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MP presenta la acusación formal en el caso “Lavado y política”

Eder Juarez
19 de noviembre, 2015

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), presentó este jueves durante una audiencia en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo “B”, la acusación formal en contra de 11 integrantes de la estructura denominada “Lavado y política”.

Entre los sindicados se encuentran Francisco Edgar Morales Guerra, alías (Chico Dólar) por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, defraudación tributaria y cohecho activo.

Héctor Vicente Reyes Linares y Ruddy Estuardo Martínez Orellana por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, defraudación tributaria, falsificación de documentos privados; Dain Alfredo Orellana y Orellana y Marco Tulio Morales Guerra por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

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Máximo del Milagro de Jesús Gómez Serrano y Javier Villatoro López por los delitos de Asociación Ilícita y cohecho activo, así como Silvia Antonieta Guevara Prado (Gerente de un banco del sistema) por revelación de información confidencial o reservada, asociación ilícita, lado de dinero; Maynor Leonel Morales Monterroso, auditor de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por cohecho pasivo y José Maldonado Castillo, fiscal del Ministerio Público por obstrucción a la justicia.

De acuerdo con los fiscales a cargo del caso fueron presentados más de 160 medios de investigación, entre ellos registro de transacciones sospechosas enviadas por los bancos del sistema, denuncias ratificadas interpuestas ante el Ministerio Público por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que facilitó informes financieros y criminales a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en la cual se denota que la estructura realizó más de 682 transferencias internacionales por un monto de US$33 millones 379 mil 426.26.

Además, determinaron por medios de investigación que Villatoro López y Gómez Serrano trabajaban para el Congreso de la República. El primero como asesor del diputado Manuel de Jesús Barquín y con esto se demostró el vínculo entre alias Chico Dólar, los diputados y la conexión entre los dos grupos.

La Fiscalía presentó mediante 10 piezas un aproximado de 3 mil 200 folios, así como seis discos de información que dieron los bancos del sistema y la IVE, sobre las transferencias y la información que suman un aproximado de 5 mil folios, por lo que se trasladó de forma digital.

Otros medios de prueba que se adjuntaron fueron denuncias de la IVE con copias certificadas de personas. En este caso la judicatura benefició en procedimiento abreviado a Lesbia Catalina Martínez Monroy por el delito de falsificación de documentos privados.

Este caso es de impacto para la sociedad porque también se encuentran vinculados los diputados Jaime Martínez Lohaiza y Manuel Barquín, así como el expresidente del Banco de Guatemala Edgar Barquín, a quienes los entes investigadores solicitaron retirarles la inmunidad para ser investigados.

MP presenta la acusación formal en el caso “Lavado y política”

Eder Juarez
19 de noviembre, 2015

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), presentó este jueves durante una audiencia en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo “B”, la acusación formal en contra de 11 integrantes de la estructura denominada “Lavado y política”.

Entre los sindicados se encuentran Francisco Edgar Morales Guerra, alías (Chico Dólar) por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, defraudación tributaria y cohecho activo.

Héctor Vicente Reyes Linares y Ruddy Estuardo Martínez Orellana por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, defraudación tributaria, falsificación de documentos privados; Dain Alfredo Orellana y Orellana y Marco Tulio Morales Guerra por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

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Máximo del Milagro de Jesús Gómez Serrano y Javier Villatoro López por los delitos de Asociación Ilícita y cohecho activo, así como Silvia Antonieta Guevara Prado (Gerente de un banco del sistema) por revelación de información confidencial o reservada, asociación ilícita, lado de dinero; Maynor Leonel Morales Monterroso, auditor de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por cohecho pasivo y José Maldonado Castillo, fiscal del Ministerio Público por obstrucción a la justicia.

De acuerdo con los fiscales a cargo del caso fueron presentados más de 160 medios de investigación, entre ellos registro de transacciones sospechosas enviadas por los bancos del sistema, denuncias ratificadas interpuestas ante el Ministerio Público por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que facilitó informes financieros y criminales a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en la cual se denota que la estructura realizó más de 682 transferencias internacionales por un monto de US$33 millones 379 mil 426.26.

Además, determinaron por medios de investigación que Villatoro López y Gómez Serrano trabajaban para el Congreso de la República. El primero como asesor del diputado Manuel de Jesús Barquín y con esto se demostró el vínculo entre alias Chico Dólar, los diputados y la conexión entre los dos grupos.

La Fiscalía presentó mediante 10 piezas un aproximado de 3 mil 200 folios, así como seis discos de información que dieron los bancos del sistema y la IVE, sobre las transferencias y la información que suman un aproximado de 5 mil folios, por lo que se trasladó de forma digital.

Otros medios de prueba que se adjuntaron fueron denuncias de la IVE con copias certificadas de personas. En este caso la judicatura benefició en procedimiento abreviado a Lesbia Catalina Martínez Monroy por el delito de falsificación de documentos privados.

Este caso es de impacto para la sociedad porque también se encuentran vinculados los diputados Jaime Martínez Lohaiza y Manuel Barquín, así como el expresidente del Banco de Guatemala Edgar Barquín, a quienes los entes investigadores solicitaron retirarles la inmunidad para ser investigados.