En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad es el máximo baluarte de la promoción, defensa e interpretación de la Constitución. Sus fallos son inapelables, definitivos, representa el órgano colegiado sobre quien pesa la responsabilidad de desarrollar la institucionalidad del país. Defino estas funciones porque lamentablemente la participación ciudadana es complaciente y desinteresada, a pesar de la importancia que reviste este tema. El ciudadano promedio aún desconoce no sólo las atribuciones específicas y fundamentales de la máxima corte del país, sino el texto mismo de la Constitución como garante de los derechos individuales y, al final, nuestra última defensa en contra de los abusos del gobierno.

El proceso para seleccionar a los magistrados que integrarán dicha corte para un nuevo período de 5 años a partir de este 2016 ya está en marcha, así como también las presiones y maniobras de los grupúsculos de siempre al acecho de colocar a sus camaradas en esa entidad. En una columna anterior, <Corte de Constitucionalidad Bajo Acecho> escribí sobre las intenciones de la exfiscal general Claudia Paz y Paz y las razones que la descalifican totalmente tan siquiera para evaluar su expediente dado su nefasto legado en el MP, mucho menos para ser seleccionada como magistrada de la Corte de Constitucionalidad. ¿Acaso ya se les olvidó que fue impuesta prácticamente a la fuerza por estos mismos grupos de la izquierda retrógrada, y que luego tuvimos que sacarla casi del pelo ya que no quería entregar el puesto? ¿Se la imaginan ahora como magistrada y posiblemente presidente de la CC?

Por otro lado, la actual magistrada presidente Gloria Porras busca su reelección y esto merece especial atención porque si alguien debe ser depurada, esa es precisamente ella. La licenciada Porras representa los intereses de Sandra Torres, y con tan sólo el hecho de avalar la inscripción de la exprimera dama en evidente Fraude de Ley, es prueba de ello. Pero además, hace algunos meses fue cuestionada por autorecetarse un tal “bono revolucionario” de decenas de miles de quetzales. Otro tema en el que tiene responsabilidad es la función administrativa de la institución, la que la obliga a cumplir con la legislación vigente en materia de fiscalización y rendimiento de cuentas. Hago referencia a esto porque el portal Guatecompras no ha sido actualizado durante meses con los registros de las compras y contrataciones de la CC. Esto, más el despilfarro de recursos durante su gestión, generan sospechas suficientes como para que la Contraloría General de Cuentas realice una auditoría y deduzca las responsabilidades, si las hubiera, contra esta funcionaria inmediatamente luego de que termine su período, y con este el privilegio de antejuicio del que goza dada su investidura.

Para finalizar, me voy a enfocar en otro de los aspirantes que representa los intereses de los oenegeros vividores, el actual presidente de la entidad mal llamada (minúsculas a propósito) “centro de defensa para la constitución” –CEDECON-, Alejandro Balsells. Este abogado es el ejemplo perfecto del marxista Gucci. Hijo de Alejandro Balsells Tojo, uno de los ideólogos de la farsa del “informe” de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y con evidente simpatía por la guerrilla. Además es necesario recordar que no sólo externó ya opinión en un caso que probablemente se dirima nuevamente en la CC en cuanto al tema del supuesto genocidio -incluso justificando la actuación notoriamente ilegal de Yassmín Barrios-, sino que estuvo dispuesto a que se violaran los períodos constitucionales al avalar la extensión ilegal del de la fiscal general para favorecer a Claudia Paz y Paz.

Los guatemaltecos exigimos funcionarios de reconocida honorabilidad e idoneidad, capaces, con experiencia, con conocimientos sólidos en materia constitucional, comprometidos con la Justicia y el Estado de Derecho, y sin vínculos con ningún grupo de presión para aplicar la Ley de forma Imparcial. Ese es el perfil de los magistrados que se requieren en la Corte de Constitucionalidad y los tres mencionados en este artículo no se acercan a lo requerido.

Afortunadamente surge un movimiento de ciudadanos notables, como el doctor Armando de la Torre y la licenciada Carolina Castellanos-. Guatemala República ya se pronunció en defensa de la institucionalidad e independencia en el Sistema Judicial, exigiendo la no interferencia de embajadas, la CICIG ni ningún grupúsculo ilegítimo. Su único interés es fortalecer el sistema de pesos y contrapesos, que se respeten los procesos para integrar las instituciones de forma objetiva.

Estaremos vigilantes de que en este proceso se elija a los magistrados basados en el mérito, no en las influencias y cabildeo que puedan promover.