Resolver las solicitudes de antejuicio sin ver la posición política, económica o de amistad, para garantizar la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es la regla usada por los magistrados, según Ranulfo Rojas, presidente de la Corte; sin embargo, persisten cuestionamientos porque la actual CSJ se conformó con muchas dudas ya que varios de sus miembros no eran considerados idóneos para los cargos y sus actuaciones siguen bajo la lupa de las organizaciones civiles que vigilan el sector justicia.
Aguilar tomó la decisión de renunciar a su cargo antes de que el MP y la CICIG iniciaran contra él un proceso de antejuicio y se puso a disposición de la justicia antes de ser capturado. Otra fue la historia del magistrado Douglas Charchal, quien sí enfrentó un proceso de antejuicio, una decisión difícil para la Corte que decidió retirarle el antejuicio para que enfrentara la justicia.
Charchal fue procesado por el Juzgado de Mayor Riesgo B, por su presunta participación en el caso TCQ, tras influir para que se le otorgara una licencia de construcción a dicha terminal, un usufructo cuestionado por estar basado en supuestos pagos ilícitos a altos funcionarios, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
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Sin embargo, son cuestionamientos que no han sido sustentados hasta el momento por el MP y la CICIG para interponer un proceso de antejuicio en su contra, pero que para las organizaciones civiles la convierten en una persona no idónea para ser parte del Organismo Judicial.
Un mensaje a jueces y magistrados
El presidente de la CSJ, Ranulfo Rafael Rojas, dice que es evidente que han existido circunstancias que hacen necesario que los magistrados se retiren de la institución, lo que a su consideración, fortalece la confianza que la población debe tener en el Sistema de Justicia.
Rojas dice que con las resoluciones de la Corte, la población debe tener la confianza en el sistema tomando en cuenta que tanto las decisiones juridiccionales, como políticas, se toman a nivel de magistrados de la CSJ.
Además refiere que este mensaje debe ser tomado en cuenta por jueces de cualquiera de los ramos y magistrados de salas de apelaciones, para reafirmar que la judicatura, “es para ejercerla con un alto grado de responsabilidad”.
No hay autodepuración de la CSJ
Por su parte, Carmen Aida Ibarra del Movimiento Pro-Justicia, manifiesta que existe una autodepuración en la CSJ, “más bien ha sido una persecución penal contra dos miembros de la Corte”, por parte del MP y la CICIG, pero que “si dependiera de la Corte, no se hubiera tenido ningún avance”.
Según Ibarra, en algunos procesos de antejuicio se observa lentitud de los miembros de la Corte, principalmente en el caso de los diputados, porque “todavía creer tener deudas pendientes con las fuerzas parlamentarias que votaron por ellos”.
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Además, refiere que hay entre 7 y 8 magistrados de la CSJ, se siguen comportando como que si tuvieran deudas pendientes con los partidos politicos que los eligieron, por lo cual “no existe una depuración en el Organismo Judicial, por lo menos no en la CSJ, ni en la Corte de Apelaciones”.
Asimismo, refiere que el mayor reto que tiene la Corte es la independencia. “Si son independientes todo fluirá de manera natural, si la Corte sigue pensando que tienen facturas que pagar, no vamos a tener una CSJ y de apelaciones preparada para responder a un clamor por la justicia y contra la impunidad”.
En tanto, Marco Antonio Sagastume, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), señala que en el Organismo donde se ven los cambios es en el Judicial, “siendo un resultado positivo para el país”.
Sagastume dice estar satisfecho con esos cambios, porque demuestran que “nadie es tan poderoso para estar por encima de la Ley, algo que se ha dado varias veces en Guatemala“. Además, indica que en el mundo entero reconocen los avances que se han dado en los procesos que lleva el juez Miguel Ángel Gálvez.
Según el presidente del CANG, en el país la justicia está mal. “Hay gente que se pasa más tiempo de la supuesta condena en prisión preventiva que en la condena misma”, además considera “lamentable” que si hay avances en el Sistema de Justicia, no ocurran dentro del Ejecutivo y Legislativo.
