El gobierno de Cristina Kirchner advirtió este jueves que la decisión de Uruguay de autorizar un aumento de la producción de una planta de celulosa sobre un río limítrofe pone en riesgo la relación bilateral, en medio de un conflicto que reavivó la protesta de ambientalistas argentinos.
‘Lo que sucede con (la ex planta) Botnia (UPM) es que han forzado una decisión unilateral que anula todos los acuerdos bilaterales y pone en riesgo la relación entre los dos países’, advirtió el canciller argentino Héctor Timerman a Radio del Plata.
El canciller se refirió a la autorización anunciada el miércoles por el gobierno uruguayo para que la empresa incremente su producción de 1,1 millón a 1,2 millones de toneladas, lo que Buenos Aires considera como contaminante.
Con esta decisión ‘evidentemente se ha roto toda la cadena de acuerdos y eso nos libera a nosotros de la obligación de tener que esperar que Uruguay acepte la publicación de los datos’, dijo, por lo que el lunes Argentina dará a conocer el informe completo de la Comisión Ambiental del Río Uruguay (CARU) para mostrar que la planta es contaminante.
‘Si el presidente de Uruguay (José Mujica) dice que le va a exigir a Botnia que baje la temperatura del agua y la proporción de fósforo, quiere decir que Argentina tiene razón de protestar’, agregó.
Mujica rechazó las acusaciones al advertir este jueves que ‘se utilizan los números como para dar una idea irreversible, terrorífica’ e insistió en que en Uruguay ‘nos movemos con los estándares internacionales’.
En declaraciones al informativo Subrayado, atribuyó la contaminación del río Uruguay a insecticidas usados en el cultivo de soja, al cromo proveniente de la industria del cuero y al fósforo producto de la ganadería extensiva.
Tensión en ambas márgenes del río Uruguay
La Corte Internacional de Justicia de La Haya falló en 2010 contra la relocalización de la planta al considerar que no estaba probado que contaminara, pero exhortó a ambos países a realizar un control conjunto, luego de un extenso diferendo que incluyó un bloqueo de un paso limítrofe por tres años y medio.
Argentina advirtió en los últimos días que el fallo de La Haya está basado en una planta que produce un millón de toneladas, y no 1,2 millones como fue autorizado por Mujica.
El aumento de la producción pedido por la fábrica de celulosa y autorizado por Uruguay hizo reflotar la tensión en ambas márgenes del limítrofe río Uruguay, de soberanía compartida.
‘Los argentinos estamos muy doloridos que Uruguay haya priorizado los intereses de la empresa Botnia por sobre la relación con Argentina. Argentina no haría eso’, advirtió Timerman.
Mujica dijo el miércoles que la fábrica que comenzó a funcionar en 2007, ‘hoy es la que tiene mejor guarismo en el mundo de las empresas que fabrican celulosa a partir de eucaliptus’ y aseguró que ‘desde el punto de vista jurídico’ los procedimientos para tomar la decisión ‘no merecen objeción’.
Ambientalistas de la ciudad argentina de Gualeguaychú, 230 km al norte, harán una caravana de vehículos el próximo domingo hasta la uruguaya Fray Bentos, donde está emplazada la planta, para entregar una nota de reclamo al intendente del departamento de Río Negro, Omar Lafluf, según resolvieron en asamblea la noche del miércoles.
‘Gualeguaychú reclama el desmantelamiento de la planta, no se trata de 100.000 toneladas más o menos’, admitió a la AFP Nahuel Maciel, vecino de la ciudad, presente en la asamblea que por el momento descartó volver a cortar el puente General San Martín, uno de los tres pasos limítrofes.
El canciller argentino expresó su deseo de que Uruguay ‘reflexione y deje sin efecto la medida’ de autorizar el aumento de producción, que atribuyó a ‘una actitud extorsiva’ de la empresa para con el gobierno de Mujica.
Timerman reiteró que de seguir en pie la autorización ‘no le queda otra alternativa (a Argentina) que recurrir a un tribunal que es el de La Haya’ con una nueva denuncia que está en preparación.
