Si el posible espionaje denunciado en la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI) es en contra de opositores, analistas consideran que es un retroceso para la democracia, ya que dicha instancia fue creada para proporcionar al Ministerio de Gobernación de asesoría en el área de la inteligencia civil, para la toma de decisiones y la formulación de políticas y lineamientos para apoyar la prevención, control y combate del crimen organizado y de la delincuencia común.
De acuerdo con Carmen Aida Ibarra del Movimiento ProJusticia, es necesario que se realice una investigación criminal respecto de las acusaciones de la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal. “De confirmarse la existencia de actividades de espionaje a políticos, personajes de la vida nacional y opositores sería volver al pasado” señala Ibarra.
El miércoles la titular de la cartera del interior indicó que interpuso la denuncia al Ministerio Público (MP) “luego de establecer que un equipo de la DIGICI pudo haber sido utilizado para ejecución de un delito de espionaje”. Se realizó un allanamiento en las oficinas de dicha dependencia y el MP la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) decomisaron archivos electrónicos y físicos para iniciar la investigación.
Ibarra refiere que el último caso de espionaje que se tuvo conocimiento fue denunciado por el entonces Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, logrando confirmar una oficina de espionaje postal en la Dirección General de Correos, y aunque se abrió un proceso judicial no llegó a más.
“Entonces aparte de ser una actividad ilegal y criminal sería un retroceso en términos políticos” dice Ibarra. Por su parte María del Carmen Aceña del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) indica el problema con la DIGICI y todas estas direcciones es que no se han hecho de forma profesional, entonces se utilizan para cosas políticas.
Aceña coincide con Ibarra al decir que hay un retroceso si se está utilizando la Inteligencia Civil para espiar a la oposición. Además refiere que si se comprueba este tipo de actos ilícitos deberán de ser penados.
Debe crearse una DIGICI para prevenir y no para hacerle el trabajo a un político de turno porque el espiar a otro político es entrar a politizar una dirección la cual su mandato no es para eso.
Si el posible espionaje denunciado en la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI) es en contra de opositores, analistas consideran que es un retroceso para la democracia, ya que dicha instancia fue creada para proporcionar al Ministerio de Gobernación de asesoría en el área de la inteligencia civil, para la toma de decisiones y la formulación de políticas y lineamientos para apoyar la prevención, control y combate del crimen organizado y de la delincuencia común.
De acuerdo con Carmen Aida Ibarra del Movimiento ProJusticia, es necesario que se realice una investigación criminal respecto de las acusaciones de la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal. “De confirmarse la existencia de actividades de espionaje a políticos, personajes de la vida nacional y opositores sería volver al pasado” señala Ibarra.
El miércoles la titular de la cartera del interior indicó que interpuso la denuncia al Ministerio Público (MP) “luego de establecer que un equipo de la DIGICI pudo haber sido utilizado para ejecución de un delito de espionaje”. Se realizó un allanamiento en las oficinas de dicha dependencia y el MP la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) decomisaron archivos electrónicos y físicos para iniciar la investigación.
Ibarra refiere que el último caso de espionaje que se tuvo conocimiento fue denunciado por el entonces Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, logrando confirmar una oficina de espionaje postal en la Dirección General de Correos, y aunque se abrió un proceso judicial no llegó a más.
“Entonces aparte de ser una actividad ilegal y criminal sería un retroceso en términos políticos” dice Ibarra. Por su parte María del Carmen Aceña del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) indica el problema con la DIGICI y todas estas direcciones es que no se han hecho de forma profesional, entonces se utilizan para cosas políticas.
Aceña coincide con Ibarra al decir que hay un retroceso si se está utilizando la Inteligencia Civil para espiar a la oposición. Además refiere que si se comprueba este tipo de actos ilícitos deberán de ser penados.
Debe crearse una DIGICI para prevenir y no para hacerle el trabajo a un político de turno porque el espiar a otro político es entrar a politizar una dirección la cual su mandato no es para eso.