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Corte Suprema de Justicia escucha alegatos por caso La Puya

Redacción República
16 de mayo, 2016

Este lunes se concretó una audiencia pública para escuchar los alegatos por el cierre que ordenó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al proyecto Progreso VII Derivadas, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A., Exmingua, ubicado en La Puya.

El alegado de los interponentes del amparo concedido de manera provisional, es que la licencia autorizada no cumplía con los requisitos y que no se procedió a una consulta con los pueblos indígenas del lugar.

Los personeros de la mina informaron que sí procedieron a la consulta y que esta consistió en un proceso de diálogo. Asimismo, varios pobladores argumentan que con su trabajo en la mina obtienen estabilidad laboral y recursos para sus familias.

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El abogado de Exmigua S.A., Stuardo Ralón, refirió que ninguno de los pueblos indígenas le ha delegado la representación de sus peticiones al Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) y que hay 22, de los 23 Consejos Comunitarios de Desarrollo en el área, que están de acuerdo con la permanencia del proyecto minero.

Corte Suprema de Justicia escucha alegatos por caso La Puya

Redacción República
16 de mayo, 2016

Este lunes se concretó una audiencia pública para escuchar los alegatos por el cierre que ordenó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al proyecto Progreso VII Derivadas, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A., Exmingua, ubicado en La Puya.

El alegado de los interponentes del amparo concedido de manera provisional, es que la licencia autorizada no cumplía con los requisitos y que no se procedió a una consulta con los pueblos indígenas del lugar.

Los personeros de la mina informaron que sí procedieron a la consulta y que esta consistió en un proceso de diálogo. Asimismo, varios pobladores argumentan que con su trabajo en la mina obtienen estabilidad laboral y recursos para sus familias.

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El abogado de Exmigua S.A., Stuardo Ralón, refirió que ninguno de los pueblos indígenas le ha delegado la representación de sus peticiones al Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) y que hay 22, de los 23 Consejos Comunitarios de Desarrollo en el área, que están de acuerdo con la permanencia del proyecto minero.