El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, presentó un recurso en la Cámara Penal para mediar por la pronta resolución del proceso contra el coronel Juan Chiroy y su tropa.
Además, el funcionario pide a las autoridades judiciales, “en estricto apego a la ley” se revise la medida de prisión preventiva contra el coronel y los ochos soldados.
Los militares están en cárcel provisional desde hace cinco años. Esto sin que hayan presentado un solo recurso para atrasar el proceso.
Sin embargo, todo el atraso es responsabilidad del sistema de justicia.
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El sistema les niega justicia
Los militares están implicados en el incidente en el que perdieron la vida seis personas, en la Cumbre de Alaska, Totonicapán. Esto ocurrió el 4 de octubre de 2012.
Los nueve militares fueron capturados el 11 de octubre de 2012. Fueron acusados de ejecución extrajudicial y ejecución ejecución extrajudicial en grado de tentativa.
Sin embargo, la jueza del caso no halló evidencias para estos delitos.
El coronel Chiroy es procesado por incumplimiento de deberes. Por el otro lado, los soldados tiene proceso por homicidio en estado de emoción violenta.
Soldados en prisión preventiva
- Dimas García Pérez,
- Marcos Chun Sacul,
- Ábner Enrique Cruz Pérez,
- Abraham Gua Cojoc,
- Felipe Chub Coc,
- Ana Rosa Cervantes Aguilar,
- Edín Adolfo Agustín Vásquez y
- Manuel Lima Vásquez.
No los escuchan
Durante estos cinco años estas personas solo han planteado dos solicitudes a las autoridades: que les otorguen medidas sustitutivas y que se realice el juicio en su contra.
Pero ninguna de las peticiones ha sido escuchada por las instituciones de justicia. Por esa razón, acudieron a la Procuraduría de Derechos Humanos que con el nuevo Procurador sí atendió el llamado.
Por las violaciones a sus derechos, también presentaron una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero el expediente no ha sido conocido.
El coronel Juan Chiroy, por el delito que se le procesa, si fuera condenado con la pena máxima, habría cumplido su condena en 2015.
Han insistido que ninguno no ha interpuesto un recurso para retrasar su juicio, pero siguen esperando justicia.
Contrario a su proceder, el Ministerio Público sí ha planteado un exceso de recursos al extremo que se han suspendido 25 audiencias relacionadas con el caso.
Informe de PDH y OACNUDH confirma violaciones
En 2016, la PDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), confirmaron los abusos de la prisión preventiva.
“La aplicación de la prisión preventiva en Guatemala” se llamó el estudio que revela datos del deplorable sistema de justicia del país.
“Es de preocupación la inobservancia de los plazos máximos establecidos legalmente para la permanencia de personas en detención preventiva. Lo que refleja que la prisión preventiva continúa teniendo el impacto de una “pena anticipada” y una violación del derecho al debido proceso”.
“La detención preventiva y en particular cuando ésta es prolongada, ha generado múltiples efectos negativos sobre los derechos humanos de personas privadas de libertad en cuanto a los derechos a la salud, la integridad física y a la vida”.
“Asimismo ha resultado en efectos negativos colaterales en sus familias y comunidades”.
Acá puedes consultar el estudio completo:
El 46% en prisión preventiva
Al 25 de octubre de 2016 había 20,939 personas privadas de libertad en Guatemala. De las cuales 9,637 están en prisión preventiva. Es decir, el 46% de la población penitenciaria.
Además, de 2,044 mujeres privadas de libertad, 1,061 o el 52%, están en prisión preventiva.
Entre enero y agosto de 2016 se aplicó la prisión preventiva en el 26.4% de los casos a nivel nacional. Las cifras de 2015 y 2014 fueron de 30.5% y 40.8%, respectivamente, lo que indica una práctica no excepcional.
Presión pública y mediática influye
“Varios funcionarios del sistema de justicia señalaron que existe una fuerte presión mediática y de la opinión pública dirigida a aplicar la prisión preventiva. Lo que un juez de primera instancia llamó una ´cultura represiva´”.
“En este sentido, algunos jueces y fiscales expresaron la preocupación de que si aplican o solicitan medidas sustitutivas serían acusados de ser corruptos o comprados”, dice el documento.
Mientras algunos jueces “dicen sentirse poco respaldados por las instituciones de justicia al otorgar medidas sustitutivas. Pues dichas decisiones tienen más probabilidades de ser revocadas que si hubiesen otorgado la prisión preventiva”.
“Cabe notar que la exposición de las personas en los medios de comunicación al momento de su detención,
y sin haber sido escuchadas por un juez competente, puede impactar de manera negativa en su derecho a la presunción de inocencia”.
