Diez años, tres comisionados y decenas de casos polémicos han pasado para que nuevamente se ponga en duda la permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esta excepcionalidad de las Naciones Unidas nos ha puesto como país, como el conejillo de indias ante el mundo entero, al ser el único de los 193 estados miembros de esta organización que posee una comisión de esta naturaleza. La necesidad de la misma nunca se ha puesto en duda por la visible y latente corrupción que aqueja muchos niveles estructurales del Estado incluidos los más altos funcionarios de los tres organismos estatales, sin embargo, poco se ha analizado sobre las motivaciones que puede tener esta comisión y sobre los recursos que tiene a su alcance a la hora de ejecutar su mandato. Superando el paupérrimo debate que se puede observar en redes sociales con respecto a su permanencia o no, muchas veces en base a argumentos emocionales, pretendo que esta columna sea una base objetiva de la esencia de la verdadera cara de la CICIG. Una organización que como cualquier otra tiene constantes temores sobre su existencia y permanencia, incentivos que la llevan a actuar de determinada manera u otra y estrategias para alcanzar aquellos fines plasmados en su mandato y otros que han surgido a lo largo de su travesía.

La clave para entender a la CICIG se encuentra en la esencia de su mandato así como también en aquellos incentivos que tiene esta organización a la hora de sobrevivir a lo largo del tiempo. Es un buen inicio, por lo tanto, el documento legal que le da vida a esta institución, que desde 2007, ha ido ganando cada vez más protagonismo siendo el mandato del comisionado Iván Velásquez el apogeo de la misma. El acuerdo, firmado entre el gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas a finales del 2006 y ratificado por el Congreso de la República a mediados del 2007, consiste en tres puntos principales. Primero, investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad que afectan a los derechos de los ciudadanos así como también las estructuras de estos grupos y su vínculo con el Estado. En segundo lugar debe, por lo tanto, colaborar con el Estado para la desarticulación de los mismos. Por último, recomendar las políticas públicas necesarias para erradicar estas estructuras.1 Es aquí en donde la CICIG entra en su primer dilema. Su mandato es bastante amplio y estos cuerpos ilegales de seguridad abundan en el Estado guatemalteco. Siendo estos desde pequeñas estructuras de unos pocos funcionarios que saquean fondos del Estado, pasando por estructuras mucho más complejas como las que financiaban partidos políticos hasta incluso grandes carteles de drogas incrustados en municipalidades, juzgados y en el Congreso de la República. Los recursos de la CICIG son limitados, por lo cual tienen que valorar las investigaciones que más responden a sus incentivos y así ordenar sus preferencias, poniendo algunos casos por encima de otros e incluso dejando en aparente olvido uno que otro. ¿Cuáles son estos incentivos entonces?

Un primer aspecto que considero posiblemente el más importante, es que la CICIG al necesitar una prórroga de su mandato por el Presidente de la República necesita una constante re validación y re legitimación ante la población guatemalteca. El mandato mismo de la CICIG y las investigaciones que ha realizado, han probado que estas muchas veces van a entrar en conflicto con los intereses del Presidente o con el círculo cercano de funcionarios o miembros partidarios. La investigación al hermano e hijo del Presidente Jimmy Morales, los antejuicios a sus líderes partidarios más cercanos e incluso las indagaciones con respecto al financiamiento de su campaña política ponen en un constante dilema de si debe renovar el mandar de la CICIG hasta 2019. Por eso mismo la CICIG tiene que respaldar la necesidad de esta organización en Guatemala a través de dos ejes: el apoyo por parte de la sociedad civil organizada y la amenaza de coacción al presidente a través de una posible manifestación en la plaza si no se renovase su mandato. Es por eso que hemos visto que la Comisión contra la Impunidad se ha vuelto tan mediática con respecto a los casos que decide investigar para responder ante aquellas organizaciones que han mostrado un enfático apoyo incondicional a la misma y es por eso también que el comisionado Iván Velásquez ha mostrado una actitud en redes sociales digna de un cacique. La máxima expresión de la necesidad de legitimación fue la apuesta que hizo esta comisión junto a sus aliados inmediatos institucionales, Ministerio Público y el Procurador de Derechos Humanos, de incluir en la propuesta de reformas constitucionales el tema de jurisdicción indígena. Por más que la reforma tenía un claro objetivo de fortalecer el sistema de justicia, esta reforma en específico y aquellos que la propusieron o defienden a capa y espada han sido incapaces de demostrar o argumentar cómo la inclusión de este sistema ya existente dentro del artículo 203 de la Constitución mejoraría la aplicación de esta jurisdicción o el sistema ordinario en general. Sin embargo el triunvirato (CICIG, MP, PDH) insistía, hasta el punto de ingresar constantemente al hemiciclo, en que esta reforma fuera aprobada para así ganar legitimidad ante las autoridades indígenas. En segundo lugar está la constante y preocupante (para Jimmy o para cualquier presidente) de una manifestación masiva en la Plaza de la Constitución. Esta amenaza claramente no la puede realizar la CICIG porque entraría en un conflicto con su mandato y sería depuesta inmediatamente. Es por eso que la simbiosis CICIG y organizaciones de sociedad civil es tan importante para la supervivencia de la Comisión. A lo largo de los últimos meses, determinadas organizaciones que se han adjudicado a mano propia la representación del sentir abstracto y diverso de la plaza del 2015 han convocado o amenazado con convocar manifestaciones para exigir la renuncia del presidente. Estas organizaciones son las mismas que apoyan incondicionalmente la labor de la CICIG, siendo incapaces de tener una visión objetiva de la misma y dejando en claro que forman parte de este sincretismo de legitimación mutua. Como mencioné anteriormente la CICIG entra en el dilema de cómo ordenar sus preferencias con respecto a los casos y la respuesta es simple, lo hace en la medida que mejor puede legitimarse con respecto a la población guatemalteca a través de estas organizaciones que cumplen la función de demandar las investigaciones y posteriormente de cajas de resonancia de las mismas. CONTINUARÁ…

 

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