento de la protección constitucional, ya que la autoridad cuestionada, al dictar auto de apertura a juicio, no realizó la debida motivación y fundamentación, pues no dio una respuesta razonable y acorde al planteamiento realizado por el postulante sobre la eximente de responsabilidad penal derivado de lo regulado en la normativa ordinaria y el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire” (Convención de Palermo)”.
Pero Aifán consideró que los rusos no eran migrantes sino refugiados y por tanto no les aplicó la Convención de Palermo y de nuevo los envió a juicio. Esta vez la CC, presidida por Gloria Porras, emitió una resolución favorable a Aifán, aunque con el voto desfavorable y razonado de los magistrados Neftaly Aldana y Dina Ochoa.
En el nuevo juicio la familia Bitkov fue condenada por el Tribunal de Mayor Riesgo D, presidido por Sara Yoc.
En todo este proceso el abogado Alfonso Carrillo Marroquín, como acostumbra, trató de no figurar de manera pública y dejó que fueran los abogados del VTB los que intentaran alguna participación como querellantes en el proceso contra los rusos, pero al final no fueron admitidos.
El final de la CICIG
Pero todo lo sucedido con los Bitkov fue del conocimiento del Senado de Estados Unidos y marcó el final de la CICIG.
Primero el senador Marco Rubio, del subcomité de relaciones exteriores de asuntos del hemisferio occidental, crimen transnacional, seguridad civil, democracia, derechos humanos y de la mujer, promovió congelar US$6 millones de EE. UU. hacia la CICIG.
"Me preocupa que la CICIG, una comisión financiada principalmente por Estados Unidos, haya sido manipulada es utilizada por elementos radicales y por la campaña de Rusia en contra de la familia Bitkov en Guatemala. La CICIG fue establecida por las Naciones Unidas y por Guatemala para enjuiciar la corrupción y los abusos contra los derechos humanos, no para participar en ella”, señaló el senador Rubio en un comunicado.
"Apoyo la idea detrás de esta Comisión, pero suspenderé la liberación de US$6 millones en fondos de contribuyentes estadounidenses hasta que tengamos respuestas claras sobre su papel en el maltrato a la familia Bitkov", añadió Rubio.
Unos días antes el Senado de Estados Unidos revisó el caso y sugirió suspender los fondos para la CICIG por los hechos denunciados por los abogados de la familia Bitkov. El copresidente de la Comisión sobre Seguridad y Cooperación en Europa, Cris Smith, promovió esta decisión que abrió el camino para no renovar el mandato de una Comisión, para ese entonces, señalada de diversos abusos e irregularidades.
Pero si el caso contra los Bitkov marcó el final de la CICIG, el proceso todavía no está cerrado en Guatemala. La familia rusa espera que se resuelvan acciones legales y se retomen las pesquisas contra exfuncionarios de la entonces Dirección General de Migración, como Mayra Véliz, exsecretaria del Ministerio Público de Thelma Aldana, quien se libró, en su momento, de las investigaciones que le salieron caras a Iván Velásquez.