La república o Estado de Derecho es un sistema de gobierno de leyes, que para ser legítimas deben ser universales, generales y abstractas en donde nadie es superior a la ley. Nadie, ni los gobernantes mismos. Todos son iguales ante la ley. Esta igualdad jurídica dentro de un Estado constituye aquella relación entre los ciudadanos según la cual nadie puede vincular jurídicamente a otro sin someterse él mismo a la ley y poder ser, así mismo, obligado a su vez.
El Estado despótico es un sistema de gobierno de hombres por medio de decretos o leyes privadas (privilegios) que son particulares, con destinatario determinado, y específica, en donde algunos están por encima de la ley (ilegítima). En otras palabras, la ley es lo que los gobernantes dicen que es y se aplica a quienes ellos quieren, por lo que no existe igualdad jurídica. Es decir, que algunos pueden vincular jurídicamente a otro sin someterse ellos mismos a la ley.
Acabamos de ser testigos de la imposición de Bernardo Arévalo como presidente. Fue impuesto por un grupo de demócratas del Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica y un grupo de burócratas de la Unión Europea y de la OEA. Lo hicieron por medio de la intimidación violenta en forma de amenazas de retirar visas y colocar a los disidentes en listas negras políticas con el fin de arruinarles sus vidas, tanto financieramente como en su reputación. Pretendieron justificar su agresión totalitaria alegando proteger la democracia. ¡Vaya contradicción! Se valieron de falacias ad hominem tildando de antidemocráticos a quienes se atrevían a defender el Estado de Derecho guatemalteco. Sólo les faltó traer a sus tropas para obligar a los ciudadanos a obedecer sus mandatos. La ley les importó un bledo.
La Corte de Constitucionalidad notificó que el grupo semilla no podía integrar planilla ni designar candidato para presidente a Samuel Pérez porque el partido político está suspendido temporalmente. Pero a estos déspotas no los detuvo esta minucia y declarando “inconstitucional” la orden de la Corte de Constitucionalidad, procedieron a nombrar a Pérez como presidente del congreso. Obviamente la ley no les importó ni pizca, pues según ellos la ley es lo que a ellos se les antoja.
Una vez Samuel Pérez fue nombrado ilegalmente como presidente del congreso, procedió como usurpador del cargo a juramentar a Bernardo Arévalo. Al no tener calidad para juramentar al candidato, la ceremonia carece de validez. Así que Arévalo no es el presidente legítimo de ningún país. Pero a estos corruptos que les importa la legitimidad y la ley pues ellos no se someten a la misma.
El fraude pues, a sido consumado. Para ello lo hicieron violando la Ley Electoral y de Partidos Políticos la Constitución Política de la República, el Código Penal, y las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.
El imperio de la ley ya no existe. Ahora impera la voluntad del déspota.
La república o Estado de Derecho es un sistema de gobierno de leyes, que para ser legítimas deben ser universales, generales y abstractas en donde nadie es superior a la ley. Nadie, ni los gobernantes mismos. Todos son iguales ante la ley. Esta igualdad jurídica dentro de un Estado constituye aquella relación entre los ciudadanos según la cual nadie puede vincular jurídicamente a otro sin someterse él mismo a la ley y poder ser, así mismo, obligado a su vez.
El Estado despótico es un sistema de gobierno de hombres por medio de decretos o leyes privadas (privilegios) que son particulares, con destinatario determinado, y específica, en donde algunos están por encima de la ley (ilegítima). En otras palabras, la ley es lo que los gobernantes dicen que es y se aplica a quienes ellos quieren, por lo que no existe igualdad jurídica. Es decir, que algunos pueden vincular jurídicamente a otro sin someterse ellos mismos a la ley.
Acabamos de ser testigos de la imposición de Bernardo Arévalo como presidente. Fue impuesto por un grupo de demócratas del Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica y un grupo de burócratas de la Unión Europea y de la OEA. Lo hicieron por medio de la intimidación violenta en forma de amenazas de retirar visas y colocar a los disidentes en listas negras políticas con el fin de arruinarles sus vidas, tanto financieramente como en su reputación. Pretendieron justificar su agresión totalitaria alegando proteger la democracia. ¡Vaya contradicción! Se valieron de falacias ad hominem tildando de antidemocráticos a quienes se atrevían a defender el Estado de Derecho guatemalteco. Sólo les faltó traer a sus tropas para obligar a los ciudadanos a obedecer sus mandatos. La ley les importó un bledo.
La Corte de Constitucionalidad notificó que el grupo semilla no podía integrar planilla ni designar candidato para presidente a Samuel Pérez porque el partido político está suspendido temporalmente. Pero a estos déspotas no los detuvo esta minucia y declarando “inconstitucional” la orden de la Corte de Constitucionalidad, procedieron a nombrar a Pérez como presidente del congreso. Obviamente la ley no les importó ni pizca, pues según ellos la ley es lo que a ellos se les antoja.
Una vez Samuel Pérez fue nombrado ilegalmente como presidente del congreso, procedió como usurpador del cargo a juramentar a Bernardo Arévalo. Al no tener calidad para juramentar al candidato, la ceremonia carece de validez. Así que Arévalo no es el presidente legítimo de ningún país. Pero a estos corruptos que les importa la legitimidad y la ley pues ellos no se someten a la misma.
El fraude pues, a sido consumado. Para ello lo hicieron violando la Ley Electoral y de Partidos Políticos la Constitución Política de la República, el Código Penal, y las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.
El imperio de la ley ya no existe. Ahora impera la voluntad del déspota.