Con el objetivo de la prevención de la delincuencia apoyándose de la tecnología, el Ministerio de Gobernación suscribió siete contratos de arrendamiento por excepción, con opción a compra, de sistemas de vigilancia. Esto principalmente en el departamento de Guatemala y sus municipios, así como la cabecera de Escuintla por Q1,802 millones 992 mil 578 y por un periodo de 5 años.

Del total de los contratos son 7 mil 316 cámaras de video utilizadas para estos sistemas de vigilancia y tienen un precio de Q428.7 millones por arrendamiento de las mismas, en el mismo periodo. Sin embargo, esta cantidad tiene una sobrevaloración de Q184.7 millones, lo que significa 75% por ciento del precio real.

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: el costo promedio de una cámara en el mercado es de Q2,345, mientras que el alquiler de la misma en un plazo de 60 meses habrá costado Q27, 574; es decir, una sobrevaloracion por cámara de Q25,229.

camaras gobernacion

De acuerdo con los contratos suscritos por el Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), el arrendamiento cuenta con cinco clases de equipo, entre estas, cámaras fijas de alta definición, de captación de imagen facial y de reconocimiento de placas.

En el primer contrato se rentan 1,133 cámaras por un valor mensual de Q520 mil 703 con un plazo de 60 meses, pagando un total de Q31.2 millones. Si en el mercado, el promedio de una cámara es de Q2,345, con la cantidad invertida por arrendamiento, el ministerio de Gobernación podría haber adquirido 13,322 cámaras, solamente en este contrato.

Aunque esta nota periodística totaliza la sobrevaloración de cámaras, hay que resaltar que los contratos de arrendamiento con opción de compra, no solamente contienen el alquiler de cámaras de videovigilancia, sino también  un centro de monitoreo, un data center, así como la infraestructura de conectividad y transmisión de datos, siendo este equipo el de mayor valor del contrato.

La empresa más beneficiada con contratos adjudicados es Comunicaciones Celulares S.A; recibió cuatro y por un monto de Q1,232. 2 millones. De estos, arrenda al Estado 5,000 cámaras y recibirá Q124.5 millones.

Otra de la empresas contratadas es Internet Telecomunication Company Guatemala S.A., la cual tiene dos contratos adjudicados por un monto de Q248.2 y arrenda 1,298 cámaras. Resalta que en este contrato se cobró la cámara con todo el almacenamiento, centro de monitoreo y demás servicios, sin que se conozca el valor real de las cámaras.

Mientras que el último contrato adjudicado fue para Construcción y Telecomunicaciones S.A por un monto de Q262.5 millones, y que incluye 1,018 cámaras de videovigilancia con un valor de Q55.9 millones.

Contratos diferentes

A pesar que los siete contratos  firmados por Telémaco Pérez García, director general de la PNC, tienen como objetivo común la prevención de la delincuencia a través de la tecnología, los contratos de arrendamiento de las cámaras de seguridad no tienen los mismos parámetros.

Un claro ejemplo es el caso del contrato para la segunda fase del programa “Paradas seguras”, con el NOG 138897, en donde, a diferencia del resto de contratos, el valor de cada cámara instalada incluye almacenamiento de información, centro de monitoreo y demás servicios.  En los otros sies, el centro de monitoreo y almacenamiento equivalen a costos extras.  Por ejemplo,  el centro de almacenamiento para el departamento de Escuintla tiene un costo de Q11,905.55 al mes en 36 meses, lo cual equivale a un pago de Q408 mil 599.

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Los centros de monitoreo de los otros seis contratos existentes tienen un costo promedio de Q80,481.35 mensuales. Al final del contrato, se sumaria un total de Q4.8 millones por cada uno. Al consultar con algunos especialistas en el tema de videovigilancia, estos comentaron que un centro con las características que mencionan los contratos no debería de sobrepasar  de Q1.5 millones de quetzales.

Es evidente que dentro de los contratos existe sobrevaloración tanto en las cámaras como en los equipos de monitoreo y almacenamiento. En cada contrato emitido varían los parámetros de contratación en precios, formas de contrato y opciones de compra cuando todos están destinados a cumplir los mismos objetivos, incluso en situaciones que utilizan el mismo equipo.

La adjudicación de estos sistemas de videovigilancia se realizó por medio de un proceso de excepción, una característica de esta administración, la cual se ha prestado a actos de corrupción.

Durante una citación de la Bancada Encuentro por Guatemala, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, explicó que la inversión de Q1,500 millones por cinco años en el arrendamiento de cámaras de seguridad es mejor. Aseguró que comparó la presencia de la cámara con la de un agente de la Policía Nacional Civil. “Yo pago por una imagen en tiempo real en un punto referenciado, esta cámara es un policía a quien no lo tengo que controlar, ni darle de comer, y por ello estos proyectos”, refirió el funcionario.

Por su parte, el viceministro de tecnología, Juan Carlos Argueta, informó de los precios en el mercado indicando que el valor de un kilómetro de fibra óptica es de 16 mil dólares, y que esta es utilizada para implementar este sistema de videovigilancia, por lo que se tomó la decisión del arrendamiento.

Contratos lesivos

Luis Pedro Álvarez, diputado de EG, recordó que la vez que citaron al ministro por este tema “costó muchísimo de que él llegara e incluso el funcionario intentó que la reunión fuera privada, sin cámaras”.

Agregó: “No entendemos por qué este tipo de negocios no se licitan y en principio, cualquier cosa que no se licita públicamente no huele bien y más con contratos gigantescos como éste”. El legislador considera que ante esta situación, el presidente Otto Pérez debería declarar lesivos los contratos.

“Sería importante que estos contratos sean por medio de licitación para saber si se obtuvieron los mejores precios pero no lo podremos saber porque ya no hubo competencia”, finalizó.

Por su parte, Juan Carlos Carrera de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, (Asies) dice que hay procedimientos administrativos para toda compra, en cualquier erogación que se haga del erario. Entonces, lo primero que hay que destacar es que los procesos por excepción han evadido la transparencia y Ley de Contrataciones del Estado, ya que estos proyectos debieron ser a través de una licitación pública.

Precisamente, la licitación pública lo que hace es que se tenga varias cotizaciones y oferentes que puedan prestar el servicio y, además, a través de esta se puede verificar el precio en el mercado de la compra requerida. “Por usar ese tipo de compras por excepción, que es contrario a la Ley y a la Constitución, es que sucede este tipo de situaciones de sobrevalorar los precios, porque se saltan todos los procedimientos que la Ley establece”.

“Todo gasto que el Estado tenga que realizar por más de 900,000 tiene que pasar por un proceso de licitación pública, sin embargo, muchos instituciones compran por excepción a empresas que sobrevaloran”, indica Carrera.

Faltará ver que la Contraloría General de Cuentas fiscaliza estos contratos, pues si se hace pública esta información tiene la obligación legal de oficio de revisarlos.