La primera semana de junio de 2022 las autoridades realizaron varias redadas para capturar a presuntos pandilleros sospechosos de extorsión, sicariato y otros delitos. Los operativos “Firmes contra las Extorsiones” se ejecutaron del 19 de mayo al 2 de junio de 2022. 

Durante la acción de las fuerzas de seguridad fueron detenidas 87 personas sospechosas de integrar organizaciones criminales. Se incautaron Q179  mil 301  y se realizaron requisas en varios centros carcelarios. 

Más de seis años en prisión 

Esos operativos hacen recordar al Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) el caso de Carlos (nombre supuesto por seguridad). 

Carlos fue detenido junto con varias personas el 16 de mayo de 2011 por los delitos de obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita.  El 6 de junio de 2011 se realizó la primera declaración y un juzgado lo ligó a proceso penal. A pesar de lo estipulado en la normativa guatemalteca, el debate se realizó el 25 junio de 2013 y tres meses después (el 4 de septiembre) se dictó la sentencia absolutoria. 

Todo parecía que Carlos quedaría libre, pero el Tribunal de Sentencia Penal resolvió dejarlo en prisión hasta que el fallo quedara firme. Mientras tanto, el Ministerio Público (MP) apeló la decisión del tribunal y se ordenó repetir el juicio. 

Declaran la inocencia 

El 13 de julio de 2016 se repitió el debate y de nuevo los jueces del tribunal resolvieron que Carlos era inocente y fue absuelto. En noviembre de ese año recobró su libertad. 

Si hacemos el recuento de la historia, estuvo en prisión preventiva seis años, casi la pena de uno de los delitos. El abogado del instituto agotó todos los recursos legales, sin embargo la decisión siempre fue confirmar la prisión preventiva. Tenemos muchas personas que están en prisión preventiva y están a la espera de debate”, manifestó Edgar Meléndez, subdirector de la División de Coordinaciones Técnico Profesionales del referido Instituto. 

Meléndez asegura que después de 2015 los casos en prisión preventiva son más frecuentes y se complicaron durante la pandemia del covid-19, por las medidas restrictivas implementadas para prevenir los contagios en todas las instituciones judiciales. 

“Hemos notado que las resoluciones van encaminadas a la prisión preventiva. Incluso tenemos casos en los que los debates fueron programados para 2025, en la gran mayoría se piden cambios de medidas y en algunos se logra desvanecer los peligros procesales ”, agregó. 

Prisión preventiva 

Hasta abril de 2022 había 24 mil 759 personas en las 23 cárceles de Guatemala. El dato no incluye los datos en las prisiones a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC), de acuerdo con el último análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) h

De esa cifra, (24 mil 759) 13 mil 728 estaban condenadas y 11 mil 31 se encontraban en prisión preventiva, situación que contribuye al hacinamiento en los centros carcelarios. 

Factores que contribuyen al abuso de prisión preventiva 

• Suspensión de audiencias 

• Sistema Penitenciarios no realiza traslados 

• Reprogramación de audiencias 

• Audiencias muy largas