La democracia no debe confundirse con la tiranía de la mayoría. En una república, ni siquiera la voluntad popular puede avalar que se incumpla o viole la ley; en Guatemala, el sistema de gobierno es republicano, es decir, un gobierno de leyes.
En tal sentido, el presidente Bernardo Arévalo debe cuidar sus palabras; esta semana expresó que está considerando la realización de una consulta popular para destituir a la Fiscal General (FG).
Aunque no adelantó detalles, la sola idea –posiblemente sugerida por algún mal asesor– desató una discusión pública en la que solo los más radicales miembros y corifeos del partido Movimiento Semilla apoyan la posibilidad de la consulta.
Sin embargo, una amplia mayoría –incluidos claros opositores a la gestión de la FG– se ha pronunciado en contra de esa posibilidad, por considerar que no es la vía idónea, o que no es deseable, habida cuenta del costo en tiempo, esfuerzo y dinero que representa esa posibilidad.
Desde antes de asumir la presidencia, ha quedado claro que la gestión de la FG es adversada por el Presidente y su equipo; han repetido hasta la saciedad su intención de removerla del cargo. Pero una cosa es querer y otra es poder. Ni hablar del deber. Más preocupante todavía, conociendo las desafortunadas declaraciones del presidente Arévalo a un medio de comunicación, en donde manifestó su intención de “tomar control sobre el Ministerio Público”.
En 2016, mediante una reforma casuística –y, por lo tanto, no general, abstracta e impersonal, como deben ser las leyes– se protegió a la entonces FG, Thelma Aldana. Para ello, se fijó como única causa justificada para la remoción –permitida al Presidente en la Constitución– que exista una sentencia condenatoria, ejecutoriada, por un delito doloso, cometido en el ejercicio del cargo. Una condición imposible.
República –al igual que muchas otras voces sensatas– se pronunció en contra de tal sinrazón, pero nuestra oposición fue desechada y tildada como “enemiga de la lucha contra la corrupción”. Hoy, hasta quienes apoyaron entonces la reforma para beneficio personal de Aldana, reconocen la inconveniencia.
Malas reformas legales no pueden ser enmendadas mediante una consulta popular que no solo no tiene ese espíritu, sino que en una república –sobre todo–, no puede estar por encima de las leyes. De ser así, podría imaginarse una consulta popular para, por ejemplo, aplicar la pena de muerte a un reo por delitos políticos. Lo prohíbe la constitución, pero bajo el argumento populista de que “si el soberano así lo decide”, se podría.
Se esté de acuerdo o no con la gestión de un funcionario como la FG, simplemente no se puede estar de acuerdo con que se realice un ejercicio populista para tomar una decisión por encima de una norma vigente. Esa sería una consulta populista más que popular.
La democracia no debe confundirse con la tiranía de la mayoría. En una república, ni siquiera la voluntad popular puede avalar que se incumpla o viole la ley; en Guatemala, el sistema de gobierno es republicano, es decir, un gobierno de leyes.
En tal sentido, el presidente Bernardo Arévalo debe cuidar sus palabras; esta semana expresó que está considerando la realización de una consulta popular para destituir a la Fiscal General (FG).
Aunque no adelantó detalles, la sola idea –posiblemente sugerida por algún mal asesor– desató una discusión pública en la que solo los más radicales miembros y corifeos del partido Movimiento Semilla apoyan la posibilidad de la consulta.
Sin embargo, una amplia mayoría –incluidos claros opositores a la gestión de la FG– se ha pronunciado en contra de esa posibilidad, por considerar que no es la vía idónea, o que no es deseable, habida cuenta del costo en tiempo, esfuerzo y dinero que representa esa posibilidad.
Desde antes de asumir la presidencia, ha quedado claro que la gestión de la FG es adversada por el Presidente y su equipo; han repetido hasta la saciedad su intención de removerla del cargo. Pero una cosa es querer y otra es poder. Ni hablar del deber. Más preocupante todavía, conociendo las desafortunadas declaraciones del presidente Arévalo a un medio de comunicación, en donde manifestó su intención de “tomar control sobre el Ministerio Público”.
En 2016, mediante una reforma casuística –y, por lo tanto, no general, abstracta e impersonal, como deben ser las leyes– se protegió a la entonces FG, Thelma Aldana. Para ello, se fijó como única causa justificada para la remoción –permitida al Presidente en la Constitución– que exista una sentencia condenatoria, ejecutoriada, por un delito doloso, cometido en el ejercicio del cargo. Una condición imposible.
República –al igual que muchas otras voces sensatas– se pronunció en contra de tal sinrazón, pero nuestra oposición fue desechada y tildada como “enemiga de la lucha contra la corrupción”. Hoy, hasta quienes apoyaron entonces la reforma para beneficio personal de Aldana, reconocen la inconveniencia.
Malas reformas legales no pueden ser enmendadas mediante una consulta popular que no solo no tiene ese espíritu, sino que en una república –sobre todo–, no puede estar por encima de las leyes. De ser así, podría imaginarse una consulta popular para, por ejemplo, aplicar la pena de muerte a un reo por delitos políticos. Lo prohíbe la constitución, pero bajo el argumento populista de que “si el soberano así lo decide”, se podría.
Se esté de acuerdo o no con la gestión de un funcionario como la FG, simplemente no se puede estar de acuerdo con que se realice un ejercicio populista para tomar una decisión por encima de una norma vigente. Esa sería una consulta populista más que popular.