De acuerdo con Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, no apeló el cierre del caso penal contra la magistrada separada del cargo, Blanca Stalling, por "incongruencias en la acusación presentada por exfiscales". 

Entre las falencias citó que los exfiscales no ofrecieron como medio de prueba el celular, "un experto internacional realizó la extracción de la información del teléfono, existiendo en Guatemala instituciones que por ley deben hacerlo y la denuncia se presentó cuatro meses después". 

El Ministerio Público es garante del estricto cumplimiento de la ley y no se presentará apelaciones derivado de las falencias advertidas. (...) Son notorias las debilidades en las investigaciones y en ese momento se obviaron principios fundamentales (...) por lo tanto no se apelará porque no cuenta con sustento”, manifestó Curruchiche. 

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Antecedentes del proceso

• El caso se origina en 2016 cuando la sindicada cita a su despacho al juez Carlos Ruano.
• En enero de 2017, cuatro meses después, se presentó la denuncia y se  proporcionó el celular donde se extrajo la transcripción del audio.
• El 17 de mayo de 2017 se presentó la solicitud de acusación y apertura a juicio contra Stalling por el delito de tráfico de influencias 
• La denuncia contra Stalling fue presentada por supuestamente haber presionado al juez Carlos Ruano y lograr así beneficiar a su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, quien estaba señalado en el caso IGSS-PISA-Chiquimula.
• Stalling fue capturada en febrero de 2017 cuando ingresaba en una tienda de la zona 10.
• Su detención llamó la atención, pues utilizaba una peluca y leggins para burlar a las autoridades.
• Dos años después se conoció que Estados Unidos le revocó la visa a ella y a sus hijos.
• El 29 de junio de 2022 el juez Víctor Cruz cerró la investigación contra Blanca Stalling