Diversos grupos y personas con clara línea de izquierda tomaron como bandera la narrativa anticorrupción y han promovido la "franquicia CICIG" en El Salvador, Honduras, y en Colombia. Las pretendidas entidades nacen con el mandato de la lucha contra la impunidad, pero luego, con la intención de alinear sus intereses con las comisiones, la izquierda cambia el discurso de impunidad por corrupción. 

• La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), no murió en 2019 cuando el entonces presidente Jimmy Morales decidió no renovar su mandato. El propio exjefe de la entidad –ahora ministro de la Defensa de Colombia– Iván Velásquez, sueña con replicar el experimento en su nación y otros países. Junto con el abogado Alfonso Carrillo, fundaron la Corporación Justicia y Democracia para que, en sociedad, alcancen sus fines ideológicos y económicos. 
• El modelo –principalmente en Honduras– es impulsado por exfuncionarios de la CICIG, como la abogada guatemalteca Ana Gabriela Contreras y el italiano Amérigo Incalcaterra. Ambos se han reunido en más de tres ocasiones con autoridades hondureñas para el efecto.  Otro guatemalteco y abogado que conforma esta red es Arturo Aguilar, exasesor político de la CICIG, así como de la exfiscal Claudia Paz y Paz. También laboró en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y en la Seattle International Foundation (SIF). En la actualidad es Director para Centroamérica de la Rockefeller Brothers Fund. 
• El primer paso se dio con la cuestionada Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), avalada por la OEA, la que funcionó en ese país de 2016 a 2020. El gobierno de izquierda de Xiomara Castro está en el proceso de instalar la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), más parecida a la CICIG. El respaldo es de la ONU y sus funcionarios, relacionados entre sí en esta y otras entidades como la OEA. 

Por qué importa. En Guatemala, la CICIG funcionó durante 13 años a cargo de tres comisionados. Cada uno marcó una etapa de la institución financiada por países cooperantes. Su misión fue combatir los grupos criminales paralelos al Estado, pero muchas de sus acciones se hicieron con fines políticos.  

• La gestión más cuestionada fue la de Velásquez. En su intento por elevar la figura de la exfiscal Thelma Aldana con el propósito de buscar la presidencia del país, cometió diversas ilegalidades –violación a debido proceso, entre otras– que hasta la fecha tienen repercusiones en el sistema de justicia y el desarrollo de Guatemala. 
• El ahora ministro de Gustavo Petro cooptó la CICIG con abogados, investigadores y policías de Colombia, personas que trabajaron como él cuando fue magistrado auxiliar. Además, de Guatemala contrató a mandatarios ligados a organizaciones de izquierda, como la Fundación Myrna Mack. 
• Velásquez fue señalado de simpatizar con los grupos de izquierda y operar de acuerdo con esos intereses políticos; el tiempo confirmó lo que se dijo, pues es el funcionario de más confianza del presidente y exguerrillero Petro. Es tal su influencia, que su mano derecha en la CICIG, Luz Adriana Camargo Garzón, fue nombrada fiscal general de Colombia. 

En perspectiva. En El Salvador, cuando inició el gobierno de Nayib Bukele, el partido Movimiento Semilla –de izquierda– tuvo acercamientos con la entonces candidata a la presidencia de Guatemala: la exfiscal Aldana. Uno de los puntos que los unió fue la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), apoyada por la OEA.  

• Aunque se mencionó a Aldana para dirigir la CICIES –y ella estaba anuente a "apoyar la lucha contra la corrupción en El Salvador–, fue nombrado otro guatemalteco: Ronalth Iván Ochaeta Argueta, padre de un diputado electo por Semilla. 
• Ochaeta fue director y cofundador de ODHAG, entidad de la Iglesia Católica vinculada con grupos de izquierda. Fue cercano al sacerdote Juan Gerardi, quien dirigió el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), documento que destacó presuntos crímenes del Ejército, pero fue benevolente con la guerrilla. 
• La entidad tuvo una corta vida. Funcionó de septiembre de 2019 a junio de 2021. Bukele no vio bien el intento de la OEA de contratar como asesor político a Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador y opositor del gobierno. Además, lo más grave, es que Muyshondt era procesado por malversación de fondos y lavado de dinero, entre otros delitos. 

En conclusión. La izquierda eleva la voz de lucha anticorrupción y sigue promoviendo la "franquicia CICIG", pese a las irregularidades cometidas en Guatemala. 

• Estos grupos viven y operan con financiamiento de entidades como Rockefeller Brothers Fund, Ford Foundation, Seattle International Foundation y Open Society Foundation, por citar algunas. 
• Su objetivo es prevalecer su ideología mediante acciones aparentemente buenas como la lucha anticorrupción. 
• Sus más altos dirigentes, como el caso de la CICIG, gozaron de inmunidad y trataron de ser intocables, incluso de sus propios empleados, como el caso de la hermana de Ochaeta, que durante 7 años reclamó sus derechos laborales por despido injustificado.