Resolver las solicitudes de antejuicio sin ver la posición política, económica o de amistad, para garantizar la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es la regla usada por los magistrados, según Ranulfo Rojas, presidente de la Corte; sin embargo, persisten cuestionamientos porque la actual CSJ se conformó con muchas dudas ya que varios de sus miembros no eran considerados idóneos para los cargos y sus actuaciones siguen bajo la lupa de las organizaciones civiles que vigilan el sector justicia.
Aguilar tomó la decisión de renunciar a su cargo antes de que el MP y la CICIG iniciaran contra él un proceso de antejuicio y se puso a disposición de la justicia antes de ser capturado. Otra fue la historia del magistrado Douglas Charchal, quien sí enfrentó un proceso de antejuicio, una decisión difícil para la Corte que decidió retirarle el antejuicio para que enfrentara la justicia.
Charchal fue procesado por el Juzgado de Mayor Riesgo B, por su presunta participación en el caso TCQ, tras influir para que se le otorgara una licencia de construcción a dicha terminal, un usufructo cuestionado por estar basado en supuestos pagos ilícitos a altos funcionarios, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
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Sin embargo, son cuestionamientos que no han sido sustentados hasta el momento por el MP y la CICIG para interponer un proceso de antejuicio en su contra, pero que para las organizaciones civiles la convierten en una persona no idónea para ser parte del Organismo Judicial.
Un mensaje a jueces y magistrados
El presidente de la CSJ, Ranulfo Rafael Rojas, dice que es evidente que han existido circunstancias que hacen necesario que los magistrados se retiren de la institución, lo que a su consideración, fortalece la confianza que la población debe tener en el Sistema de Justicia.
Rojas dice que con las resoluciones de la Corte, la población debe tener la confianza en el sistema tomando en cuenta que tanto las decisiones juridiccionales, como políticas, se toman a nivel de magistrados de la CSJ.
Además refiere que este mensaje debe ser tomado en cuenta por jueces de cualquiera de los ramos y magistrados de salas de apelaciones, para reafirmar que la judicatura, “es para ejercerla con un alto grado de responsabilidad”.
No hay autodepuración de la CSJ
Por su parte, Carmen Aida Ibarra del Movimiento Pro-Justicia, manifiesta que existe una autodepuración en la CSJ, “más bien ha sido una persecución penal contra dos miembros de la Corte”, por parte del MP y la CICIG, pero que “si dependiera de la Corte, no se hubiera tenido ningún avance”.
Según Ibarra, en algunos procesos de antejuicio se observa lentitud de los miembros de la Corte, principalmente en el caso de los diputados, porque “todavía creer tener deudas pendientes con las fuerzas parlamentarias que votaron por ellos”.
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Además, refiere que hay entre 7 y 8 magistrados de la CSJ, se siguen comportando como que si tuvieran deudas pendientes con los partidos politicos que los eligieron, por lo cual “no existe una depuración en el Organismo Judicial, por lo menos no en la CSJ, ni en la Corte de Apelaciones”.
Asimismo, refiere que el mayor reto que tiene la Corte es la independencia. “Si son independientes todo fluirá de manera natural, si la Corte sigue pensando que tienen facturas que pagar, no vamos a tener una CSJ y de apelaciones preparada para responder a un clamor por la justicia y contra la impunidad”.
En tanto, Marco Antonio Sagastume, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), señala que en el Organismo donde se ven los cambios es en el Judicial, “siendo un resultado positivo para el país”.
Sagastume dice estar satisfecho con esos cambios, porque demuestran que “nadie es tan poderoso para estar por encima de la Ley, algo que se ha dado varias veces en Guatemala“. Además, indica que en el mundo entero reconocen los avances que se han dado en los procesos que lleva el juez Miguel Ángel Gálvez.
Según el presidente del CANG, en el país la justicia está mal. “Hay gente que se pasa más tiempo de la supuesta condena en prisión preventiva que en la condena misma”, además considera “lamentable” que si hay avances en el Sistema de Justicia, no ocurran dentro del Ejecutivo y Legislativo.