Los profesionales seleccionados para dicho listado fueron: Thelma Aldana, Rony López, María Consuelo Porras, Eunice Mendizábal, Édgar Enrique Lemus Orellana y Julio César Rivera Clavería. 

Con respecto a este listado, el analista Ramón Parellada, de la Universidad Francisco Marroquín, opinó que le parecía que los integrantes de la comisión habían hecho un buen trabajo en el procesamiento de la información que tuvieron de cada uno de los candidatos. “Creo que ahora le resta al Presidente de la República evaluar y sopesar quien de ellos puede ser la mejor opción para ocupar el cargo”, afirmó. 

Sobre la decisión de no incluir a la actual Fiscal, Claudia Paz y Paz, en el listado final indicó que había sido una fiscal que había cometido el error de sesgarse ideológicamente: “En su puesto, tomar una bandera ideológica es el peor error que pudo haber cometido; un fiscal debe ser objetivo y trabajar para todos los sectores de la población. Incluso se atrevió a inventar cargos que no existen en nuestra Constitución, como el de genocidio y eso es terrible en un operador de justicia”. 

Por su parte, la diputada Nineth Montenegro afirmó que si la Comisión de Postulación había tomado la decisión de elegir esa lista, esperaba que fuera de acuerdo a los méritos de cada aspirante, dejando por un lado cualquier inclinación ideológica de izquierda o derecha que pudieran tener cualquiera de ellos, aunque no quiso emitir un criterio sobre candidato en particular. 

Analistas coinciden que los retos que se pueden identificar para el que ocupe el cargo de Fiscal General, de acuerdo a la experiencia de la última gestión, pueden agruparse en cuatro grandes grupos: La descentralización o presencia del Ministerio Público a nivel nacional; la continuidad de las políticas efectivas que permitieron una leve disminución en los índices de impunidad; la revisión de la forma de litigar, en cuanto a la separación de la investigación y la acusación en juicios; y el fortalecimiento institucional de la cadena de justicia desde la persecución penal . 

La continuidad en algunas políticas 

Algo que destacaron los analistas consultados es la necesidad de continuar con los avances que se hubieran presentado durante el período de la fiscal Paz y Paz. Los informes del MP dan cuenta de una reducción en los indicadores de impunidad desde el inicio su administración en el año 2010 hasta finales del 2013, en un 20%. Por el contrario, los números indican una similitud entre lo que pasa con la criminalidad hace tres años, a lo que sucede en este 2014, incluso con aumentos en algunos crímenes poco mediáticos. 

Según Iduvina Hernández, de la Convergencia por los Derechos Humanos, de esto no se puede culpar al Ministerio Público, pues estas mediciones son de lo actuado por un sistema completo del cual dicha institución es parte, pero cuyos actores principales son la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación, que desarrollan las políticas gubernamentales de seguridad.
“Lo que hay son mediciones de la percepción de la seguridad en general y esto no se puede comparar con la percepción que se pueda tener del Ministerio Público, pues la seguridad en general es una política del gobierno y no solo del MP”, afirma. 

Según el último informe de labores del Ministerio Público, el nuevo Fiscal tendrá el reto de mejorar la disminución de la impunidad. Según Parellada, es importante darle continuidad a programas importantes que venía desarrollando la institución; sin embargo, también es necesario que se concluya con casos paradigmáticos como el que se lleva a cabo en contra del ex jefe de facto, José Efraín Ríos Montt.
“Es un caso que debe concluirse, dentro del marco jurídico que establecen las leyes guatemaltecas y cerrar ese ciclo que ha dejado polarizada a la sociedad guatemalteca”, subrayó. 

Algunos pendientes que deja la gestión de Paz y Paz 

La institución que encontrará el sucesor de Paz y Paz deja pendientes que en cuatro años fueron poco conocidos. Tal es el caso de la desaparición de 4,733 mujeres solamente en los pasados dos años. El tema fue traído a la luz recientemente por Montenegro, quien impulsa la creación de la fiscalía de personas desaparecidas, con enfoque especial al tema de las mujeres.
“Es espeluznante ver que en tan solo dos años de esa cifra, la investigación es prácticamente nula y al contrario se dan explicaciones por parte de los encargados tales como `se fue con el novio´, ´se fugo de la casa´ o peor aún ´en algo andaba metida´”, afirma la diputada. 

A pesar que el tema de femicidio fue una de las banderas de Paz y Paz, resulta paradigmático que todos estos casos no estuvieran concentrados en una unidad o tan siquiera se hubiera creado la misma. Por el contrario se encuentren dispersos en varias fiscalías e incluso no se mostraran en ninguna de las gráficas de hechos delictivos presentadas en las Memorias de Labores de la institución presentadas anualmente por la fiscal saliente. 

Otro de los temas que tendrá que retomar quien ocupe a partir de mayo el cargo, es el del combate al narcomenudeo, mismo que fue reconocido por Paz y Paz en una entrevista radial concedida en febrero pasado en donde afirmó que el enfoque del combate al narcotráfico se había centrado en su administración en los grandes capos de la droga, pero que a partir de su segundo período habían planes de poner en la mira de la persecución a los pequeños distribuidores de barrio. 

En esa misma entrevista además admitió que los operativos en contra de esta clase de delitos habían disminuido durante su gestión, pero aseguró que era parte de una estrategia para enfrentar de mejor forma a quienes en barrios, calles y avenidas distribuyen los narcóticos. 

Otra de las deficiencias presentadas por la administración de Paz y Paz fue el combate al contrabando. Incluso se terminó convirtiendo en un tema de polémica entre ella y la vicepresidenta Roxana Baldetti. Curiosamente en los informes anuales tampoco estas estadísticas son incluidas, aunque la vicemandataria denunció el poco avance en el 90 por ciento de los casos, lo que estaba redundando en una baja en la recaudación tributaria. 

En país en donde el índice de muertes supera las 6 mil por año y de las cuales el 80 por ciento aún quedan impunes, son muchas las demandas que todos los sectores harán a quien ocupe la silla al frente de una de las instituciones más importantes del país.

Uno de estos seis profesionales del derecho debe asumir la jefatura del Ministerio Público, el 18 de mayo próximo.