El país enfrenta un enorme desafío para generar condiciones que fomenten el empleo digno. Si lejos de ver la ocupación informal como un problema, se observa como un reto, Guatemala tiene un gran potencial. 

• De los 6.9 millones de personas ocupadas, 4.9 millones realizan labores en la informalidad. No están sujetas a regulaciones laborales y a la seguridad social. En ese sector no se encontrarán empleos dignos. 
• Para lograr esa categoría el trabajador debe contar con protección legal y social, ingresos que le permitan cubrir sus necesidades básicas, respeto a sus derechos humanos y un ambiente de libertad para organizarse. 
• Otra característica del empleo digno es tener acceso a mejorar sus condiciones laborales sin ningún obstáculo por razón de género, origen étnico o cualquier otra razón. 

En perspectiva. A mediados de abril el gobierno realizó la primera reunión de la Comisión Nacional de Empleo Digno (CNED). Esta instancia está integrada por los ministros de Trabajo, Desarrollo Social, Economía, Educación y Agricultura. 

• La comisión plantea como retos principales aumentar la productividad y cobertura de la seguridad social, disminuir las barreras de acceso de las mujeres al mercado laboral y reducir la brecha de ingreso que las afecta. 
• Además, se plantea la oportunidad de aprovechar la abundante población joven para generar nuevas oportunidades de trabajo mediante más capacitación técnica. 
• Invertir en educación y salud, son temas importantes que observa la citada comisión para avanzar en la creación de empleos dignos. 

Por qué importa. La escueta presentación del Ministerio de Trabajo al anunciar la primera reunión de la CNED, no detalla cómo alcanzarían sus objetivos. Menos se indica cómo pasar de la informalidad a la formalidad -empleo digno- a casi 5 millones de personas. 

• Sin duda, el primer paso es promover más empresas, quitar obstáculos burocráticos y, lejos de cerrar las puertas a actividades productivas -minería por ejemplo que genera empleos dignos-, se debe promover un diálogo en el que todos ganen. 
• El gobierno de Bernardo Arévalo anunció que durante dos años no se extenderán nuevas licencias para aprovechar los recursos naturales. En el Congreso la ley que se analiza establece un plazo más amplio: 10 años. Esta decisión va contra el propósito de promover empleos dignos. 
• ¿En qué se ocuparán las más de dos mil familias beneficiadas con trabajos formales en el Valle del Polochic si persiste el cierre de las minas? Esta es un área con limitadas opciones y solo queda el camino de migrar dentro o fuera del país.  

En conclusión. Más que reuniones y nuevas comisiones, a Guatemala le urgen más inversiones. Nuevas fuentes de empleo formal que buscan territorios con certeza jurídica, sistemas de justicia imparciales y leyes laborales flexibles que beneficien al trabajador. Además de otras condiciones como buena infraestructura vial y aeroportuaria. 

• Los salarios establecidos según la región o actividad productiva, la contratación temporal y otras iniciativas que establezcan nuevas opciones de trabajo, son necesarias y deben seguirse impulsando. 
• Lo anterior no significa que la flexibilidad escape de la regulación laboral o de la protección social al empleado. Deben ser trabajos formales, dignos, pero sin camisa de fuerza que solo afecta a las personas que buscan una fuente de ingresos. 
• Sobra reiterar que el país tiene una posición geográfica envidiable. Una fuerza laboral joven y emprendedora, así como un sector privado que invierte tres veces más del capital que proviene del extranjero. Nada más queda establecer puntos convergentes entre lo público y privado, y trabajar unidos por el bien común.