El presidente Bernardo Arévalo ha sufrido una derrota política más, la que se suma a una creciente lista, sobre todo, considerando el poco tiempo que ha transcurrido de su mandato; parece no dar pie con bola. Los cientos de videos subidos a redes sociales no son gobernar. 

A partir del 14 de enero de este año, Arévalo debió dejar la retórica de campaña, sin embargo, se ha enfrascado en una –aparente– pugna en contra de la Fiscalía General y ha pretendido hacer creer que a él no le es posible gobernar por culpa de lo que ocurre en otras instituciones u organismos del Estado.  

Cierto es que la lucha contra de la corrupción fue el estribillo de campaña que –probablemente– convenció a la mayoría de los votantes a elegirlo, pero su mandato no es el de encargado de la persecución penal, sino el de jefe del Ejecutivo.  

No es por culpa de que el MP no persiga diligentemente los muchos actos de corrupción del gobierno pasado –algo que le debe a la ciudadanía– que el Ejecutivo no ejecuta; no ejecuta por incapacidad. Por supuesto que deben investigar y castigarse a los responsables del latrocinio, pero las atribuciones y facultades del Ejecutivo son otras, y en ellas ha sido remiso. 

La incapacidad de ejecución del Ejecutivo tampoco es culpa –o responsabilidad– del Legislativo. Hasta ahora, Arévalo ha tomado una página del manual populista y ha pretendido escudarse echándole la culpa a otros. Antes, cuando las cosas no salían como los gobernantes socialistas querían, le echaban la culpa “al imperio”. Arévalo no puede decir eso, entonces culpa a enemigos internos. 

Pero es que las funciones y atribuciones del Ejecutivo están definidas en la Constitución y en la propia Ley del Organismo Ejecutivo. Harían bien Arévalo y sus asesores en releerlas y aplicarlas. 

¿Qué puede y debe hacer el Ejecutivo por sí? Por ejemplo, ordenar las carteras de ese organismo. Algo que la ciudadanía le aplaudiría es –de una buena vez– extirpar a Joviel Acevedo del sistema educativo, quien pretende seguir negociando privilegios en secreto para él y la dirigencia sindical. En este caso, en lugar de tomar una decisión ejecutiva, la ministra de Educación solicita a Acevedo que, por favor, retire su solicitud de confidencialidad y, como lavándose las manos, le pide a la Corte de Constitucionalidad que opine sobre si es dable ese secretismo.  

Más que denunciar –que está bien, pero no es suficiente– Arévalo y su gabinete deben ejecutar el presupuesto e invertir, contratando de manera transparente y eficiente la construcción de carreteras, hospitales, escuelas, etc. De entrada, eso lo diferenciaría de sus antecesores y también sería aplaudido. 

Como un logro patente de la administración actual puede mencionarse su gestión para que los atletas guatemaltecos pudiesen acudir a las olimpiadas portando la bandera de su país. Eso, como una mención de la hasta ahora buena gestión en materia internacional. Para ello, no necesitó que el Congreso hiciera nada, ni que la fiscalía lo apoyase.  

El presidente Arévalo tiene la oportunidad –como la han tenido sus antecesores– de hacer una gestión transparente y eficaz que saque adelante al país. Sus antecesores desperdiciaron su oportunidad; por el bien del país, se espera que él no desperdicie la suya.