La semana pasada en el Congreso, los diputados aprobaron de urgencia el decreto 10-2015 que modifica la Ley de Migración. Esta modificación ha sido llamada la Ley anticoyote ya que pretende combatir las actividades ilegales de los “traficantes de personas” conocidos como coyotes.
En esta modificación se establece que comete un delito aquel que cobre en dinero o especie por el tráfico ilícito de personas, por la facilitación ilícita de permanencia y por el tráfico ilegal de guatemaltecos, entre otras cosas. Las penas aumentan si el migrante es menor de edad o si se trata de una mujer embarazada.
Con esta normativa se pretende, según los diputados, proteger a quienes migran de forma ilegal ya que “ahora sí” será un delito actuar de forma “ilícita”, al menos en cuanto al “tráfico de personas”. Ahora bien, me pregunto si este tipo de leyes realmente protegen al emigrante o si por el contrario le hacen la vida más difícil y complican aún más su viaje hacia un futuro mejor.
El tema de la migración es un asunto común en la historia de la humanidad, por lo general quienes emigran lo hacen con la expectativa de mejorar su situación actual. Una de las migraciones más comunes es del campo o zonas rurales hacia las grandes ciudades, debido a que en éstas últimas hay más oportunidades de trabajo, comercio y desarrollo que en su lugar de origen.
La migración se vuelve compleja cuando implica atravesar fronteras ya que entonces se necesitan autorizaciones y es ahí cuando se vuelve ilegal emigrar de un lugar hacia otro sin los permisos correspondientes. Es decir, los gobiernos por medio de las fronteras impiden o dificultan el paso no sólo de mercadería sino también de las personas.
En cierta ocasión, escuchaba una entrevista a Carlos Alberto Montaner respecto al flujo masivo de cubanos en Centroamérica buscando llegar a los Estados Unidos –EE.UU.- y exponía que los gobiernos centroamericanos debían permitir el libre flujo de los migrantes ya que a fin de cuentas su objetivo no era quedarse en sus países sino llegar a los EE.UU. por consiguiente se ahorrarían problemas dejando transitar a los cubanos libre y legalmente hacia su destino.
Obviamente esta no es la visión de los legisladores guatemaltecos quienes con estas reformas endurecen las sanciones para los “coyotes” y quienes ayuden a los emigrantes a conseguir sus objetivos ya sea con hospedaje, alimentación o trabajo, entre otras.
Definitivamente las condiciones en las que se movilizan estos migrantes no son las mejores y muchas veces arriesgan hasta la vida. Pero entonces ¿por qué emigran? ¿Por qué están dispuestos a arriesgar lo más preciado por una expectativa? Podríamos pensar que precisamente es esa expectativa de mejorar, un incentivo más fuerte que la certeza del poco desarrollo en su país.
Entonces, ¿cómo estas reformas van a proteger al emigrante? Tal vez muchos piensen que ahora los “coyotes” y “anexos” lo pensarán mejor antes de ayudar a los emigrantes ya que no sólo aumenta las sanciones sino que también los obliga a que devuelvan lo despojado a sus “víctimas” e indemnicen por los daños y perjuicios que les hayan causado.
Suponiendo que efectivamente, la mayoría de quienes se dedican al traslado de emigrantes, decidan retirarse. ¿Dejaría entonces de haber demanda por estos “servicios”? ¿Cuáles serían las condiciones en que se harían las negociaciones y a qué montos? Al aumentar las penas ¿aumentaría el costo? La aún mayor clandestinidad ¿haría más peligroso todo el proceso?
Desafortunadamente para quienes toman la decisión de emigrar en busca de mejores oportunidades, las condiciones para lograrlo son cada vez más adversas. En su mayoría las personas emigran porque en sus países no hay libertad, la producción de riqueza es casi imposible y el respeto a su vida y propiedad es casi nulo.
Con estas reformas, las causas de la emigración no cambian. Si los diputados realmente están preocupados por los emigrantes deben empezar por cambiar las condiciones del país. Cambiarla no con más gasto sino por el contrario con un menor gasto. Pueden este mes aprobar un presupuesto balanceado para funciones específicas como seguridad y justicia. Sin más endeudamiento o impuestos.
Si a los diputados realmente les preocupa la seguridad de los emigrantes, deberán desregular y quitar trabas a la inversión, quitarle los fondos al gobierno y devolvérselos a sus dueños. Fiscalizar los recursos que gastan, reducir las funciones del gobierno y en consecuencia la discrecionalidad de los burócratas.
Si realmente les interesan los emigrantes deberán hacer su parte para que aquí se pueda producir la riqueza que hacen en otros países con mayor facilidad y en menor tiempo. Mientras las condiciones jurídicas y económicas no mejoren sustancialmente muchas personas buscarán la forma de salir adelante –en otros países- sin tener que mantener a tanto parásito que expolie legal o ilegalmente el fruto de su esfuerzo.
