Los escenarios para renovar las cortes en 2024 se prevén sin cambios a lo ocurrido en años anteriores: lluvia de amparos, presiones, encerronas, reuniones paralelas a las actividades y diversidad de amaños. 

Sí, pero. La convocatoria es una preocupación, por los tiempos para integrar las listas con los profesionales idóneos y honorables, —reuniones, elaboración de perfiles, cronograma de evaluación, entrevista—. Algunas fuentes consideran que el tiempo es muy corto para la cantidad de expedientes que deben analizar los comisionados. Por años, organizaciones sociales han coincidido en que debería hacerse antes de junio para ganar tiempo.  

• En el último proceso (2019-2024) se logró ese objetivo. El Congreso de la República llamó a la integración ocho meses antes. No obstante, una acción legal presentada por Eleonora Muralles (FADS) causó que se suspendiera y se repitiera el proceso.
• La Ley de Comisiones de Postulación establece que el Congreso deberá convocar con cuatro meses de anticipación a que termine el plazo para el que, constitucional o legalmente, fueron electos. 
• “Lo ideal sería que las comisiones empezaran antes, para tener más tiempo en llevar a cabo una evaluación adecuada. Sin embargo, por el antecedente mencionado, se corre alto riesgo de que se interponga recursos y tenga que repetirse la convocatoria e integración”, indicó Mónica Marroquín, subdirectora de Investigación y Análisis de Guatemala Visible. 

En el radar. Además, analistas consideran que el panorama de las Comisiones de Postulación no sorprenderá, a pesar de las investigaciones que se develaron por el Ministerio Público (MP), y que involucraron a operadores al margen de la ley. Citan el caso denominado Comisiones Paralelas 2020.  

• Avizoran más de lo mismo con diferentes acciones o medidas en el proceso: operadores de justicia más activos que nunca. 
• También el uso de la justicia como mecanismo para presionar y tratar de doblegar voluntades, como ocurrió en 2022 en el evento de elección de fiscal general, recordó el Movimiento Projusticia.  
• Más amparos, interpretaciones y acciones legales en el Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad, que ponen en riesgo el proceso, atrasando o bloqueándolo. Sin dejar, por un lado, los ataques contra los aspirantes que no coincidan con determinados sectores, se agrega. 

Hemeroteca. Recién el presidente Bernardo Arévalo, en una gira por Estados Unidos, solicitó a la Organización de Estados Americano (OEA) que acompañe el proceso de las comisiones con una misión de observadores. “Estamos en la víspera de una batalla jurídica, pero, sobre todo, política. Se enfrentará a los grupos que controlan el aparato judicial en la selección de una Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones; por ello el respaldo internacional continúa siendo importante”, dijo Arévalo.  

• La petición fue aplaudida por algunos, para otros fue una medida innecesaria, injerencia o bien un gesto de publicitario para respaldar el lema de la transparencia y lucha contra la corrupción en todos los sectores.  
• En conclusión. Los entrevistados recomiendan al Congreso y a los futuros comisionados, analizar sus decisiones, porque han sido procesos judicializados; la Corte de Constitucionalidad deberá velar por la pureza del proceso y el respeto a los plazos establecidos, coinciden. 
• Consideran un peligro que sigan los grupos cuestionados de siempre. También es evidente el temor de algunos profesionales por acciones legales, ataques en redes sociales y amenazas. 
• En periodos atrás se han criticado las reuniones de los integrantes de las comisiones para negociar, encuentros que no se deben satanizar. El problema son aquellas citas con operadores, que trabajan de manera paralela para injerir en la elección.