…en contra de la colusión de los sindicatos unidos por ese terriblemente lesivo pacto colectivo y de proveedores y compradores que quieren seguir en la corrupción.

Cada una de las instituciones del Estado tiene una función que supuestamente está destinada a suplir, sea válida o no, inventada o por el interés individual del gobernante, una necesidad de la población. Así la creación de ministerios, secretarias, alcaldías, instituciones autónomas y semiautónomas, tribunales, etc. Hay unas pocas que se crean, como el Ministerio de Finanzas, para coadyuvar al funcionamiento del resto de las instituciones gubernamentales.

Todas estas instituciones tienen – o debieran tener – funciones específicas, definidas, para el cumplimiento de sus objetivos, en cumplimiento del “principio de legalidad” que autorice a los funcionarios a hacer únicamente aquello que la ley le permita. De esa manera, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) es creado y tiene como objetivos la salud pública, preventiva y reactiva en todo el territorio nacional. Esta función va orientada a las personas, al cuidado de su salud de los habitantes de nuestro país.

Ha habido una interpretación perversa por parte de los sindicatos del Estado y sus afiliados, empleados de los ministerios y otras instituciones, creyendo que son de su propiedad o fueron creados para ellos, y no para la población, los verdaderos beneficiarios de la existencia – y por supuesto los presupuestos – de cada una de las instituciones. Entonces los sindicalistas piden y piden, y es parte de las funciones del empleador, las autoridades gubernamentales, ir frenando las solicitudes… que son extorsiones, exigencias y demandas que son casi siempre en contra de la finalidad de las mismas.

En la legislación guatemalteca, además de las leyes laborales, el Código de Trabajo o Ley del Servicio Civil, para los empleados públicos del Organismo Ejecutivo, se permite negociar Pactos Colectivos que derivan en mayores beneficios para los empleados públicos, por encima de la ley general e incrementales año con año. El problema de ellos es que no se basan en la lógica de la capacidad del empleador, el gobierno, en su capacidad de pago, sino que en ellos se estipulan beneficios a futuro que comprometen el dinero no recibido. Los pactos colectivos no debieran poder realizar más cambios que los de la base del presupuesto anual y únicamente como respuesta a situaciones específicas de la labor realizada, i.e. que los médicos y cuerpos de enfermería tuvieran una situación a negociar por riesgo profesional, etc.

Si aunado a que podemos concluir que los sindicatos y la negociación de los pactos colectivos se contraponen a los intereses de la población, al interés general, le sumamos que haya intereses de parte de las autoridades que tienen el poder para autorizar estos pactos, es decir, esas autoridades quieren minimizar los problemas, aumentar la “gobernabilidad”, esconder contratos más importantes – como los de medicina o de los materiales médicos quirúrgicos, hacer colusión, y que los empleados públicos “comprados” con los pactos, no digan nada, no hagan olas, se queden callados.

El pacto colectivo de los empleados del Ministerio de Salud es un pacto oneroso para el Estado, fuera de toda realidad, con aspectos que son verdaderamente preocupantes, pero también con un fondo inmoral y delictivo. El pacto colectivo debe ser declarado lesivo para los intereses del Estado y debe anularse. Esta pacto colectivo incluye aumentos a los salarios que no tienen que ver con la realidad de nuestro Estado, pero incluye dos aspectos que son verdaderamente asquerosos y de una génesis corrupta: 1. El abogado de la parte laboral sindical le cobró al Estado, autorizado por el entonces ministro de salud, la bicoca de Q14 millones más Q6 millones que le descontaron a los empleados del ministerio (¡equivalente al 10% del incremento anual de TODOS los trabajadores del MSASP!) y 2. La creación de un fideicomiso de Q10 millones para pagar las deudas personales de tarjeta de crédito de todos los empleados del MSPAS. Es decir, si usted debe a la tarjeta de crédito, que usted irresponsablemente y de manera individual utilizó, el Estado le deberá pagar su deuda. Es por ello que le aconsejo, si usted debe tarjeta de crédito es un buen momento para hacerse, a como sea, de una placita, aunque sea de conserje, del Ministerio de Salud.

Si esto no fuera suficiente, existen al menos 24 sindicatos en el sector salud, de quienes, debido al pacto y a las leyes laborales, tienen personal asignado otorgado por los anteriores ministros, con permiso permanente para no laborar sino “dedicarse exclusivamente” a actividades del sindicato. La cantidad de personal con ”permiso” es de aproximadamente 2200, lo que a un salario aproximado de Q4000, 14 salarios (no cuento los demás bonos), llega a la nada despreciable cantidad de Q132 millones anuales en personal que NO labora. Sumado al famoso bono de ineficiencia: si el ministerio no gasta todo el dinero que le fue asignado en el presupuesto, el sobrante será repartido entre los empleados en los meses de octubre, noviembre y diciembre -¡feliz Navidad!-. No hay forma más perversa que pensar en la eficiencia del gasto que será no gastar cuando sea necesario.

Por ello hay que apoyar, con todas las reservas del caso, como siempre, vigilando la ejecución, basado en resultados, el proceso de ordenamiento del Ministerio de Salud, en contra de la colusión pasada de los sindicatos unidos por ese terriblemente lesivo pacto colectivo y de proveedores y compradores que quieren seguir haciendo su agosto, no solo en este próximo mes… pero en contra de este desgraciado flagelo de la corrupción que nos tiene de rodillas.

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