Además la práctica del Ministerio Público de pedir prisión provisional “podría ser influenciada por una falta de objetividad. O por prácticas que incitarían a lograr un determinado número de autos de prisión como medida de desempeño de su función de persecución”.
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Los militares están en cárcel provisional desde hace cinco años. Esto sin que hayan presentado un solo recurso para atrasar el proceso.
Sin embargo, todo el atraso es responsabilidad del sistema de justicia.
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Los militares están implicados en el incidente en el que perdieron la vida seis personas, en la Cumbre de Alaska, Totonicapán. Esto ocurrió el 4 de octubre de 2012.
Los nueve militares fueron capturados el 11 de octubre de 2012. Fueron acusados de ejecución extrajudicial y ejecución ejecución extrajudicial en grado de tentativa.
Sin embargo, la jueza del caso no halló evidencias para estos delitos.
El coronel Chiroy es procesado por incumplimiento de deberes. Por el otro lado, los soldados tiene proceso por homicidio en estado de emoción violenta.
Soldados en prisión preventiva
- Dimas García Pérez,
- Marcos Chun Sacul,
- Ábner Enrique Cruz Pérez,
- Abraham Gua Cojoc,
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No los escuchan
Durante estos cinco años estas personas solo han planteado dos solicitudes a las autoridades: que les otorguen medidas sustitutivas y que se realice el juicio en su contra.
Pero ninguna de las peticiones ha sido escuchada por las instituciones de justicia. Por esa razón, acudieron a la Procuraduría de Derechos Humanos que con el nuevo Procurador sí atendió el llamado.
Por las violaciones a sus derechos, también presentaron una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero el expediente no ha sido conocido.
El coronel Juan Chiroy, por el delito que se le procesa, si fuera condenado con la pena máxima, habría cumplido su condena en 2015.
Han insistido que ninguno no ha interpuesto un recurso para retrasar su juicio, pero siguen esperando justicia.
Contrario a su proceder, el Ministerio Público sí ha planteado un exceso de recursos al extremo que se han suspendido 25 audiencias relacionadas con el caso.
Informe de PDH y OACNUDH confirma violaciones
En 2016, la PDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), confirmaron los abusos de la prisión preventiva.
“La aplicación de la prisión preventiva en Guatemala” se llamó el estudio que revela datos del deplorable sistema de justicia del país.
“Es de preocupación la inobservancia de los plazos máximos establecidos legalmente para la permanencia de personas en detención preventiva. Lo que refleja que la prisión preventiva continúa teniendo el impacto de una “pena anticipada” y una violación del derecho al debido proceso”.
“La detención preventiva y en particular cuando ésta es prolongada, ha generado múltiples efectos negativos sobre los derechos humanos de personas privadas de libertad en cuanto a los derechos a la salud, la integridad física y a la vida”.
“Asimismo ha resultado en efectos negativos colaterales en sus familias y comunidades”.
Acá puedes consultar el estudio completo:
El 46% en prisión preventiva
Al 25 de octubre de 2016 había 20,939 personas privadas de libertad en Guatemala. De las cuales 9,637 están en prisión preventiva. Es decir, el 46% de la población penitenciaria.
Además, de 2,044 mujeres privadas de libertad, 1,061 o el 52%, están en prisión preventiva.
Entre enero y agosto de 2016 se aplicó la prisión preventiva en el 26.4% de los casos a nivel nacional. Las cifras de 2015 y 2014 fueron de 30.5% y 40.8%, respectivamente, lo que indica una práctica no excepcional.
Presión pública y mediática influye
“Varios funcionarios del sistema de justicia señalaron que existe una fuerte presión mediática y de la opinión pública dirigida a aplicar la prisión preventiva. Lo que un juez de primera instancia llamó una ´cultura represiva´”.
“En este sentido, algunos jueces y fiscales expresaron la preocupación de que si aplican o solicitan medidas sustitutivas serían acusados de ser corruptos o comprados”, dice el documento.
Mientras algunos jueces “dicen sentirse poco respaldados por las instituciones de justicia al otorgar medidas sustitutivas. Pues dichas decisiones tienen más probabilidades de ser revocadas que si hubiesen otorgado la prisión preventiva”.
“Cabe notar que la exposición de las personas en los medios de comunicación al momento de su detención,
y sin haber sido escuchadas por un juez competente, puede impactar de manera negativa en su derecho a la presunción de inocencia”.
Además la práctica del Ministerio Público de pedir prisión provisional “podría ser influenciada por una falta de objetividad. O por prácticas que incitarían a lograr un determinado número de autos de prisión como medida de desempeño de su función de persecución”.
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