@Md30
Facebook.com/mda30
La semana pasada en el Congreso, los diputados aprobaron de urgencia el decreto 10-2015 que modifica la Ley de Migración. Esta modificación ha sido llamada la Ley anticoyote ya que pretende combatir las actividades ilegales de los “traficantes de personas” conocidos como coyotes.
En esta modificación se establece que comete un delito aquel que cobre en dinero o especie por el tráfico ilícito de personas, por la facilitación ilícita de permanencia y por el tráfico ilegal de guatemaltecos, entre otras cosas. Las penas aumentan si el migrante es menor de edad o si se trata de una mujer embarazada.
Con esta normativa se pretende, según los diputados, proteger a quienes migran de forma ilegal ya que “ahora sí” será un delito actuar de forma “ilícita”, al menos en cuanto al “tráfico de personas”. Ahora bien, me pregunto si este tipo de leyes realmente protegen al emigrante o si por el contrario le hacen la vida más difícil y complican aún más su viaje hacia un futuro mejor.
El tema de la migración es un asunto común en la historia de la humanidad, por lo general quienes emigran lo hacen con la expectativa de mejorar su situación actual. Una de las migraciones más comunes es del campo o zonas rurales hacia las grandes ciudades, debido a que en éstas últimas hay más oportunidades de trabajo, comercio y desarrollo que en su lugar de origen.
La migración se vuelve compleja cuando implica atravesar fronteras ya que entonces se necesitan autorizaciones y es ahí cuando se vuelve ilegal emigrar de un lugar hacia otro sin los permisos correspondientes. Es decir, los gobiernos por medio de las fronteras impiden o dificultan el paso no sólo de mercadería sino también de las personas.
En cierta ocasión, escuchaba una entrevista a Carlos Alberto Montaner respecto al flujo masivo de cubanos en Centroamérica buscando llegar a los Estados Unidos –EE.UU.- y exponía que los gobiernos centroamericanos debían permitir el libre flujo de los migrantes ya que a fin de cuentas su objetivo no era quedarse en sus países sino llegar a los EE.UU. por consiguiente se ahorrarían problemas dejando transitar a los cubanos libre y legalmente hacia su destino.
Obviamente esta no es la visión de los legisladores guatemaltecos quienes con estas reformas endurecen las sanciones para los “coyotes” y quienes ayuden a los emigrantes a conseguir sus objetivos ya sea con hospedaje, alimentación o trabajo, entre otras.
Definitivamente las condiciones en las que se movilizan estos migrantes no son las mejores y muchas veces arriesgan hasta la vida. Pero entonces ¿por qué emigran? ¿Por qué están dispuestos a arriesgar lo más preciado por una expectativa? Podríamos pensar que precisamente es esa expectativa de mejorar, un incentivo más fuerte que la certeza del poco desarrollo en su país.
Entonces, ¿cómo estas reformas van a proteger al emigrante? Tal vez muchos piensen que ahora los “coyotes” y “anexos” lo pensarán mejor antes de ayudar a los emigrantes ya que no sólo aumenta las sanciones sino que también los obliga a que devuelvan lo despojado a sus “víctimas” e indemnicen por los daños y perjuicios que les hayan causado.
Suponiendo que efectivamente, la mayoría de quienes se dedican al traslado de emigrantes, decidan retirarse. ¿Dejaría entonces de haber demanda por estos “servicios”? ¿Cuáles serían las condiciones en que se harían las negociaciones y a qué montos? Al aumentar las penas ¿aumentaría el costo? La aún mayor clandestinidad ¿haría más peligroso todo el proceso?
Desafortunadamente para quienes toman la decisión de emigrar en busca de mejores oportunidades, las condiciones para lograrlo son cada vez más adversas. En su mayoría las personas emigran porque en sus países no hay libertad, la producción de riqueza es casi imposible y el respeto a su vida y propiedad es casi nulo.
Con estas reformas, las causas de la emigración no cambian. Si los diputados realmente están preocupados por los emigrantes deben empezar por cambiar las condiciones del país. Cambiarla no con más gasto sino por el contrario con un menor gasto. Pueden este mes aprobar un presupuesto balanceado para funciones específicas como seguridad y justicia. Sin más endeudamiento o impuestos.
Si a los diputados realmente les preocupa la seguridad de los emigrantes, deberán desregular y quitar trabas a la inversión, quitarle los fondos al gobierno y devolvérselos a sus dueños. Fiscalizar los recursos que gastan, reducir las funciones del gobierno y en consecuencia la discrecionalidad de los burócratas.
Si realmente les interesan los emigrantes deberán hacer su parte para que aquí se pueda producir la riqueza que hacen en otros países con mayor facilidad y en menor tiempo. Mientras las condiciones jurídicas y económicas no mejoren sustancialmente muchas personas buscarán la forma de salir adelante –en otros países- sin tener que mantener a tanto parásito que expolie legal o ilegalmente el fruto de su esfuerzo.
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