La crisis generada por los actos anómalos en los que se ha involucrado a funcionarios del gobierno del presidente Otto Pérez Molina ha desembocado en una serie de manifestaciones contra la corrupción. Hasta el momento se ha logrado la dimisión de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Las manifestaciones genuinas y de gran valor que se han volcado a las calles para exigir transparencia a la clase política que gobierna. Algo que no tendría consecuencias si se realiza en un marco legal, cumpliendo con la Constitución Política de Guatemala. Sin embargo, según analistas se corre el riesgo que esto no ocurra, sino que se rompa el orden constitucional, y que se provoquen severos daños a la democracia guatemalteca.

A pesar del riesgo, consideran que los ciudadanos guatemaltecos deben proteger la institucionalidad para que Guatemala mantenga el orden y no se vea afectada por grupos que no tienen interés en la democracia.

“Enemigos de la democracia”

Mario Fuentes Destarac, del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), indica que a toda costa se debe evitar un rompimiento del orden constitucional, porque esto llevaría a una situación de vacío de autoridades e incluso podría derivarse en una anarquía. “La defensa y protección de la constitucionalidad es deber de todos los ciudadanos”.

Según Fuentes Destarac, a muchos enemigos de la democracia “les es un terreno fértil” el momento por el que pasa Guatemala. Consecuentemente podrían adoptar decisiones totalmente en función de un rompimiento, algo que, como deber ciudadano, se debe evitar.

Agrega que se debe marchar para pedir un orden constitucional. Y no habría ningún problema si el Presidente renuncia, lo importante sería que lo hiciera en el marco de la Constitución, “las personas pasan, pero la instituciones deben prevalecer”.

De acuerdo con el abogado constitucionalista, existe el riesgo de un rompimiento constitucional, porque los enemigos de la democracia se encuentran siempre al acecho. “La ciudadanía debe exigir cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es el gran valladar que ha impedido que haya una verdadera democracia representativa y participativa. Se ha erosionado la democracia pero se le puede dar una oxigenación haciendo estas reformas”, dice.

Seguimiento de los procesos judiciales

Por su parte, el abogado constitucionalista Gabriel Orellana indica que en este momento es muy probable que ocurra un rompimiento constitucional, pero también es muy prematuro para alarmar sobre esta situación, ya que quedan pendientes varias etapas del proceso político.

Orellana indica que dependerá del sentido político de la estatura del presidente, en cuanto a hombre de Estado, y obviamente de la capacidad de sus asesores para poder salir de esta situación. “Un primer punto a considerar es el mensaje que quieran mostrar con la terna para elegir al vicepresidente, en segundo lugar es que no solo el presidente sino las instancias involucradas deben continuar activamente con los procesos judiciales y la persecución de los prófugos, así como de los que eventualmente estén ligados a los casos de corrupción”.

La agenda del presidente está muy cargada para sacar a Guatemala de esta crisis, dice Orellana. Además, asegura que el peor error que podría cometer el mandatario es tener algún tipo de consideración. De acuerdo con el abogado, el rompimiento constitucional se evita, cumpliendo con la Constitución al elegir un vicepresidente, así como cumplir con la Ley en el sentido de continuar con los procesos legales que están en el camino.

Según el jurista no hay ningún sentido para que se hablen de reformas en el momento actual, porque de nada sirve que se hagan reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuando se está a pocos meses de los comicios y menos una reforma a la Constitución Política, cuando se tiene un Congreso como el actual.

Institucionalidad sin defensa de nadie

Por su parte Cristhias Castillo del Instituto de Problemas Nacional de la Usac (IPNUSAC), dice que al pedir que se mantenga la institucionalidad, no es en defensa de nadie en particular, tampoco la intención de mantener a alguien en un régimen de impunidad refiriendo que es necesario el mantenimiento de la institucionalidad.

Lo que se ha planteado es no se ponga en riesgo lo que se ha ganado en estos últimos 22 años después del autogolpe de Serrano Elías, en cuanto al desarrollo y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, “tenemos ejemplos muy cercanos, el caso de Honduras, donde la decisión de un rompimiento constitucional ha generado costos para al país, que al día de hoy siguen pasando la factura, en cuanto a inestabilidad institucional y bajo desempeño de la economía” indica Castillo.

Además agrega que lo que si hay que reconocer es que necesita una reforma profunda del Estado en Guatemala, es algo que requiere el país urgentemente, pero dentro los procedimientos establecidos por la Constitución Política de la República.

Según Castillo las reformas tienen que ir encaminadas a las leyes ordinarias sin un rompimiento constitucional. Sin embargo considera que hay condiciones dadas para que exista un rompimiento al orden constitucional, sobre todo por el profundo descontento y desencanto del Estado Guatemalteco.

El Estado no logra tener presencia en el territorio y responder a las demandas ciudadanas, no ha hecho una lucha para el combate a la impunidad y no logra frenar la corrupción, se vive una crisis política en lo últimos días.

“No se puede instrumentalizar la protesta ciudadana para convertirla en una especie de ira colectiva que a su paso pare generando en un rompimiento constitucional, seria un sacrificio de lo poco que nos queda de Republica y lo poco que nos queda de Estado” señala Castillo.