La Superintendencia de Bancos (SB) no habría apoyado al Banco de los Trabajadores (Bantrab) para revertir la operación de US$20 millones invertidos en acciones preferentes a nombre de una empresa de la cual se sospecha maneja fondos de origen ilícito, según el abogado Wilve Salazar, quien agrega que lejos de respaldar a la entidad bancaria, la SB presentó denuncias en el Ministerio Público (MP) que derivaron en dos hechos: el inicio del proceso de extinción de dominio de las acciones preferentes y una posible persecución penal contra el expresidente del Bantrab, Sergio Hernández y contra otros directores.
Cómo empezó la historia
Esta es la versión contada por el abogado Salazar y por Hernández. Al jefe de la SB, José Alejandro Arévalo, se le intentó preguntar más detalles del caso el viernes pasado cuando ofreció una conferencia de Prensa, pero dijo que no podía revelar información y que el expediente ya estaba en manos judiciales.
A finales de 2015, dos medios de comunicación publicaron la supuesta participación de Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, representante legal de la firma DHK Financie INC Panamá, empresa propietaria de los US$20 millones invertidos en Bantrab, en una red dedicada a lavar dinero proveniente de corrupción y narcotráfico.
La última publicación ocurrió en octubre del año pasado. El 11 de febrero de 2016, cuatro meses después de las informaciones divulgadas, Arévalo se comunicó con el Bantrab para preguntar a sus autoridades qué harían para contrarrestar la exposición mediática.
De inmediato, Hernández se presentó a la SB y pidió al ente regulador revertir la operación por las sospechas, y para evitar un daño a la imagen de la entidad bancaria; no obstante, la SB “en lugar de proteger al sistema financiero, armó un caso de lavado de dinero” basado en dos publicaciones y la fotocopia de un documento que supuestamente es el convenio entre los directivos del Bantrab y el inversionista citado, para convertir las acciones preferentes en acciones comunes, esto último contado por el juez Marco Antonio Villeda, juez de Extinción de Dominio, en una conferencia de Prensa ofrecida el viernes, en la cual violó la reserva del caso, según Salazar.
“Es absurdo”
De acuerdo con el decreto 383, Ley Orgánica del Bantrab, artículo 26, nadie puede ser propietario de más de dos mil acciones comunes, lo cual equivale a una inversión de Q20 mil por accionista y para serlo debe tener calidad de trabajador. Por ello, Salazar considera que lo expresado por Villeda es “absurdo, imposible e ilegal”, porque las acciones preferentes no se pueden “convertir” en acciones comunes.
Para el caso de las acciones preferentes no existe límite de inversión, pero los propietarios solo reciben utilidades y no tienen voz ni voto en las decisiones del Bantrab, contrario a los dueños de acciones comunes que sí participan en las asambleas, pero con poder limitado porque no existe la figura de accionista mayoritario.
El único accionista mayoritario es el Estado, porque cuando se fundó el banco invirtió Q500 mil, lo cual le da un derecho mayor, siendo uno de estos poder sustituir al presidente del Bantrab.
SB pidió remover a Hernández
Según Salazar, otra de las cuestionables decisiones de la SB, a cargo de Arévalo, fue buscar al mandatario Jimmy Morales para pedirle que removiera del cargo de presidente del Bantrab a Sergio Hernández, un empleado formado en el banco y con una trayectoria de 35 años, y casi ocho como la máxima autoridad de la institución.
Hernández sigue como parte de la entidad, pero como presidente del Grupo Financiero Bantrab, el cual está conformado por el banco, la aseguradora, la financiera, el puesto de bolsa con operaciones en Guatemala y la fundación, que es el brazo social de la institución que opera con 146 agencias en todo el país y genera empleo para cuatro mil trabajadores.
El caso de “lavado” lo autorizó la SB
Otro punto que pone contra la pared a la SB es que fue esa entidad la que avaló la inversión de US$20 millones en el Bantrab y la que ahora presenta la denuncia de supuesto lavado de dinero.
