Pero aseguran las
autoridades del IDPP que la escasez de redención de penas, con un sistema
penitenciario lento en la digitalización de expedientes, lo que obliga a los
procuradores hacer trámites como Dios los ayude, unos a pie y cuando tengan
tiempo -todo esto- se vuelve una moratoria legal hasta del 95 por ciento.  La situación se ha vuelto insostenible y de alto costo para el Estado
de Guatemala en manutención de tanto reo en el preventivo.  

La seguridad en la cárcel
se debilita cuando crece la población de reclusos, no hay espacio para la
rehabilitación, la desesperación crece y solo se fraguan mas delitos, mientras
el tiempo de espera se vuelve mas largo y el hacinamiento ha llegado a mas del
127 por ciento. Esto es peligroso afirman los del Instituto de Defensa Pública
Penal. 

Siendo exactos con la
realidad hasta el 14 de agosto: Según el último registro del SP hubo (Hoy hay
más) 16, 336 reclusos. De todos estos 8, 223 guardan prisión preventiva y 8,129
condenados. 

Pero cuando la señora
Blanca Stalling directora del Instituto de Defensa Pública Penal presentó -en
agosto del 2012- un estudio, se supo que los detenidos en el preventivo eran el
52 por ciento de la población de reclusos. Hoy Stallin, lo niega y asegura que
la cifra estaba equivocada, dato que no resuelve el problema, dicen los
penalistas, pero asegura la profesional que las impugnaciones de los reos sin
sentencia, se calculan mal porque se mezclan con las cifras de los condenados.
Además no se contabilizan los que salen libres diariamente por falta de pruebas
o se demuestra su inocencia. 

Hay hacinamiento, eso es
una verdad irrefutable y no hay indicios que eso pueda cambiar, también es otra
sentencia terrible y que debiera tener al Gobierno en alerta, tomando en cuenta
su promesa de combatir la violencia, para lo cual se hace necesario invertir
sistematizar con tecnología de punta el manejo de cada caso, lo comentó el exdirector
del SP Eddie Morales.