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La corrupción y el financiamiento mercantilista

María Dolores Arias
28 de julio, 2015

Muchas veces caemos en la trampa de llegar a conclusiones sin tener toda la información necesaria para poder hacer un juicio acertado. Si bien es cierto el conocimiento es disperso y por ende nunca tendremos toda la información, sí podemos intentar ser lo más acuciosos en nuestra búsqueda de la verdadera causa de las cosas y no quedarnos en la superficie.

Hago esta reflexión con ustedes a raíz del informe de la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala –CICIG- acerca del financiamiento de los partidos políticos y del dictamen favorable de la comisión en el Congreso a las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP-.

Las reformas a la LEPP que se discuten, no incluyen uno de los principales reclamos de los ciudadanos que era votar por su diputado nominalmente, no existe ni por asomo una modificación que se acerque a esta aspiración legítima de los ciudadanos y se mantienen las interminables listas de diputados donde favorece a quienes no desea con su voto. El resto de reformas las analizaré a mayor detalle en otros artículos. Ahora me enfocaré en el informe de la CICIG y la reforma a la LEPP que trata del financiamiento a los partidos políticos.

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En la presentación de su informe, la CICIG afirma que la capacidad de influencia de personas y/o grupos de presión en el Estado depende proporcionalmente del dinero que aporte a los partidos. Esta influencia va desde privilegios fiscales, requisitos no arancelarios hasta procesos judiciales. Indica que el financiamiento privado puede ser con fines pragmáticos – mercantilistas – o ideológicos.

Además menciona la poca certeza de castigo para quienes incumplen la LEPP, así como las risibles sanciones, sumado a una débil auditoría de los fondos que reciben y gastan los partidos. Según el informe, se puede afirmar que “Guatemala es un país propicio para cometer delitos electorales y no sufrir ninguna consecuencia” con una tasa de impunidad entre el 95% y 100%. Lo que considero como un reflejo de la impunidad en el resto de delitos, la corrupción entre ellos.

En resumen, el financiamiento mercantilista es para obtener algún beneficio o privilegio posterior de los impuestos que usted paga y son las elecciones la oportunidad para asegurar la “negociación”. La fiscalización de los recursos privados que reciben es muy poca y la impunidad por los delitos que cometen al recibir y “comprometer” estos fondos es casi total. Por lo que, cualquiera podría concluir que el problema es el financiamiento privado que genera la corrupción. Es decir, si no hay dinero privado para los partidos políticos no habrá o se disminuirá la corrupción: a mayor dinero privado en campañas electorales, mayor corrupción.

¿Cuál es la solución propuesta? Reducir al máximo, según los diputados de la Comisión para las reformas a la LEPP, el origen de la corrupción en los partidos: el financiamiento privado. ¿Cómo lograr semejante proeza? Primero, mantienen el financiamiento del equivalente a dos dólares por deuda política según el artículo 21 de LEPP. Segundo, reforman el artículo 220 “Tiempos máximos de transmisión de propaganda” a “Distribución IGUALITARIA de recursos públicos para espacios y tiempo en los medios de comunicación social” con esta reforma, en el inciso a, pretenden que el Tribunal Supremo Electoral –TSE- distribuya igualitariamente los espacios entre los partidos sin importar la cantidad de votos, si comparte el ideario o actuación del partido, es más que usted, esté de acuerdo es irrelevante para la “igualdad justiciera propagandística” que pretende este inciso.

¿Y cómo va conseguir esta “igualdad”? Muy fácil, el inciso f pretende que para dicha “distribución igualitaria de propaganda” se utilice, por lo menos, el 0.25% de los ingresos ordinarios –que obtiene de los impuestos que usted paga-. Si somos conservadores y hacemos los cálculos de ingresos de Q52 mil millones; el 0.25% equivale a Q130 millones, si tomamos en cuenta que el TSE sólo pagará el 20% del valor real, estaríamos hablando de una campaña electoral de Q650 millones, financiada por los tributarios.

Sin mencionar que esta reforma aumenta el incentivo para aprobar presupuestos con ingresos ordinarios inflados en año electoral, ya que será aún mayor la tajada que les corresponderá.

Ahora bien, uno se pregunta ¿se resuelve con esto el problema de corrupción? El forzarnos a pagar campañas electoreras ¿alejará de los politiquillos a los mercantilistas y vividores del Estado? ¿Por qué hay financiamiento mercantilista? ¿Cómo eliminamos esa fuente de corrupción? ¿Es reduciendo este tipo de financiamiento? ¿O, es este financiamiento, una consecuencia y no la causa?

Confundir las consecuencias con las causas es muy ventajoso para los politiquillos. Con la excusa de combatir la corrupción, buscan agenciarse de más recursos en lugar de combatir a fondo el origen de la misma como el poder discrecional de otorgar privilegios, la injerencia cada vez mayor del gobierno en la economía, el exceso de regulación, por sólo mencionar algunos.

Usted realmente cree, tal y como están las cosas, que ¿si les financiamos la campaña electoral, cesará la corrupción y el financiamiento mercantilista?