Antes de recibir la transferencia y emitir las acciones preferentes, tal como lo manda la ley, el Bantrab acudió a la SB para que avalara la operación y mediante la resolución SIB 401-2013, del 27 de mayo de 2013, la institución reguladora dio el visto bueno para concretar la inversión.
Sin embargo, para una mayor transparencia, Hernández le solicitó al inversor hacer llegar el dinero mediante un banco estadounidense, siendo el JP Morgan el escogido para efectuar la transferencia hacia Guatemala.
Estos procesos se realizaron tras una detallada revisión de la SB y del banco de EE.UU., pero ahora resulta que el responsable de la operación de “lavado” es el Bantrab, cuestiona el abogado, quien espera que el MP vea los hechos con objetividad y corrobore que no hubo intención de los directivos de cometer un ilícito.
“Si ahora se sabe que el dinero es de procedencia ilícita, debe aplicarse la extinción de dominio y será el propietario de la inversión quien responda ante las autoridades”, subraya Salazar.
Este lunes llegarán al MP
Salazar señala que aunque no han sido notificados de la denuncia penal contra los directivos del Bantrab por un supuesto caso de lavado de dinero, este lunes se presentarán a la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero del MP para ponerse a disposición de los investigadores, sobre todo en el caso de Hernández.
El profesional del derecho espera ser atendido y que se investigue a fondo, incluso que se extiendan las averiguaciones a la SB porque esa entidad es la única que avala estas inversiones y fue la que dio el visto bueno para aceptar los US$20 millones.
Hernández comenta que los cuentahabientes mantienen su confianza en el Bantrab y aunque el caso afecta la imagen de alguna forma, la entidad seguirá atendiendo todos sus compromisos porque esta inversión no daña para nada el capital de más de US$2 mil 800 millones en activos con que cuenta la institución bancaria.
Recordó que el año pasado el Bantrab obtuvo utilidades por Q420 millones, por arriba de los entre Q40 y Q60 millones generados hace siete años y medio, cuando él tomó las riendas del banco, cifras que colocan a la entidad “entre los bancos más rentables de Centroamérica”.
La Superintendencia de Bancos (SB) no habría apoyado al Banco de los Trabajadores (Bantrab) para revertir la operación de US$20 millones invertidos en acciones preferentes a nombre de una empresa de la cual se sospecha maneja fondos de origen ilícito, según el abogado Wilve Salazar, quien agrega que lejos de respaldar a la entidad bancaria, la SB presentó denuncias en el Ministerio Público (MP) que derivaron en dos hechos: el inicio del proceso de extinción de dominio de las acciones preferentes y una posible persecución penal contra el expresidente del Bantrab, Sergio Hernández y contra otros directores.
Cómo empezó la historia
Esta es la versión contada por el abogado Salazar y por Hernández. Al jefe de la SB, José Alejandro Arévalo, se le intentó preguntar más detalles del caso el viernes pasado cuando ofreció una conferencia de Prensa, pero dijo que no podía revelar información y que el expediente ya estaba en manos judiciales.
A finales de 2015, dos medios de comunicación publicaron la supuesta participación de Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, representante legal de la firma DHK Financie INC Panamá, empresa propietaria de los US$20 millones invertidos en Bantrab, en una red dedicada a lavar dinero proveniente de corrupción y narcotráfico.
La última publicación ocurrió en octubre del año pasado. El 11 de febrero de 2016, cuatro meses después de las informaciones divulgadas, Arévalo se comunicó con el Bantrab para preguntar a sus autoridades qué harían para contrarrestar la exposición mediática.
De inmediato, Hernández se presentó a la SB y pidió al ente regulador revertir la operación por las sospechas, y para evitar un daño a la imagen de la entidad bancaria; no obstante, la SB “en lugar de proteger al sistema financiero, armó un caso de lavado de dinero” basado en dos publicaciones y la fotocopia de un documento que supuestamente es el convenio entre los directivos del Bantrab y el inversionista citado, para convertir las acciones preferentes en acciones comunes, esto último contado por el juez Marco Antonio Villeda, juez de Extinción de Dominio, en una conferencia de Prensa ofrecida el viernes, en la cual violó la reserva del caso, según Salazar.
