Tras dos años bajo régimen de excepción, El Salvador necesita de una política institucional para mantener la guerra contra las pandillas sin facilitar la corrupción.  

Panorama general. El pasado 27 de marzo se cumplieron dos años desde la aprobación del régimen de excepción en El Salvador. 24 prórrogas después, el país ha visto una reducción sin parangón en sus cifras de homicidios. En 2023 se registraron solamente 154, con una tasa de 2.4 homicidios por cada 100 mil habitantes y un promedio de 0.4 diarios. 

• Fue el año menos violento en la historia del país, que en 2015 fue declarado el país más peligroso del mundo.

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• Por más de dos años, el gobierno salvadoreño ha librado una guerra contra las pandillas, fruto de la ruptura del pacto entre el gobierno y las maras en marzo de 2022.

• El Salvador, sin embargo, ha convertido la excepción –literalmente– en la regla, lo que genera cuestionamientos importantes sobre el “modelo Bukele”.  

Los datos. En 2015, El Salvador registró una tasa de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con los datos de la Policía Nacional Civil (PNC), la cifra de 2.4 en 2023 representa una reducción de homicidios de hasta un 97% con respecto a aquel año. A pesar de ello, El Salvador registra, desde 2016, una reducción de esta tasa todos los años: 103 en 2015; 81.2 en 2016; 60 en 2017; 51 en 2018; 36 en 2019; 19.7 en 2020 —influenciado por la pandemia—; 17.6 en 2021; 7.8 en 2022, y 2.4 en 2023. 

• El éxito del “modelo Bukele” se ha dado en un contexto dónde los homicidios llevaban una tendencia de siete años a la baja antes que iniciara el régimen de excepción.

• La gran interrogante sobre la guerra contra las pandillas de Bukele no es, por lo tanto, si el modelo es el mejor para resolver el problema de las pandillas, sino si será sostenible en el tiempo. 

Sí, pero. A pesar de haber mejorado las cifras del país en materia de seguridad, críticos del gobierno señalan el uso del régimen de excepción para facilitar la corrupción. En abril de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que exonera al gobierno de cumplir con los procedimientos legales para las compras y contrataciones del Estado, siempre que el régimen de excepción siga vigente. El gobierno de Bukele lleva casi dos años incumpliendo la Ley de Adquisiciones y Contrataciones. 

• Esto le ha permitido al ejecutivo evitar la publicación de los contratos para servicios y obras públicas y la evaluación de empresas o personas a las que se les adjudica, entre otros.

• Antes de que el oficialismo destituyera al anterior fiscal, Raúl Melara, la Fiscalía General de la República había indicado que alrededor del 66% de los contratos del Estado contenían anomalías. Esa información ahora es, para efectos prácticos, secreto de Estado.

• El gobierno también ha declarado bajo reserva todo lo relacionado al Plan Control Territorial y las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos —que por ley deben ser públicas—, entre ellas, la del presidente Bukele.  

Entre líneas. Con dos años de un gobierno fuera de los márgenes institucionales, El Salvador ha logrado contener el peligro de las maras. Con la aplanadora legislativa de Bukele y todos los órganos del Estado bajo su control, el régimen de excepción es innecesario. A pesar de contar con una política pública para el combate contra las pandillas —el Plan Control Territorial—, el gobierno salvadoreño parecería mantener suspendidas las garantías constitucionales para evitar el escrutinio público.

• El régimen de excepción también ha servido como negocio. El gobierno les cobra a las familias de los detenidos una cuota de US$ 170 al mes para compra de insumos: 35 por comida, 15 por artículos de higiene, 30 por vestimenta, 20 por limpieza y 70 por misceláneos.

• Adicionalmente, se les cobra por el uso de una tienda de conveniencia, con sobrecostos de hasta un 400% en algunos productos, lo que para algunas familias significa un costo adicional de hasta US$ 150. Desde marzo de 2022 a la fecha, el gobierno ha reportado alrededor de 80 mil capturas.

• Empleados del gobierno y de alcaldías controladas por el oficialismo han denunciado, también, que se les obliga a pagar una cuota mensual al partido Nuevas Ideas para conservar sus trabajos. Hecho que queda impune debido a la ausencia de mecanismos de control dentro del Estado. 

En conclusión. Los dos años de excepción le han dejado a El Salvador un país seguro, pero estancado económicamente y con un entramado de opacidad preocupante. El experimento salvadoreño ha dado resultados a corto plazo, sin embargo, la vigencia de la excepcionalidad y la falta de una política con visión a largo plazo se explican a través de incentivos perversos: la corrupción.

• El régimen de excepción le permite al gobierno operar sin mecanismos de control y obtener resultados populares –populismo– que le facilitan operar impunemente.

• El Salvador, sin embargo, necesita de un marco institucional que le permita no solamente mitigar temporalmente el fenómeno de las maras, sino también erradicarlo, evitar un futuro resurgimiento y, por supuesto, sin corrupción.