Para el investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Jorge Benavides, el acuerdo gubernativo 20-2016 del Ministerio de Ambiente en su artículo 13, establece un nuevo requerimiento para el sector de la construcción: la consulta al Comité Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). El trámite ahora se extendería más de los 158 días para el otorgamiento de la licencia.
“La consulta es para preguntarle al CONAP sobre si el área de la construcción está dentro de un sector protegido o corresponde a un área del Programa Nacional de Bosques”, comentó Benavides.
“En cualquier lugar del mundo la no presencia en esos sectores no implica un trámite, aquí lo que se está solicitando es que cualquier proyecto desarrollador tenga que presentar una constancia que no está en un área protegida. Entonces eso no solo alarga el proceso y se va a incrementar el costo y esos estudios hay que presentarlos y notariarlos, sellarlos con timbres fiscales y deben llevar el sello de revisión del CONAP”.
“Sabemos que el CONAP no cuenta con la mejor capacidad institucional para darle respuesta a estos trámites de forma rápida”, dijo el experto.
La derogación se puede realizar por voluntad política del residente Jimmy Morales, agregó Benavides.
Los acuerdos ya fueron derogados
Para el presidente d
Añadió que se ha avanzado con el Ministerio de Salud en algunas acciones pero lo importante “es que tenemos que ver a largo plazo una solución clara al tema de licencias, el cual es un pilar fundamental en la competitividad del país y no podemos seguir en romería entre instituciones para lograr una licencia, por lo que tiene que haber un proceso más sencillo y flexible porque retarda el proceso en un año y medio”.
“Nosotros queremos y vamos a cumplir con toda la regulación, pero nos tienen que dar las facilidades para hacerlos de una forma eficiente y entonces vendrán la inversión y los recursos del estado”, agregó González.
“Ya fueron derogados los acuerdos ministeriales en Salud que generaban el problema. Ahora hay que encontrar la manera que ante esa ausencia las autoridades municipales, tengan la posibilidad de emitir las licencias”, comentó.
Para el investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Jorge Benavides, el acuerdo gubernativo 20-2016 del Ministerio de Ambiente en su artículo 13, establece un nuevo requerimiento para el sector de la construcción: la consulta al Comité Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). El trámite ahora se extendería más de los 158 días para el otorgamiento de la licencia.
“La consulta es para preguntarle al CONAP sobre si el área de la construcción está dentro de un sector protegido o corresponde a un área del Programa Nacional de Bosques”, comentó Benavides.
“En cualquier lugar del mundo la no presencia en esos sectores no implica un trámite, aquí lo que se está solicitando es que cualquier proyecto desarrollador tenga que presentar una constancia que no está en un área protegida. Entonces eso no solo alarga el proceso y se va a incrementar el costo y esos estudios hay que presentarlos y notariarlos, sellarlos con timbres fiscales y deben llevar el sello de revisión del CONAP”.
“Sabemos que el CONAP no cuenta con la mejor capacidad institucional para darle respuesta a estos trámites de forma rápida”, dijo el experto.
La derogación se puede realizar por voluntad política del residente Jimmy Morales, agregó Benavides.
Los acuerdos ya fueron derogados
Para el presidente d
Añadió que se ha avanzado con el Ministerio de Salud en algunas acciones pero lo importante “es que tenemos que ver a largo plazo una solución clara al tema de licencias, el cual es un pilar fundamental en la competitividad del país y no podemos seguir en romería entre instituciones para lograr una licencia, por lo que tiene que haber un proceso más sencillo y flexible porque retarda el proceso en un año y medio”.
“Nosotros queremos y vamos a cumplir con toda la regulación, pero nos tienen que dar las facilidades para hacerlos de una forma eficiente y entonces vendrán la inversión y los recursos del estado”, agregó González.
“Ya fueron derogados los acuerdos ministeriales en Salud que generaban el problema. Ahora hay que encontrar la manera que ante esa ausencia las autoridades municipales, tengan la posibilidad de emitir las licencias”, comentó.