“Es absurdo”
De acuerdo con el decreto 383, Ley Orgánica del Bantrab, artículo 26, nadie puede ser propietario de más de dos mil acciones comunes, lo cual equivale a una inversión de Q20 mil por accionista y para serlo debe tener calidad de trabajador. Por ello, Salazar considera que lo expresado por Villeda es “absurdo, imposible e ilegal”, porque las acciones preferentes no se pueden “convertir” en acciones comunes.
Para el caso de las acciones preferentes no existe límite de inversión, pero los propietarios solo reciben utilidades y no tienen voz ni voto en las decisiones del Bantrab, contrario a los dueños de acciones comunes que sí participan en las asambleas, pero con poder limitado porque no existe la figura de accionista mayoritario.
El único accionista mayoritario es el Estado, porque cuando se fundó el banco invirtió Q500 mil, lo cual le da un derecho mayor, siendo uno de estos poder sustituir al presidente del Bantrab.
SB pidió remover a Hernández
Según Salazar, otra de las cuestionables decisiones de la SB, a cargo de Arévalo, fue buscar al mandatario Jimmy Morales para pedirle que removiera del cargo de presidente del Bantrab a Sergio Hernández, un empleado formado en el banco y con una trayectoria de 35 años, y casi ocho como la máxima autoridad de la institución.
Hernández sigue como parte de la entidad, pero como presidente del Grupo Financiero Bantrab, el cual está conformado por el banco, la aseguradora, la financiera, el puesto de bolsa con operaciones en Guatemala y la fundación, que es el brazo social de la institución que opera con 146 agencias en todo el país y genera empleo para cuatro mil trabajadores.
El caso de “lavado” lo autorizó la SB
Otro punto que pone contra la pared a la SB es que fue esa entidad la que avaló la inversión de US$20 millones en el Bantrab y la que ahora presenta la denuncia de supuesto lavado de dinero.
Antes de recibir la transferencia y emitir las acciones preferentes, tal como lo manda la ley, el Bantrab acudió a la SB para que avalara la operación y mediante la resolución SIB 401-2013, del 27 de mayo de 2013, la institución reguladora dio el visto bueno para concretar la inversión.
Sin embargo, para una mayor transparencia, Hernández le solicitó al inversor hacer llegar el dinero mediante un banco estadounidense, siendo el JP Morgan el escogido para efectuar la transferencia hacia Guatemala.
Estos procesos se realizaron tras una detallada revisión de la SB y del banco de EE.UU., pero ahora resulta que el responsable de la operación de “lavado” es el Bantrab, cuestiona el abogado, quien espera que el MP vea los hechos con objetividad y corrobore que no hubo intención de los directivos de cometer un ilícito.
“Si ahora se sabe que el dinero es de procedencia ilícita, debe aplicarse la extinción de dominio y será el propietario de la inversión quien responda ante las autoridades”, subraya Salazar.
Este lunes llegarán al MP
Salazar señala que aunque no han sido notificados de la denuncia penal contra los directivos del Bantrab por un supuesto caso de lavado de dinero, este lunes se presentarán a la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero del MP para ponerse a disposición de los investigadores, sobre todo en el caso de Hernández.
El profesional del derecho espera ser atendido y que se investigue a fondo, incluso que se extiendan las averiguaciones a la SB porque esa entidad es la única que avala estas inversiones y fue la que dio el visto bueno para aceptar los US$20 millones.
Hernández comenta que los cuentahabientes mantienen su confianza en el Bantrab y aunque el caso afecta la imagen de alguna forma, la entidad seguirá atendiendo todos sus compromisos porque esta inversión no daña para nada el capital de más de US$2 mil 800 millones en activos con que cuenta la institución bancaria.
Recordó que el año pasado el Bantrab obtuvo utilidades por Q420 millones, por arriba de los entre Q40 y Q60 millones generados hace siete años y medio, cuando él tomó las riendas del banco, cifras que colocan a la entidad “entre los bancos más rentables de Centroamérica”.