La Corte de Constitucionalidad (CC) ya recibió los informes y estudios solicitados a diversas entidades para resolver el amparo relacionado con la Minera San Rafael.
El 7 de marzo los magistrados de la Corte dieron a conocer que para fallar era necesario contar con el apoyo técnico del Ministerio de Cultura y Deportes, la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad del Valle de Guatemala.
A las instituciones se les pidió opiniones y análisis acerca del estudio de impacto ambiental presentado por la Minera San Rafael, previo al inicio de los trabajos en la mina ubicada en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
También solicitaron apoyo para conocer pormenores relacionados con la presencia del pueblo Xinca en el área. Esta información será analizada por los magistrados para resolver el amparo que impide que la Minera San Rafael opere a a partir de julio del año pasado.
Los plazos de la Corte
En julio de 2017 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió suspender las operaciones de la Minera San Rafael, tras conceder un amparo provisional contra la empresa. Dos meses más tarde esa Corte falló en definitiva y ordenó realizar la Consulta Indígena en el municipio de San Rafael Las Flores. Esta resolución se apegó a la emitida por la Corte de Constitucionalidad en el caso de la Hidroeléctrica Oxec.
Pero el fallo no fue bien recibido por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas), que acudió a la Corte de Constitucionalidad para buscar el cierre definitivo de la minera San Rafael. Esa Corte amparó de manera provisional a Calas, pero todavía está pendiente la resolución final.
A finales de octubre la CC realizó la audiencia pública para contar con mayores elementos del proceso, pero van más de cinco meses sin que resuelva el amparo. A inicios de marzo la CC solicitó los estudios adicionales y se espera que con este apoyo, los magistrados tengan un mejor criterio para resolver.
Solo falta un estudio
El ministerio de Cultura confirmó que el 3 de abril entregó lo requerido por la Corte de Constitucionalidad. Mientras que el Centro de Investigaciones Arqueológicas y antropológicas (CIAA) y el Centro de Estudios Ambientales Bioversidad (CEAB), ambos de la Universidad del Valle de Guatemala, remitieron su estudio el 4 de abril.
Asimismo, el Instituto de Estudios Interetnicos (Idei) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), remitió lo solicitado por la Corte el miércoles 4 de abril. Sólo queda pendiente de entregar el Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas, de la Usac, que lo hará a más tardar este martes, según Julio Luna, director de esa dependencia.
Miles de afectados
Y mientras pasan los días sin que la Corte de Constitucionalidad resuelva, la Minera San Rafael ya despidió a 500 empleados porque no pudo seguir soportando la carga salarial sin que la empresa funcione.
Adicional a esta compañía, unos 600 proveedores también resultados afectados y debieron recortar unos 3 mil 500 pouestos de trabajo por la falta de operaciones de la mina.
También la municipalidad de San Rafael Las Flores y el Estado dejaron de recibir beneficios como impuestos y regalías, pese a ello, la empresa entregó algunos recursos a ese municipio para apoyar sus finanzas.
La Corte de Constitucionalidad (CC) ya recibió los informes y estudios solicitados a diversas entidades para resolver el amparo relacionado con la Minera San Rafael.
El 7 de marzo los magistrados de la Corte dieron a conocer que para fallar era necesario contar con el apoyo técnico del Ministerio de Cultura y Deportes, la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad del Valle de Guatemala.
A las instituciones se les pidió opiniones y análisis acerca del estudio de impacto ambiental presentado por la Minera San Rafael, previo al inicio de los trabajos en la mina ubicada en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
También solicitaron apoyo para conocer pormenores relacionados con la presencia del pueblo Xinca en el área. Esta información será analizada por los magistrados para resolver el amparo que impide que la Minera San Rafael opere a a partir de julio del año pasado.
Los plazos de la Corte
En julio de 2017 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió suspender las operaciones de la Minera San Rafael, tras conceder un amparo provisional contra la empresa. Dos meses más tarde esa Corte falló en definitiva y ordenó realizar la Consulta Indígena en el municipio de San Rafael Las Flores. Esta resolución se apegó a la emitida por la Corte de Constitucionalidad en el caso de la Hidroeléctrica Oxec.
Pero el fallo no fue bien recibido por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas), que acudió a la Corte de Constitucionalidad para buscar el cierre definitivo de la minera San Rafael. Esa Corte amparó de manera provisional a Calas, pero todavía está pendiente la resolución final.
A finales de octubre la CC realizó la audiencia pública para contar con mayores elementos del proceso, pero van más de cinco meses sin que resuelva el amparo. A inicios de marzo la CC solicitó los estudios adicionales y se espera que con este apoyo, los magistrados tengan un mejor criterio para resolver.
Solo falta un estudio
El ministerio de Cultura confirmó que el 3 de abril entregó lo requerido por la Corte de Constitucionalidad. Mientras que el Centro de Investigaciones Arqueológicas y antropológicas (CIAA) y el Centro de Estudios Ambientales Bioversidad (CEAB), ambos de la Universidad del Valle de Guatemala, remitieron su estudio el 4 de abril.
Asimismo, el Instituto de Estudios Interetnicos (Idei) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), remitió lo solicitado por la Corte el miércoles 4 de abril. Sólo queda pendiente de entregar el Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas, de la Usac, que lo hará a más tardar este martes, según Julio Luna, director de esa dependencia.
Miles de afectados
Y mientras pasan los días sin que la Corte de Constitucionalidad resuelva, la Minera San Rafael ya despidió a 500 empleados porque no pudo seguir soportando la carga salarial sin que la empresa funcione.
Adicional a esta compañía, unos 600 proveedores también resultados afectados y debieron recortar unos 3 mil 500 pouestos de trabajo por la falta de operaciones de la mina.
También la municipalidad de San Rafael Las Flores y el Estado dejaron de recibir beneficios como impuestos y regalías, pese a ello, la empresa entregó algunos recursos a ese municipio para apoyar sus finanzas.