El gobierno de Cristina Kirchner advirtió este jueves que la decisión de Uruguay de autorizar un aumento de la producción de una planta de celulosa sobre un río limítrofe pone en riesgo la relación bilateral, en medio de un conflicto que reavivó la protesta de ambientalistas argentinos.
‘Lo que sucede con (la ex planta) Botnia (UPM) es que han forzado una decisión unilateral que anula todos los acuerdos bilaterales y pone en riesgo la relación entre los dos países’, advirtió el canciller argentino Héctor Timerman a Radio del Plata.
El canciller se refirió a la autorización anunciada el miércoles por el gobierno uruguayo para que la empresa incremente su producción de 1,1 millón a 1,2 millones de toneladas, lo que Buenos Aires considera como contaminante.
Con esta decisión ‘evidentemente se ha roto toda la cadena de acuerdos y eso nos libera a nosotros de la obligación de tener que esperar que Uruguay acepte la publicación de los datos’, dijo, por lo que el lunes Argentina dará a conocer el informe completo de la Comisión Ambiental del Río Uruguay (CARU) para mostrar que la planta es contaminante.
‘Si el presidente de Uruguay (José Mujica) dice que le va a exigir a Botnia que baje la temperatura del agua y la proporción de fósforo, quiere decir que Argentina tiene razón de protestar’, agregó.
Mujica rechazó las acusaciones al advertir este jueves que ‘se utilizan los números como para dar una idea irreversible, terrorífica’ e insistió en que en Uruguay ‘nos movemos con los estándares internacionales’.
En declaraciones al informativo Subrayado, atribuyó la contaminación del río Uruguay a insecticidas usados en el cultivo de soja, al cromo proveniente de la industria del cuero y al fósforo producto de la ganadería extensiva.
Tensión en ambas márgenes del río Uruguay
La Corte Internacional de Justicia de La Haya falló en 2010 contra la relocalización de la planta al considerar que no estaba probado que contaminara, pero exhortó a ambos países a realizar un control conjunto, luego de un extenso diferendo que incluyó un bloqueo de un paso limítrofe por tres años y medio.
Argentina advirtió en los últimos días que el fallo de La Haya está basado en una planta que produce un millón de toneladas, y no 1,2 millones como fue autorizado por Mujica.
El aumento de la producción pedido por la fábrica de celulosa y autorizado por Uruguay hizo reflotar la tensión en ambas márgenes del limítrofe río Uruguay, de soberanía compartida.
‘Los argentinos estamos muy doloridos que Uruguay haya priorizado los intereses de la empresa Botnia por sobre la relación con Argentina. Argentina no haría eso’, advirtió Timerman.
Mujica dijo el miércoles que la fábrica que comenzó a funcionar en 2007, ‘hoy es la que tiene mejor guarismo en el mundo de las empresas que fabrican celulosa a partir de eucaliptus’ y aseguró que ‘desde el punto de vista jurídico’ los procedimientos para tomar la decisión ‘no merecen objeción’.
Ambientalistas de la ciudad argentina de Gualeguaychú, 230 km al norte, harán una caravana de vehículos el próximo domingo hasta la uruguaya Fray Bentos, donde está emplazada la planta, para entregar una nota de reclamo al intendente del departamento de Río Negro, Omar Lafluf, según resolvieron en asamblea la noche del miércoles.
‘Gualeguaychú reclama el desmantelamiento de la planta, no se trata de 100.000 toneladas más o menos’, admitió a la AFP Nahuel Maciel, vecino de la ciudad, presente en la asamblea que por el momento descartó volver a cortar el puente General San Martín, uno de los tres pasos limítrofes.
El canciller argentino expresó su deseo de que Uruguay ‘reflexione y deje sin efecto la medida’ de autorizar el aumento de producción, que atribuyó a ‘una actitud extorsiva’ de la empresa para con el gobierno de Mujica.
Timerman reiteró que de seguir en pie la autorización ‘no le queda otra alternativa (a Argentina) que recurrir a un tribunal que es el de La Haya’ con una nueva denuncia que está en preparación.