La ministra española de Fomento, Ana Pastor, llegó la noche del domingo a Panamá para mediar en el conflicto entre el gobierno panameño y un consorcio que amenaza con paralizar las obras de ampliación del Canal si no se le pagan sobrecostos por 1.600 millones dólares.
Pastor se reunirá el lunes por separado con el mandatario Ricardo Martinelli, con directivos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), cuyo socio mayoritario es la constructora española Sacyr, precisó Silva.
La ministra fue recibida en el aeropuerto internacional de Tocumen, que sirve la capital, por el embajador español Jesús Silva y sólo agradeció a la prensa que daba cobertura a su llegada, sin dar declaraciones. Ninguna autoridad panameña acudió a recibirla.
Pastor tendrá en la mañana del lunes, en un hotel y a puertas cerradas, un desayuno de trabajo con los representantes de GUPC, consorcio integrado también por la firma italiana Impreglio, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana.
En la reunión también participará el presidente de Sacyr, Manuel Manríquez, quien arribó el sábado a Panamá, confirmó el embajador, quien agregó que Pastor retornará a España la noche del lunes.
Luego se reunirá con Martinelli en la sede de la Presidencia y al mediodía se trasladará a la sede de la ACP, donde se encontrará con el administrador de la vía interoceánica y el ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy, también en privado.
‘Al final todos los panameños, incluido el gobierno, tienen un rol en todo esto y la preocupación del presidente es que siga la obra. Esta es una obra internacional, para el mundo’, comentó este domingo el administrador del Canal, Jorge Quijano.
‘Rehén de contratista’
El conflicto estalló cuando GUPC denunció supuestos incumplimientos del contrato en relación con sobrecostos en las obras, que estimó en 1.600 millones de dólares, y envió a la ACP una carta el 30 de diciembre en la que amenaza con suspender las obras si en un plazo de 21 días no se resolvía el pago.
‘Nos están arrinconando’ con el preaviso, manifestó Quijano, quien no obstante advirtió que la ACP no puede convertirse en ‘rehén de un contratista’.
‘Un contratista q se compromete a un precio y de repente abandona la obra, eso no es serio’, agregó.
Los trabajos, que cuestan 5.200 millones dólares -3.200 millones de éstos la construcción del tercer juego de esclusas que adelanta GUPC-, comenzaron en 2009 y estaba previsto que terminaran este año, en el que la vía interoceánica cumple 100 años.
Sin embargo, las obras llevan un retraso de nueve meses y ahora se prevé que concluyan en junio de 2015. El consorcio GUPC, que se declaró el sábado ‘abierto al diálogo’, atribuye a la ACP los sobrecostos multimillonarios.
José Peláez, jefe de proyecto de la construcción del tercer juego de esclusas en el sector Atlántico, afirmó el sábado que los problemas que originan los sobrecostos surgen por problemas en la geología del terreno donde se adelanta la obra, que según dijo no fueron detectados por la ACP.
La administración del Canal afirmó este domingo que los argumentos con los que el consorcio amenaza con supender las obras carecen de sustento y que recurrirá a las acciones necesarias para asegurar que se completen.
‘Los argumentos planteados por el contratista en la misma carecen de sustento legal y no son claros, por lo que no dan al contratista motivos para suspender la obra’, subrayó la ACP, al referirse al GUPC.
Según la ACP, GUPC, como otras empresas que estaban interesadas en el proyecto, tuvo ‘un amplio período de 14 meses antes de someter sus propuestas para estudiar con detenimiento los componentes de la obra, de manera que pudieran presentar una propuesta sólida’.
La ampliación del Canal, cuyo avance es del 70% actualmente, se realiza para que puedan cruzar la vía buques de más de 12.000 contenedores, el triple de capacidad de los actuales.
Por el Canal de Panamá, que fue inaugurado en 1914 por Estados Unidos y pasó a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, transita un 5% del comercio mundial.
