He objetado claramente mi conciencia antes de escribir estas líneas. Creo que llego el momento de revisar contractualmente la legitimidad que en contra de personas libres, bajo amenaza de ser ciudadanos de un país, intervenido social, política y jurídicamente, en los cuales se violan arbitrariamente por la fuerza pública del Estado las garantías individuales fundamentándose esto en una razón de Estado.

No son derechos civiles los que se encuentran bajo amenaza en Guatemala, tampoco derechos humanos cuya radicalidad a partir de los tribunales de Núremberg se manifiesta fallidamente a través de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  el Parlamento Centroamericano, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Corte de Constitucionalidad, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y gobierno del Estado de Guatemala.

No comparto los valores de personas a quien aprecio y que son miembros de respetados Club privados, sociedades o iglesias confortables, bien vestidos que como he dicho anteriormente son incapaces de ver más allá de su egoísmo profano transformándolo en la famosa virtud del egoísmo.

Hay muchos de ellos que clandestinamente son parte de problema de que las garantías individuales estén bajo amenaza por cualquiera que por la fuerza ejerza coacción arbitraria sobre vidas libres. Las palabras rebelión y resistencia que tuvieron lugar en las grandes transformaciones de sociedades humanas o simplemente la tolerancia fundamento del orden social se han visto satanizados por la instrumentalización de Estado contra la libertad propia como ser humano.

La segregación y racismo de las decisiones jurídico-políticas son manifiestas en el ordenamiento jurídico guatemalteco cuya ponzoña se hinca tanto del exacerbado criollismo, mestizaje e indigenismo sin volcar la balanza hacia uno o hacia otro.

Esto ha producido la crisis actual. Como columnista siempre, en cualquier medio he defendido la libertad de expresión para que los seres humanos que viven en Guatemala despierten de su modorra  y comprendan que antes de ser ciudadanos son personas libres que son cruelmente expoliadas por el Estado instrumentalizado cuyo funcionamiento llego a su final.

No reconocer la sistemática domesticación del Código único de Identidad y anular todas las garantías fundantes de Derecho como la propiedad, la movilidad y la presunción de inocencia.

Es necesario abandonar esa podredumbre democrática enterrada en escoria bajo los pretextos  de toda índole pretenden anular en la mal llamada iniciativa privada,  la libre competencia, desde actos intimidatorios, colorear sus huevos e invertir masivas cantidades de dinero a favorecer el mercantilismo y no el libre mercado.

Considero que las próximas lluvias, para las cuales el Estado y el orden civil no están preparados causaran estragos cuya impronta quedará en nuestras familias.

 

República es ajena a la opinión expresada en este artículo