Una noticia reciente ha destapado los manejos financieros de esta malograda institución. Se ha ventilado, en los titulares de los diarios impresos, que la Universidad ha adjudicado alrededor de 150 millones de quetzales sin licitación ni concurso alguno. Ha asignado directamente esta cantidad para adquirir bienes y servicios, omitiendo los procedimientos legales a que está obligada según la Ley de Contrataciones del Estado. Ya vemos venir el argumento favorito de esta maltratada casa de estudios: la autonomía universitaria. 

Esta figura, tan invocada como desconocida, como abusada, es consecuencia de las mejores intenciones de los estudiantes argentinos, los que en la segunda década del siglo XX se rebelan en la Universidad de Córdoba, para exigir la modernización de los estudios universitarios, creando un paquete de exigencias, entre las cuales estaba la Autonomía Universitaria, y que consistía en dotar a las casas de estudios superiores un gobierno propio interno, constituido por sus propios estudiantes y egresados. En Guatemala, según contó Epaminondas Quintana, las reformas de Córdoba vinieron en los años veintes, cambiando el panorama educativo e insertando a Guatemala en el mundo moderno de las teorías educativas y la lucha de ideologías. Para el caso de la USAC, este principio bienintencionado está recogido en el artículo 82 de nuestra Constitución Política: “La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica…”, calidad administrativa que, sin embargo, no es sinónimo de independencia, como erróneamente se ha querido interpretar. Recordemos la postura de la Universidad frente a las intenciones de la Contraloría General de Cuentas de auditarla. Se han negado aduciendo razones de autonomía. 

Sin embargo, hace falta tan sólo un párrafo y citar dos artículos constitucionales para desechar estos argumentos que pecan de simpleza. El artículo 84 de nuestra Constitución, a la Universidad dispone otorgar “…una asignación privativa no menor del cinco por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado…”, es decir que su financiamiento no lo genera la propia actividad de la casa de estudios superiores, sino que proviene directamente de los fondos del Estado. O lo que es lo mismo: del bolsillo de los ciudadanos que todavía tributamos. Así las cosas, siendo que el dinero que gasta a manos llenas y sin ninguna supervisión proviene del trabajo de los gobernados (que no necesariamente pasan por sus aulas, pero este es otro cantar), no puede argumentarse razones de autonomía para oponerse a una fiscalización eficaz por parte de la Contraloría General de Cuentas, ente ineficiente entre los ineficientes, pero que tiene asignada una obligación constitucional, consignada en el artículo 232, de acuerdo al cual a este elefante blanco le corresponde ejecutar: “…funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas…”. 

Estamos entonces ante un tema eminentemente político, en el que conviene tener al rector de la USAC de aliado, no vaya a ser que elija a los equivocados en esas importantes Comisiones de Postulación. El propio Estado está permitiendo la atomización del poder político en nuevos señoríos, olvidando la lección moral del matapalo, ese bejuco que crece a la sombra de un árbol mayor al que acaba asfixiando y matando.