Soy orgullosamente empresario y me corresponde el honor y la responsabilidad de ser hoy Presidente de CACIF. Pero antes de empresario soy un guatemalteco, preocupado de mi país y que sueña con un mejor futuro para mis hijos y todos los guatemaltecos. Por ello, por lo que creo debe ser mi responsabilidad ciudadana, es que no puedo dejar de manifestar mi preocupación por las reformas constitucionales que se conocen en el Congreso de la República. Todos, sin excepción, somos responsables de nuestro país, y todos tenemos la obligación de conocer estas reformas y de expresar con total libertad lo que opinamos de ellas. Este debe ser un debate, seguramente apasionado, pero sobre todo respetuoso y constructivo. Ni el apoyar la reforma, o el estar en contra de ella, debe ser motivo de etiquetar o descalificar a nadie. Este debiera ser un ejercicio de contrastar argumentos y escuchar razones, lo que no se vale es no participar en ese debate o dejar de dar nuestra opinión por el miedo al qué dirán o porque equivocadamente se pregone que el no estar de acuerdo con la reforma o parte de ella lo convierte a uno en corrupto, racista o aliado de la impunidad.
Muchos queremos sin duda una mejor justicia, pronta y cumplida, con una independencia real y un sistema fortalecido que permita la elección de magistrados y jueces probos y calificados, un país de Estado de derecho y certeza jurídica. Muchos queremos también que la lucha contra la corrupción se mantenga y tenga éxito, con todo lo que eso traiga consigo. Es esa, me parece, la batalla crucial que los guatemaltecos no podemos perder y en la que no nos podemos dar el lujo de no estar unidos. Estos fueron los objetivos que se plantearon inicialmente para proponer la iniciativa de Reformas Constitucionales y sin embargo son los temas que menos se han discutido en la opinión pública en los últimos días. El debate al reconocimiento al pluralismo jurídico y por ende a la jurisdicción indígena, sin rehuirlo ni temer enfrentarlo, no nos debe distraer de lograr las reformas necesarias y urgentes para fortalecer nuestro sistema de justicia.
La cultura indígena es sin duda un motivo de orgullo para Guatemala y que todos debiéramos conocer mejor, de hecho, nuestra Constitución ya tiene un reconocimiento a las normas, usos y costumbres indígenas. La justicia indígena efectivamente funciona, y funciona bien, en la resolución de conflictos. De hecho, hay mucho que a lo mejor debiéramos aprender de ella, las estadísticas son evidentes en mostrar que muchas de esas comunidades son las que presentan un menor índice de actividad criminal en el país y se cuenta ya con acuerdos de coordinación con el sistema de justicia ordinario. Como toda actividad humana también hay ciertos aspectos de esas costumbres que deben moderarse y ajustarse a las protecciones constitucionales y al respeto a los derechos humanos; ¿pero si el sistema funciona, realmente necesita de un reconocimiento constitucional para que lo haga de una mejor forma?
La iniciativa de Reformas Constitucionales plantea en términos prácticos un sistema paralelo de justicia al eliminar la exclusividad de la Corte Suprema de Justicia en la función jurisdiccional. ¿Ante este cambio no es razonable preguntarse cuáles deben ser los alcances, materias y sujetos que tendría este sistema paralelo? ¿Un sistema que hoy funciona en base a autoridades ancestrales reconocidos por su comunidad por ser los mejores miembros de las mismas, no podría ponerse en riesgo cuando, sin tener claramente definidas las materias que conocerán, se les obligue, por ejemplo, a conocer temas tan complejos y de alto riesgo como el narcotráfico o la corrupción? ¿No se podría entonces estar motivando un incentivo perverso en la escogencia de tales autoridades para que se haga en base a intereses y no a su legitimidad frente a la comunidad? ¿No es esta finalmente la preocupación principal de la reforma constitucional que nos ocupa en la jurisdicción ordinaria?
¿Cuáles son las materias que la jurisdicción indígena deberá conocer? ¿Serán los ámbitos penal, civil, mercantil, laboral, familiar o tributaria competencia de esta jurisdicción? ¿Será esta una jurisdicción únicamente para los miembros de la comunidad o se tiene claro a quién y en dónde se aplicará? ¿El sometimiento a la misma será voluntario? ¿No son estas dudas razonables que debiéramos resolver antes de proceder a una reforma que no define estos temas y se convierte en ambigua y poco clara? ¿Es esta la certeza jurídica que nos va a permitir convivir a todos como guatemaltecos y lograr el esfuerzo y la inversión necesaria para superar el reto de combatir la pobreza y reducir las brechas sociales? ¿No se convirtió ya este tema en el “tema” de la reforma distrayendo nuestra atención de la reforma a la justicia ordinaria, la que en teoría no funciona y donde se han permitido y generado los más altos niveles de corrupción e impunidad?
El debatir estos temas es y debe ser responsabilidad de todos sin excepción. Desde nuestro papel como un actor más de la sociedad el sector privado seguirá asumiendo su papel como lo hemos tratado de hacer hasta ahora en este proceso. De participar con propuestas y con actitud de escuchar con respeto visiones diferentes, sin por esto dejar de dar su opinión y defender sus ideas. De tratar de expresar públicamente sus posturas con claridad y transparencia, manteniendo sus principios y los valores por los que cree. De pedir los espacios de participar y opinar para todos los sectores y de exigir responsabilidad a nuestras autoridades y al Congreso de la República para que tomen una decisión informada, dando la oportunidad de formarse criterio escuchando puntos de vista diferentes, con total libertad, sin presiones indebidas y finalmente votando de acuerdo a lo que, en su mejor entender, crean que es lo mejor para el país.
Somos los guatemaltecos quienes tenemos la obligación de informarnos, de participar en este proceso y asumir la responsabilidad de construir un país más justo y tolerante. Tenemos aún mucho por conocer y el reto impostergable de entendernos mejor y aprender a discutir nuestras diferencias. Pero hoy apoyemos una reforma responsable, no perdamos la oportunidad de construir un mejor sistema justicia para todos y poder así vencer a la corrupción; enfoquémonos en lo que nos une y no en lo que nos divide.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo