El más reciente caso de corrupción denominado Cooptación del Estado, cuyos cabecillas son de nuevo los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, dieron un nuevo motivo para resucitar las protestas en la Plaza Mayor, frente al Palacio Nacional de la Cultura.
Los organizadores citaron por diversos medios para reunirse a partir de las tres de la tarde y manifestar el rechazo contra la banda criminal que se instituyó no para gobernar, sino para saquear el Estado mediante sobornos y estafas, según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Según estas entidades, el Partido Patriota, cuyos máximos dirigentes eran Pérez Molina y Baldetti, recibieron dinero para financiar su campaña política sin reportar los recursos al Tribunal Supremo Electoral y lavaron millones de quetzales que luego fueron a parar a sus bolsillos.
Y cuando asumieron el poder en enero de 2012, fortalecieron su organización criminal y establecieron sobornos para las empresas contratistas del Estado. De 450 contratos revisados en algunas entidades públicas, el MP y la CICIG estiman que se obtuvieron Q500 millones en sobornos.
Este dinero de origen ilícito, fue blanqueado mediante empresas de fachada, de cartón y de casas de cambio, para luego retornar a los exgobernantes como propiedades, vehículos, aeronaves, joyas, ropa de marcas exclusivas y para cubrir sus gastos personales, de acuerdo con la investigación preliminar del MP y la CICIG.
El más reciente caso de corrupción denominado Cooptación del Estado, cuyos cabecillas son de nuevo los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, dieron un nuevo motivo para resucitar las protestas en la Plaza Mayor, frente al Palacio Nacional de la Cultura.
Los organizadores citaron por diversos medios para reunirse a partir de las tres de la tarde y manifestar el rechazo contra la banda criminal que se instituyó no para gobernar, sino para saquear el Estado mediante sobornos y estafas, según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Según estas entidades, el Partido Patriota, cuyos máximos dirigentes eran Pérez Molina y Baldetti, recibieron dinero para financiar su campaña política sin reportar los recursos al Tribunal Supremo Electoral y lavaron millones de quetzales que luego fueron a parar a sus bolsillos.
Y cuando asumieron el poder en enero de 2012, fortalecieron su organización criminal y establecieron sobornos para las empresas contratistas del Estado. De 450 contratos revisados en algunas entidades públicas, el MP y la CICIG estiman que se obtuvieron Q500 millones en sobornos.
Este dinero de origen ilícito, fue blanqueado mediante empresas de fachada, de cartón y de casas de cambio, para luego retornar a los exgobernantes como propiedades, vehículos, aeronaves, joyas, ropa de marcas exclusivas y para cubrir sus gastos personales, de acuerdo con la investigación preliminar del MP y la CICIG.