El modelo llamado el  extractivista reemplazó el modelo económico de finca cafetalera o caña donde las extensiones de tierra conmensurado a la mano de obra barata sostuvieron por muchos años la economía hasta que en los 90’s el precio del café cayó tanto que dejo a muchos campesinos sin medios de vida. Eso aumento el desplazamiento hacia dónde el trabajo estaba y muchos se fueron a las ciudades o de ilegales a trabajar a los EEUU.

El modelo económico, los avances en la tecnología, la necesidad de abaratar y generar más energía a precios más baratos, tendencias de mercado que por ciclos demandan materias primas, obligan a la adaptación de economías pequeñas como la nuestra. La población rural como un corcho flotando en el agua, se adapta mal y tarde a estos cambios porque no hay un Estado que vele porque haya acceso los servicios de salud y educación, infraestructura que de acceso a mercados, inversiones que solo el estado tiene la capacidad de hacer. Un amigo me dijo hace poco hablando de la conflictividad en el país que si Guatemala no cambiaba sus prioridades para invertir 80% en su gente y el 20% en otras cosas el país serviría únicamente para producir sirvientes. ¡Eso me impacto!

La marcha por el agua, la defensa por el territorio y los recursos naturales han trascendido las históricas demandas de las plataformas sociales de acceso a tierra y derechos humanos. Nos vemos frente a la segunda generación de las secuelas del Convenio 169 de la OIT aún sin reglamentar, y que en Guatemala la adopción al mismo, ha conseguido convertir “la consulta” en el vehículo más eficaz para el accionar político de organizaciones indígenas y campesinas en los diversos niveles socio espaciales (nacionales, regionales y locales), y un ámbito de trabajo activo para las ONG’s acompañantes que fungen como asesores legales y de estrategia política de presión.

El acceso al agua es un derecho constitucional universal que bien sabemos muchos guatemaltecos no gozan. Sin embargo, en la constitución y leyes que nos rigen hay derechos y obligaciones del Estado y también las hay para nosotros los ciudadanos. En las recientes iniciativas de ley de agua o del sistema nacional del agua veo mucha regulación para quienes quieran usar el agua con fines de lucro, y nada de nada en cuanto a obligaciones ciudadanas. Un desbalance que habrá que corregir.

La garantía del mínimo vital es sostenible únicamente si todos cambiamos de manera sustantiva nuestra relación con el agua. La disponibilidad de agua en el mediano y largo plazo obliga a repensar la forma como las comunidades, y ciudades grandes y medianas se ha relacionado con su territorio. Empezaría por exigir que los alcaldes hagan un catastro bien hecho y que cobren un IUSI que les dote de recursos. El ordenamiento territorial es básico, sino que la piedra angular de cualquier administración de un territorio. Sorprende su ausencia en las retóricas de los que abogan por la defensa del territorio, y convendría para sus comunidades por haber mucha tierra comunal que se beneficiaría de arreglar esos registros.

Hasta ahora las ciudades se han construido a espaldas de los ríos y ensañándose en los cuerpos acuáticos. La forma como se ha maltratado todos los ríos y lagos en Guatemala es inaceptable. Ej.: La cuenca alta del río Michatoya esta devastada y el manejo que se le está dando es pírrico, y por tanto, el lago de Amatitlán es hoy un desagüe masivo. Este lago como todos los del país, debería ser un orgullo nacional y reserva de agua dulce para la ciudad de Guatemala y municipios aledaños a esta cuenca hidrográfica.

El gobierno Municipal de la ciudad de Guatemala no habla nada del tema del agua mientras que la ciudad del futuro crece desmesuradamente. Al día de hoy después de largos años de continuidad en el gobierno Municipal, poco les he oído hablar en cuanto a la voluntad de modificar el estilo de crecimiento de la ciudad. Los temas de fondo siguen ausentes en ciudad de Guatemala.

Cuando uno se acerca a las Municipalidades en zonas rurales es aún más precaria la situación, algunas se rigen con actas de más de 20 -30 años de antigüedad y acuerdos municipales limitados o hechos a la ligera, no acordes a las demandas de la población que pide modernidad, dignidad para sus habitantes, prosperidad y probidad.

En si lo que se busca es que desde lo local se logre avanzar en múltiples agendas de interés nacional, no al revés, porque los cambios y beneficios se pueden ver en el corto plazo “think local act global”. Las ciudades deben liderar todo tipo de agendas que van desde el ordenamiento territorial, lo ambiental, la gestión sustentable del agua y el fortalecimiento fiscal, etc. Tal vez en la nueva oferta política de corte municipalita veamos una propuesta así de este tipo que conecte a los territorios y su población con el resto del país, y el mundo exterior.

Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo