Desde ayer está vigente el Acuerdo Gubernativo 62-2024 que contiene el Código de Ética del Organismo Ejecutivo. Se trata de la un documento que no difiere en casi nada del Acuerdo Gubernativo 197-2004, suscrito en el gobierno de Oscar Berger, hace 20 años. 

• El acuerdo consta de 24 artículos que contienen directrices más que obvias de cuál debe ser el comportamiento de los funcionarios y empleados públicos. Incluye un decálogo de “principios” que deben cumplir los servidores públicos: responsabilidad, vocación de servicio, transparencia, pertinencia cultural, no discriminación, prudencia, primacía del bien común, adaptación, armonía y legalidad. 
• Además, contiene un apartado para mencionar las "obligaciones éticas y sus responsabilidades", como cumplir con su horario de trabajo, "mostrar buena conducta", y no usar los recursos públicos para su beneficio –específicamente menciona vehículos–, entre otros. 
• Otro punto es que las entidades del Ejecutivo deben establecer la "instancia de carácter técnico integrada por servidores públicos [...] la cual será encargada de las acciones en materia de probidad". Lo que se pretende es que esta vele por la divulgación y cumplimiento del código. 

Por qué importa. El gobierno de Bernardo Arévalo justifica la creación del código como parte de los esfuerzos para "combatir la corrupción", que hasta ahora han sido "insuficientes".  

• El documento, además de ser una copia del acuerdo derogado de hace dos décadas, no incluye acciones concretas que sí demostrarían que en esta administración habrá un cambio hacia conductas éticas y transparentes. 
• Por ejemplo. La declaración jurada patrimonial –que incluye empresas, bienes, vehículos y dinero– de los funcionarios, seguirá sin ser pública, pese al ofrecimiento de Arévalo. Tampoco se menciona que todas las reuniones del presidente, para empezar, –excepto las que tengan que ver con seguridad nacional– sean públicas, como la que recién realizó con diputados en Casa Presidencial. 
• Otro punto ausente del código de ética es lo relacionado con el desigual salario, bonos y dietas que reciben algunos funcionarios del Ejecutivo –Arévalo a la cabeza–. Y la obligación de hacer públicas las denuncias –no el anuncio– contra empleados públicos señalados de actos al margen de la ley. ¿Y qué decir del acceso a las fuentes de información? Por ahora solo es una promesa, incumplimiento que no va en la ruta de la "buena conducta" de los servidores públicos. 

En conclusión. El Código de Ética del Organismo Ejecutivo no refleja un compromiso serio y concreto hacia un cambio real de acciones en el Estado. 

• El anterior catálogo –de 2004– podría seguir vigente porque solo se modifica en pequeños temas como, en vez de incluir a asesores, abarca a contratistas. 
• A partir de ahora y en un plazo de dos meses, todos los servidores públicos deben firmar el código. ¿Qué diferencia habrá en las conductas de los empleados con tan solo una firma? Con seguridad no habrá ningún cambio porque el compromiso es obvio y superficial. 
• Un primer paso sería que el más alto funcionario del Ejecutivo dé el ejemplo con acciones éticas. Un salario acorde con las condiciones del país y la situación económica de la mayoría de los guatemaltecos. También, revisar el salario de sus ministros y secretarios, así como abrir las puertas para lo que publicitan: "un gobierno abierto y facilitar el proceso de auditoría social