El jueves 13 de julio asistí a la presentación oficial del Observatorio Económico Sostenible (OES). Un centro de investigación que se lanza como independiente pero que, desde ahí, plantea la primera duda razonable: ¿Acaso una entidad de investigación financiada por una agencia de desarrollo internacional—en este caso, del gobierno de los Estados Unidos, puede ser realmente independiente? ¿Es acaso la “investigación”, digo la investigación académica, la de rigor científico, una responsabilidad de los gobiernos? ¿Acaso no existe probabilidad de sesgo, sea cual sea, si es menester justificar una política pública, una doctrina o un salario?

Vayamos más allá: el OES se propone “fortalecer la participación y contribución de la sociedad civil, los sectores público y privado y otros sectores en el diálogo, análisis, diseño e implementación de políticas públicas efectivas”. La retórica de “participación”, “sociedad civil” y “políticas públicas efectivas” exacerba mis dudas. El cliché de la participación supone que todas las opiniones o ideas son respetables, lo cual constituye una falsa premisa: hay muchas ideas y opiniones dañinas, perversas y hasta criminales, si bien las personas que las sostienen son respetables, al menos hasta que las ponen en práctica. En otras palabras, hay personas y organizaciones a las cuales sencillamente no debe dárseles participación.

¿Sociedad civil? Otro artilugio que socava la importancia del individuo y atiborra de enfoque colectivista; pienso que una sociedad civil respetable–desde el término, es aquella en la que no solo se ejerce la Libertad de asociación, sino que los intereses de aquellas asociaciones no violan los derechos individuales a la vida, a la libertad y a la propiedad. En Guatemala, por el contrario, la mayoría de las organizaciones que dicen representar a la “sociedad civil” resultan exigiendo bienes o servicios, a título de “derechos”, que implican la violación de aquellos derechos individuales, incluyendo el robo mediante leyes e impuestos.

¿Políticas públicas efectivas? Este estribillo casi siempre significa más leyes. A juzgar por la presentación y los socios (UVG, FUNCAFE, ASIES, RTI International, SOTZIL, URL) dudo mucho que el OES se sume a Rana, en materia ambiental, por ejemplo, para proponer derogar varias leyes en esa materia y así propiciar no solo la conservación ambiental sino la mejora y multiplicación de los recursos naturales; o al CEES, en materia económico-social, para proponer, por ejemplo, eliminar las aduanas y así propiciar la genuina competitividad. ¡Guatemala urge mejores Instituciones y menos leyes!

Analizo ahora sus cuatro áreas temáticas: 1) Seguridad alimentaria y nutricional, 2) Desarrollo del sector agrícola, 3) Medio ambiente, cambio climático y conservación de la biodiversidad y, 4) Competitividad y clima de negocios. Sobre los primeros dos reitero mi posición: es el intervencionismo estatal en la esfera privada de los guatemaltecos lo que produce el rezago del sector agrícola, así como la intromisión del estado en temas como la restricción a los mercados libres (¿Ley del café?) y a la tecnología (resistencia y bloqueo a la introducción de organismos genéticamente modificados), ambas condiciones suficientes y necesarias para reducir al mínimo el flagelo de la desnutrición crónica. En mi artículo sobre el arroz dorado explico mejor este fenómeno.

Sobre Medio ambiente, cambio climático y conservación de la biodiversidad, pregunto: ¿realmente el OES “proveerá información objetiva”, apegada verdaderamente a la ciencia o se sumarán al alarmismo climático predominante hoy en día en el mundo? De intentar ser realmente honestos sugiero adherir al enfoque Realista sobre el clima que desde el Heartland Institute y Rana hemos estado defendiendo durante los últimos años. Al fin y al cabo, sería interesante saber qué piensa de esto el señor responsable de la misión, el Dr. Thomas Delaney. Y qué piensa el Departamento de Estado respecto del enfoque de esta área temática, pues supongo que esta “inversión” deberá estar alineada con la reciente decisión del presidente Donald Trump de retirarse del Acuerdo de París, dejando en claro que el tema no es una prioridad para los Estados Unidos, al menos no en los términos que los “socios implementadores” han solido defender: el alarmismo climático.

Realmente estas iniciativas dejan mucho que desear. Es perverso remover 8.9 millones de dólares del “pueblo de los Estados Unidos” para acentuar aún más el parasitismo burocrático, la dependencia y la usurpación de funciones, poderes y recursos de los guatemaltecos. Si realmente los Estados Unidos, o cualquier otro país, quiere ayudar a Guatemala, todo apoyo debiese estar dirigido, como bien lo propone mi amigo Giovanni Fratti, a “un programa de colaboración en materia de capacitación y entrenamiento a todo el aparato de seguridad pública: ejército, policía, MP, DIGICRI, presidios, INACIF, tribunales penales, investigación criminal, inteligencia civil y militar”; en calidad de relación bilateral, de Estado a Estado, sin la intromisión de la ONU ni la creación o ratificación de instancias supranacionales que solo debilitan aún más el ya obsoleto sistema de justicia y seguridad nacional.

Valgan estas observaciones para el OES, pero también para las tantas otras iniciativas que, al amparo de acuerdos, protocolos, convenios y pactos dañinos, socavan la soberanía nacional y la esfera privada de los guatemaltecos y sus familias.

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Jorge David Chapas es guatemalteco. Empresario forestal y académico. Fundador y director de Rana. Miembro del Foro Liberal de América Latina y emprendedor de FAMilia 5 Reformas Guatemala. Sus columnas se publican en varios medios digitales en América Latina.

 

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