La crisis resultante del haberse descubierto que opera dentro de la SAT una red de contrabando y traición que la CICIC señala llega hasta la oficina de la Vicepresidente Roxana Baldetti tiene por lo menos una clara consecuencia.

 

No puede haber una “reforma fiscal” mas en Guatemala — por mucho tiempo, no hasta que se reformen las instituciones del Estado guatemalteco. Reflexionemos sobre lo que la presente crisis significa. El hecho que el ente recaudador de los tributos que los guatemaltecos que trabajan en el sector formal se ven forzados a pagar esté sumido en un escandalo de corrupción le resta credibilidad a cualquier argumento que el problema del desarrollo guatemalteco es que el Estado sufre de una falta de fondos, en vez de una fuga de fondos. La crisis de la SAT ha logrado lo que pensábamos imposible en Guatemala, el consenso político. La crisis ha despertado la indignación del moribundo pueblo guatemalteco es prueba suficiente que no puede haber propuesta seria de darle más dinero al gobierno, para que se componga después.

 

Es cierto, el Estado guatemalteco es el más pequeño en términos del gasto público como porcentaje del producto interno bruto, 13.38% en 2015, y proyectado por el Fondo Monetario Internacional en 13.65% para el 2020. Asimismo, en términos de ingresos tributarios, Guatemala también ocupa la distinción de tener el Estado que menos recauda en toda la región de América Latina y Caribe, con 11.087% del PIB en 2015, proyectado en 11.572% del PIB para 2020.

 

Sin embargo, esto da más razón por parar de manera contundente a cualquier propuesta de subir impuestos a los tributarios formales, antes de que se rinden cuentas claras sobre el ingreso y egreso de dichos impuestos. Si los recursos fiscales son tan escasos, más valor deberían de adquirir. El hecho de que los fondos estatales escasean para los fines primordiales del Estado, como seguridad, sistema de justicia, infraestructura, en primer plano, y salud, educación, y protección de recursos naturales en segundo plano, y aún asi los agentes públicos se roban lo “poco” que nos quitan deja claro como consecuencia lógica que no gastarían mejor si gastasen más.  Con notas en materia de corrupción de aproximadamente 35 sobre 100, según el Foro Económico Mundial, Heritage Foundation, Transparencia Internacional, y el Banco Mundial, solo se puede concluír que el Estado pequeño de Guatemala sufre de una corrupción (y compadrazgo, y clientelismo) gigante.

 

La SAT sumida en corrupción. No puede haber más evidencia que ya no se puede confiar en las promesas vacías que el Estado guatemalteco puede utilizar bien los tributos que recauda, en pro de los intereses del pueblo guatemalteco. El pueblo guatemalteco ha sido recordado una vez más que la institución encargada de recaudar los fondos no los destina para la provisión de bienes públicos, sino se dedica a financiar los intereses privados de los poderosos políticos de turno. ¿Cómo se puede, con un mínimo de honestidad y criterio, proponerle al pueblo guatemalteco que debe tributar más – mientras se arregla el asunto?

 

Ya se propone una Comisión de Notables, para verificar el cumplimiento de las promesas incumplidas de siempre, de limpiar la corrupción, de controlar la calidad (ni siquiera el nivel!) del gasto público. Los miembros de dicha Comisión dieron marcha atrás cuando el jefe propuesta para la misma, el ex Ministro de Finanzas Públicas Juan Alberto Fuentes Knight, se negó a encabezarla, a menos de que renunciase antes la Vicepresidente, cosa que sabía que no iba pasar. NADIE quiere prestar su prestigio al Presidente para ayudarle a salir de una crisis que TODOS, menos el, y sus asesores más cércanos vieron venir. Menos mal no se conformo la Comisión, porque hubiese aceptado los mismos términos de siempre, mas ingresos fiscales, mas gasto público hoy, menos corrupción mañana.

 

Hoy mas que nunca debe quedar claro, primero control y calidad del gasto público, después cualquier propuesta de fortalecer las arcas del Estado que por hoy es menos que disfuncional e incapaz de cumplir con las mínimas promesas de Estado. Mientras el Estado carece de toda credibilidad y legitimidad ante el pueblo entero, paralizada cualquier propuesta de “reforma fiscal.”