@Md30

Facebook.com/mda30

La corrupción y el financiamiento mercantilista

María Dolores Arias
28 de julio, 2015

Muchas veces caemos en la trampa de llegar a conclusiones sin tener toda la información necesaria para poder hacer un juicio acertado. Si bien es cierto el conocimiento es disperso y por ende nunca tendremos toda la información, sí podemos intentar ser lo más acuciosos en nuestra búsqueda de la verdadera causa de las cosas y no quedarnos en la superficie.

Hago esta reflexión con ustedes a raíz del informe de la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala –CICIG- acerca del financiamiento de los partidos políticos y del dictamen favorable de la comisión en el Congreso a las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP-.

Las reformas a la LEPP que se discuten, no incluyen uno de los principales reclamos de los ciudadanos que era votar por su diputado nominalmente, no existe ni por asomo una modificación que se acerque a esta aspiración legítima de los ciudadanos y se mantienen las interminables listas de diputados donde favorece a quienes no desea con su voto. El resto de reformas las analizaré a mayor detalle en otros artículos. Ahora me enfocaré en el informe de la CICIG y la reforma a la LEPP que trata del financiamiento a los partidos políticos.

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En la presentación de su informe, la CICIG afirma que la capacidad de influencia de personas y/o grupos de presión en el Estado depende proporcionalmente del dinero que aporte a los partidos. Esta influencia va desde privilegios fiscales, requisitos no arancelarios hasta procesos judiciales. Indica que el financiamiento privado puede ser con fines pragmáticos – mercantilistas – o ideológicos.

Además menciona la poca certeza de castigo para quienes incumplen la LEPP, así como las risibles sanciones, sumado a una débil auditoría de los fondos que reciben y gastan los partidos. Según el informe, se puede afirmar que “Guatemala es un país propicio para cometer delitos electorales y no sufrir ninguna consecuencia” con una tasa de impunidad entre el 95% y 100%. Lo que considero como un reflejo de la impunidad en el resto de delitos, la corrupción entre ellos.

En resumen, el financiamiento mercantilista es para obtener algún beneficio o privilegio posterior de los impuestos que usted paga y son las elecciones la oportunidad para asegurar la “negociación”. La fiscalización de los recursos privados que reciben es muy poca y la impunidad por los delitos que cometen al recibir y “comprometer” estos fondos es casi total. Por lo que, cualquiera podría concluir que el problema es el financiamiento privado que genera la corrupción. Es decir, si no hay dinero privado para los partidos políticos no habrá o se disminuirá la corrupción: a mayor dinero privado en campañas electorales, mayor corrupción.

¿Cuál es la solución propuesta? Reducir al máximo, según los diputados de la Comisión para las reformas a la LEPP, el origen de la corrupción en los partidos: el financiamiento privado. ¿Cómo lograr semejante proeza? Primero, mantienen el financiamiento del equivalente a dos dólares por deuda política según el artículo 21 de LEPP. Segundo, reforman el artículo 220 “Tiempos máximos de transmisión de propaganda” a “Distribución IGUALITARIA de recursos públicos para espacios y tiempo en los medios de comunicación social” con esta reforma, en el inciso a, pretenden que el Tribunal Supremo Electoral –TSE- distribuya igualitariamente los espacios entre los partidos sin importar la cantidad de votos, si comparte el ideario o actuación del partido, es más que usted, esté de acuerdo es irrelevante para la “igualdad justiciera propagandística” que pretende este inciso.

¿Y cómo va conseguir esta “igualdad”? Muy fácil, el inciso f pretende que para dicha “distribución igualitaria de propaganda” se utilice, por lo menos, el 0.25% de los ingresos ordinarios –que obtiene de los impuestos que usted paga-. Si somos conservadores y hacemos los cálculos de ingresos de Q52 mil millones; el 0.25% equivale a Q130 millones, si tomamos en cuenta que el TSE sólo pagará el 20% del valor real, estaríamos hablando de una campaña electoral de Q650 millones, financiada por los tributarios.

Sin mencionar que esta reforma aumenta el incentivo para aprobar presupuestos con ingresos ordinarios inflados en año electoral, ya que será aún mayor la tajada que les corresponderá.

Ahora bien, uno se pregunta ¿se resuelve con esto el problema de corrupción? El forzarnos a pagar campañas electoreras ¿alejará de los politiquillos a los mercantilistas y vividores del Estado? ¿Por qué hay financiamiento mercantilista? ¿Cómo eliminamos esa fuente de corrupción? ¿Es reduciendo este tipo de financiamiento? ¿O, es este financiamiento, una consecuencia y no la causa?

Confundir las consecuencias con las causas es muy ventajoso para los politiquillos. Con la excusa de combatir la corrupción, buscan agenciarse de más recursos en lugar de combatir a fondo el origen de la misma como el poder discrecional de otorgar privilegios, la injerencia cada vez mayor del gobierno en la economía, el exceso de regulación, por sólo mencionar algunos.

Usted realmente cree, tal y como están las cosas, que ¿si les financiamos la campaña electoral, cesará la corrupción y el financiamiento mercantilista?

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