La ministra española de Fomento, Ana Pastor, llegó la noche del domingo a Panamá para mediar en el conflicto entre el gobierno panameño y un consorcio que amenaza con paralizar las obras de ampliación del Canal si no se le pagan sobrecostos por 1.600 millones dólares.
Pastor se reunirá el lunes por separado con el mandatario Ricardo Martinelli, con directivos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), cuyo socio mayoritario es la constructora española Sacyr, precisó Silva.
La ministra fue recibida en el aeropuerto internacional de Tocumen, que sirve la capital, por el embajador español Jesús Silva y sólo agradeció a la prensa que daba cobertura a su llegada, sin dar declaraciones. Ninguna autoridad panameña acudió a recibirla.
Pastor tendrá en la mañana del lunes, en un hotel y a puertas cerradas, un desayuno de trabajo con los representantes de GUPC, consorcio integrado también por la firma italiana Impreglio, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana.
En la reunión también participará el presidente de Sacyr, Manuel Manríquez, quien arribó el sábado a Panamá, confirmó el embajador, quien agregó que Pastor retornará a España la noche del lunes.
Luego se reunirá con Martinelli en la sede de la Presidencia y al mediodía se trasladará a la sede de la ACP, donde se encontrará con el administrador de la vía interoceánica y el ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy, también en privado.
‘Al final todos los panameños, incluido el gobierno, tienen un rol en todo esto y la preocupación del presidente es que siga la obra. Esta es una obra internacional, para el mundo’, comentó este domingo el administrador del Canal, Jorge Quijano.
‘Rehén de contratista’
El conflicto estalló cuando GUPC denunció supuestos incumplimientos del contrato en relación con sobrecostos en las obras, que estimó en 1.600 millones de dólares, y envió a la ACP una carta el 30 de diciembre en la que amenaza con suspender las obras si en un plazo de 21 días no se resolvía el pago.
‘Nos están arrinconando’ con el preaviso, manifestó Quijano, quien no obstante advirtió que la ACP no puede convertirse en ‘rehén de un contratista’.
‘Un contratista q se compromete a un precio y de repente abandona la obra, eso no es serio’, agregó.
Los trabajos, que cuestan 5.200 millones dólares -3.200 millones de éstos la construcción del tercer juego de esclusas que adelanta GUPC-, comenzaron en 2009 y estaba previsto que terminaran este año, en el que la vía interoceánica cumple 100 años.
Sin embargo, las obras llevan un retraso de nueve meses y ahora se prevé que concluyan en junio de 2015. El consorcio GUPC, que se declaró el sábado ‘abierto al diálogo’, atribuye a la ACP los sobrecostos multimillonarios.
José Peláez, jefe de proyecto de la construcción del tercer juego de esclusas en el sector Atlántico, afirmó el sábado que los problemas que originan los sobrecostos surgen por problemas en la geología del terreno donde se adelanta la obra, que según dijo no fueron detectados por la ACP.
La administración del Canal afirmó este domingo que los argumentos con los que el consorcio amenaza con supender las obras carecen de sustento y que recurrirá a las acciones necesarias para asegurar que se completen.
‘Los argumentos planteados por el contratista en la misma carecen de sustento legal y no son claros, por lo que no dan al contratista motivos para suspender la obra’, subrayó la ACP, al referirse al GUPC.
Según la ACP, GUPC, como otras empresas que estaban interesadas en el proyecto, tuvo ‘un amplio período de 14 meses antes de someter sus propuestas para estudiar con detenimiento los componentes de la obra, de manera que pudieran presentar una propuesta sólida’.
La ampliación del Canal, cuyo avance es del 70% actualmente, se realiza para que puedan cruzar la vía buques de más de 12.000 contenedores, el triple de capacidad de los actuales.
Por el Canal de Panamá, que fue inaugurado en 1914 por Estados Unidos y pasó a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, transita un 5% del comercio mundial.